Los miembros de Vox se jugarán una carta para dejar en evidencia la posible imparcialidad del Tribunal Constitucional. La formación dirigida por Santiago Abascal ha decidido llevar un amparo para que sea revisada la reforma del delito de malversación y la eliminación del delito de sedición del Código Penal.
La información la dio a conocer Ignacio Garriga, secretario general del partido verde, quien ofreció detalles sobre los motivos que tienen dentro de la formación política para introducir el recurso de inconstitucionalidad, justo un par de semanas después que el órgano colegiado puso al frente a Cándido Conde-Pumpido, como presidente, a sabiendas de que es de la corriente progresista y que difícilmente vaya a darle curso a una solicitud de Vox.
“Gracias a Sánchez los delincuentes, tras todo lo que luchó VOX para sentarlos en el banquillo, ahora se van de rositas», ha dicho Garriga, mientras que aprovechó la oportunidad para lamentar todo lo que ha pasado con las reformas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para mantener a sus socios contentos. «No vamos a parar hasta que se haga justicia”, dijo el portavoz de Vox a través de un comunicado que fue enviado a los medios de comunicación.
De acuerdo con el partido de Santiago Abascal, España necesita una alternativa real y fundamentada en unos principios sólidos, por lo que saben que supondrá un reto llevar la petición ante el Tribunal Constitucional, justo en este momento que está compuesto por una mayoría progresista que podría dejar en evidencia la parcialidad que ha buscado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que poco a poco busca tomar el control de todas las instituciones del país, para garantizarse la permanencia en el poder.
Sin embargo, dentro de Vox tienen claro que no cuentan con el arrastre suficiente para sacar adelante todas las iniciativas que tienen en mente y que para ello necesitan del Partido Popular, justo en este momento en el que la situación se ha tensado debido a la confrontación que ambas organizaciones políticas tienen en Castilla y León. «Entendemos que deben pasar -las alternativas- por contar con el apoyo del Partido Popular. VOX está abierto a utilizar todos aquellos caminos que nos lleven a desalojar a Sánchez y a todos los lideres socialistas; desde la Moncloa hasta el último ayuntamiento (…) no entendemos algunas declaraciones y decisiones que ha tomado el PP ya que seguramente no gustan ni a sus propios votantes”, dijo Garriga.
El anuncio de Vox sale a la luz justo unos días después que el propio presidente del Tribunal Constitucional anunció que harían un plan de choque para darle respuesta a todos los amparos que están por resolver en el organismo, tras reconocer que había retraso en estas gestiones, por lo que se establecería un lapso de seis meses para tratar de poner al día todas las respuestas a estos recursos que reposan en las diferentes especialidades jurídicas que existen dentro del órgano judicial.
Sin embargo, la línea de Vox no estaba enfilada contra el Tribunal Constitucional, como tal, sino contra el Partido Popular, a quienes llevan ya mucho rato presionando para buscar apoyo en la moción de censura contra Pedro Sánchez, que pretenden sacar adelante. Así, Garriga le ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se supuestamente se haya repartido el Tribunal Constitucional con el Partido Socialista y que, según ellos, haya entregado la justicia a Pedro Sánchez y hasta que incluso esté “dispuesto a rechazar que Griñán entre en prisión”.
«¿De qué lado están el resto de las formaciones políticas, del lado de conformar esa alternativa real y necesaria que exigen los españoles y que merece nuestra nación y por el contrario del lado de los que parecen beneficiar a sediciosos, malversadores o delincuentes sexuales?», dijo el portavoz de Vox en sus declaraciones a la prensa.
De momento, la formación de Santiago Abascal no ha querido ahondar en los detalles sobre el recurso que llevarán ante el tribunal Constitucional, pero es cierto que ya diversos juristas han salido a criticar las consecuencias que tendrán las reformas del Código Penal que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ha gestionado y pactado con sus socios de gobierno, y que se hicieron para que salieran adelante los Presupuestos Generales del Estado y que acabarán beneficiando a los independentistas catalanes y a todos aquellos políticos que comentan hechos de corrupción, independientemente de la tendencia política que tengan.
