El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado durante el mes de mayo un total de once acuerdos con las comunidades autónomas de Madrid, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura para evitar llevar al Tribunal Constitucional normas sobre las que habían discrepancias competenciales.
El acuerdo con la Comunidad de Madrid es sobre la ley de Servicios Sociales de la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, concretamente con un apartado del artículo 2, otro del artículo 35 y con la disposición adicional primera.
Y el otro pacto entre el Gobierno central y Madrid es sobre la ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, que afecta a varios preceptos.
Con Extremadura, el Gobierno ha alcanzado un pacto sobre la ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía para la prestación útil de los servicios públicos en lo que compete al artículo 10 y la disposición adicional primera reguladora del bono social térmico.
DEROGAR UN DECRETO CANARIO
En el caso de Canarias, el acuerdo es en relación con el decreto por el que se establece una revisión de precios extraordinaria en el contrato de obligación de servicio público de transporte marítimo entre las islas de El Hierro y Tenerife.
Según ha explicado el Gobierno central, el Ejecutivo canario se compromete a proceder a la derogación expresa del decreto de modo que las futuras actuaciones que se puedan promover en este ámbito se ajustarán a la normativa básica estatal y a las directivas de la UE sobre contratación pública.
También con el Gobierno canario se ha acordado modificar varios preceptos de la ley de cambio climático y transición energética de esta región.
POLICIAS LOCALES DE CANTABRIA
En cuanto a Cantabria, el acuerdo compete a la ley de Coordinación de Policias Locales. El Ejecutivo cántabro promoverá en su próxima ley la modificación legislativa del artículo 16 de dicha norma. También se ha tocado la ley cántabra de medidas fiscales y administrativas.
En la Comunidad Valenciana, se ha acordado modificar varios artículos de ley de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en esta región, así como acuerdos parciales en la ley de cambio climático y la transición ecológica y la nroma de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización.
En Baleares, el acuerdo parcial compete a sus presupuestos para el año 2023.
