El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este jueves un Pleno extraordinario de carácter monográfico para abordar las «disfunciones» que está provocando su interinidad, en base a un borrador donde se insta al Congreso de los Diputados y al Senado a hacer «lo necesario» para su renovación «inmediata», así como a devolverle del todo su capacidad para realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, subrayando la «grave» situación del Tribunal Supremo (TS).
Estaba previsto que el CGPJ abordara este asunto en su Pleno ordinario del 26 de enero, pero por falta de tiempo en esa sesión decidió convocar uno extraordinario para el 9 de febrero a fin de abordar de forma monográfica las «disfunciones» que está provocando su interinidad, después de que el Supremo le pidiera urgir a las Cortes Generales a dar una solución «inmediata» a la «situación insostenible» que atraviesa el alto tribunal por sus 19 vacantes sin cubrir.
En el borrador que estudiarán mañana, al que ha tenido acceso Europa Press, se propone «instar al Congreso y al Senado a que provean lo necesario, en el ámbito de sus funciones y obligaciones, para la inmediata renovación de este CGPJ, en los términos establecidos por nuestra Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)».
En este punto, el texto recuerda que «ningún Poder del Estado puede ignorar dichas disposiciones, ni seguir permitiendo la suspensión temporal de nuestra Constitución en relación a la obligada renovación de los órganos constitucionales».
Además, toma conocimiento del informe aprobado el 16 de enero por la Sala de Gobierno del Supremo –con el que hizo suyo el informe elaborado por el director del Gabinete Técnico del TS, que a su vez encargó el propio CGPJ–, donde alertó de que a lo largo de este año las vacantes en el alto tribunal podrían llegar a suponer el 30% de sus efectivos.
En dicho informe, la Sala de Gobierno detalló el impacto que ha tenido en sus cinco salas la reforma realizada en 2021 a la LOPJ para impedir que un CGPJ caducado, como el actual –que lleva más de cuatro años en funciones–, haga nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, en cuya cúspide se sitúa el Supremo.
El borrador también toma nota del informe de sus propios servicios técnicos concerniente a las plazas vacantes que se hallan pendientes de provisión en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional (AN). Los puestos por cubrir en la cúpula judicial ascienden ya a 72, según fuentes jurídicas.
El documento plantea «remitir ambos informes al Congreso y al Senado, para su conocimiento, por ser imprescindible que conozcan la situación creada de grave impacto en el funcionamiento de la Justicia, en aras a que promuevan lo necesario para remover los obstáculos creados, en el ejercicio de sus competencias».
Así, aboga por dirigirse también a los presidentes de ambas cámaras para que trasladen a los grupos parlamentarios «la urgente necesidad» de acometer otra reforma para devolver al CGPJ su capacidad para nombrar presidentes de audiencias provinciales, TSJ y AN y presidentes de sala y magistrados del Supremo.
El borrador recuerda que la LOPJ ya se reformó el pasado mes de julio para que el CGPJ pudiera nombrar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC), algo que hizo el 27 de diciembre, permitiendo con ello que la corte de garantías completara su renovación parcial, pendiente desde el 12 de junio, a principio de año: el 9 de enero.
«Devuelta la atribución para efectuar nombramientos, siquiera reducida a los magistrados del Tribunal Constitucional, no resulta coherente negar la legitimidad para hacer lo propio con los restantes nombramientos», expone.
El texto recalca que «la situación es particularmente grave en el Tribunal Supremo», reivindicando que su «carácter de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, le hace acreedor de recibir el mismo trato susceptible de remover los obstáculos que impiden su normal funcionamiento, desbloqueando la imposibilidad de cubrir las vacantes que en el mismo se vienen produciendo».
«Dicha situación queda evidenciada en el informe remitido por la Sala de Gobierno del alto tribunal, constatándose los gravísimos perjuicios que está originando a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos», resalta.
El informe de la Sala de Gobierno recordó que el Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, alertando de que, sin embargo, las cifras actuales distan de ser ideales: se encuentra sin presidente titular y con un total de 19 vacantes.
La sede judicial estimó que en 2023 en sus salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo –que son las dos más afectadas– se dictarán unas 1.230 sentencias menos –570 menos en Contencioso y 660 en Social–, «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas.
El Supremo avisó de la «situación crítica» en la que se encuentran actualmente la Sala de lo Social –con 5 vacantes en una plantilla de 13– y la Sala de lo Contencioso-Administrativo –con 10 vacantes en una plantilla de 33–. Por ello, reclamó una dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados.
En este contexto, los magistrados del TS consideraron necesario que el Parlamento establezca un «remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore».
