El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, convocará un Pleno extraordinario –que previsiblemente se celebrará el próximo lunes por la tarde– para debatir la propuesta de ocho vocales del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del ‘procés’, según han indicado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
La decisión de Guilarte tendrá lugar después de que ayer, 1 de noviembre, ocho de los 16 vocales del Consejo le pidieran que convocara un Pleno extraordinario para acordar una declaración institucional en la que se exprese la «intensa preocupación y desolación» del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.
En la solicitud, consta la firma de los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. Todos nombrados a propuesta del Partido Popular.
En su texto, los vocales conservadores aseguraron que la ley de amnistía tendrá efectos de «degradación» para el país, «cuando no de abolición del Estado de Derecho en España». Insistieron también en que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el ‘procés’, el Estado de Derecho en España «pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España».
Los firmantes explicaron que habían observado «con creciente preocupación» las declaraciones que sobre esta medida han realizado los partidos independentistas en las últimas semanas.
Asimismo, expresaron su temor a que ésta afecte no sólo a los acontecimientos relacionados con el referéndum de 2017 sino también a otros anteriores, entre los que habría «delitos de corrupción», y también posteriores, cometidos «para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia».
Según detallaron, optaron por mantener una «actitud de prudente expectativa» mientras esas declaraciones no fueron respaldadas por el presidente del Gobierno en funciones pero, tras las declaraciones de Sánchez el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, confesando que la amnistía es necesaria para lograr apoyos a su investidura, consideran necesario un pronunciamiento del CGPJ.
QUE SE OIGA AL CONSEJO
Si la iniciativa se presentase a través de un proyecto de ley sería obligatorio recabar informe del CGPJ pero, como se va a tramitar mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios, este informe no será necesario. Por eso los vocales han exigido un Pleno extraordinario para dejar clara la opinión del Consejo.
Los firmantes del escrito denunciaron expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, «dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida», en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Además, cargaron contra Sánchez por argumentar que la amnistía se adoptará en «interés de España» para «impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral». «Confundir el ‘interés de España’ con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política», avisaron.
ES INCONSTITUCIONAL
En este contexto, los vocales aspiran a que el Pleno del CGPJ deje clara la inconstitucionalidad de la amnistía, puesto que, según apuntan, iría en contra del principio básico del pluralismo político. También recalcaron que exceptuar «la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho en el que se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora».
Para estos vocales, «no es compatible» con el principio de Estado de Derecho ni con el de responsabilidad de los poderes públicos «que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales», cualquiera que sea su naturaleza «para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno».
«Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal», agregaron, antes de añadir que con la amnistía se generaría una «casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos» que contravendría «el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley».
TAMBIÉN VIOLENTA EL TRATADO DE LA UE
Además, señalaron que con esta medida se «violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico». «Mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales», destacan. A su juicio, «la enormidad de las consecuencias» de lo anunciado por Sánchez «es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera».
Por último, advirtieron de que la amnistía no sólo violenta la Constitución sino también los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea «para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial». «El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el ‘interés de España'», concluyó el escrito de los vocales.
