El Gobierno ha dado un «empujón» en las últimas horas a la segunda pata de la reforma de las pensiones tras cerrar con Bruselas y Unidas Podemos un acuerdo sobre su contenido que este mismo viernes presentará a los agentes sociales en una reunión convocada a partir de las 12.30 horas en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según han confirmado en fuentes de la negociación, PSOE y Podemos consiguieron cerrar a última hora de ayer un acuerdo para esta segunda fase de la reforma, que seguirá a las tres anteriores ya materializadas y comprometidas en el Plan de Recuperación: la reforma que revaloriza las pensiones con el IPC, la que modifica el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen por sus ingresos reales y la que impulsa los planes de pensiones de empleo.
«La propuesta sobre pensiones que hoy hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada y demuestra que lo que siempre ha dicho Podemos es posible. Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos», ha señalado a primera hora de esta mañana la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su cuenta de Twitter.
Esta segunda pata, centrada en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y en la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos.
El Ministerio de Inclusión ha estado negociando a tres bandas (con Bruselas, con las fuerzas políticas y con los agentes sociales) para ultimar una reforma que el propio ministro José Luis Escrivá calificó hace unos días de «inminente».
Ayer Escrivá desvelaba que el acuerdo con Bruselas estaba prácticamente hecho. Fuentes comunitarias confirmaron que la Comisión Europea ha mantenido contactos «intensos» en las últimas semanas con el Gobierno español sobre la reforma del sistema de pensiones, una de las condiciones a las que está sujeto el desembolso de los 10.000 millones del cuarto pago del fondo anticrisis que España aún no ha solicitado.
Tras el sí de Bruselas y Podemos, ahora sólo falta que la reforma de pensiones reciba el visto bueno de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Los agentes sociales habían pedido a Escrivá que antes de presentarles su propuesta de reforma se asegurara de que ésta iba a tener suficiente apoyo parlamentario para su aprobación.
«No puedo anticipar los elementos (de la reforma) porque tienen que conocerlo primero los agentes sociales, pero básicamente es el cierre del sistema, de la sostenibilidad completa del sistema», aseguró ayer el ministro.
Escrivá apuntó además que lo que se propondrá a los agentes sociales «es un esquema alternativo, sostenible, razonable y creíble, con el aval de instituciones independientes potentes», para que el sistema sea sostenible y mantenga al mismo tiempo el poder adquisitivo de las pensiones.
La propuesta inicial para esta segunda fase de la reforma que el Gobierno llevó a la mesa de negociación con los agentes sociales contemplaba la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión se calcularía con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
No obstante, esta medida generó «bastante fricción» con los agentes sociales y con Podemos, como reconoció ayer el ministro, por lo que se han modificado los términos de la misma pero con el mismo objetivo: que los trabajadores con carreras laborales más volátiles, por ejemplo, despedidos al final de su vida laboral, no sufran una merma de su pensión.
El Gobierno planteaba también en su propuesta de partida la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno proponía que la pensión máxima subiera también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
A partir de 2050, el Ministerio planteaba que, en el marco del diálogo social, se determinara el aumento adicional que habría de aplicarse a la pensión máxima «hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%».
El Gobierno siempre ha defendido que esta propuesta de partida estaba abierta a cambios en la negociación. Hoy presentará a los agentes sociales una nueva propuesta, con el aval ya de Podemos y de la Comisión Europea.
