Las autoridades españolas han ejecutado un total de 101 expulsiones de extranjeros en la última década por motivos de seguridad nacional, de acuerdo a la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El dato consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno, en la que EH Bildu quería saber el número de ciudadanos extranjeros expulsados en virtud al artículo 54.1 de la citada ley.
Este artículo contempla como infracciones muy graves participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, así como estar implicados en actividades contrarias al orden público.
«En relación con la pregunta formulada, se informa que se han ejecutado 101 expulsiones de ciudadanos en virtud del artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, durante el periodo 2012 a 2022», contesta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que incluye datos hasta el 30 de noviembre del año pasado.
La legislación contempla la posibilidad de abrir expedientes de expulsión para ciudadanos en situación irregular en España y también alegando motivos de seguridad nacional.
Esto último ha ocurrido recientemente en casos de radicalización como el de Mohamed Said Badaoui, el residente en Reus (Tarragona) a quien la Policía Nacional acusó de participar en actividades «proyihadistas» al pretender captar a menores vulnerables de origen marroquí.
La Audiencia Nacional también desestimó en noviembre de 2022 el recurso del líder de la comunidad musulmana de Talayuela (Cáceres) contra su expulsión del país, avalando la resolución del Ministerio de Interior, de junio de 2020, que se apoyaba en la comisión de una infracción muy grave por realizar actividades contrarias a la seguridad nacional.
