La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado el próximo 13 de mayo como fecha para la celebración de la vista sobre las medidas cautelares solicitadas por la asociación Hazte Oír en el marco del recurso interpuesto contra la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España. La audiencia determinará si el Alto Tribunal acuerda la suspensión del proceso mientras se resuelve el fondo del asunto. Pero mientras tanto, la Abogacía del Estado ha presentado un escrito donde pide que no se adopten las medidas cautelares de paralización de regulación de inmigrantes. La batalla legal parece haber empezado.
El procedimiento ya dio un paso relevante el pasado 16 de abril de 2026, cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de Hazte Oír. En el mismo auto, el Alto Tribunal otorgó al Ejecutivo un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo completo de la regularización, obligando al Gobierno a aportar toda la documentación relacionada con la medida.
Ahora, la abogacía del Estado, en 19 folios, hace seis alegaciones basadas, entre otras cuestiones, en la «imposibilidad de prejuzgar el fondo del asunto», la «ponderación de intereses» o la «falta de legitimación activa de la parte actora». Por contra, la abogacía del Estado defiende el «derecho a la asistencia sanitaria» y el «derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales» de los inmigrantes para apoyar el proceso de regularización.
Intereses de los inmigrantes
Sostiene el apelante que «se conjugan por ello dos intereses que se verían dañados ante la suspensión de esta norma de carácter reglamentario: el interés público, dado que la norma se encuentra ya inserta en nuestro ordenamiento jurídico y despliega efectos desde el día siguiente a su publicación; y dos, una eventual suspensión de la eficacia de la norma imposibilitaría el desenvolvimiento de los efectos de la misma. La fecha límite para la presentación de solicitudes recogida en la norma es el 30 de junio, con lo que la suspensión dañaría gravemente los intereses de los potenciales solicitantes, dado que no podrían acceder a las autorizaciones administrativas recogidas en la norma». Precisamente, el recurso pretendía evitar lo que consideran un fraude de ley.
En realidad, la admisión a trámite del recurso inicial ya abrió la puerta a un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de la regularización. Ahora, con la vista fijada para el 13 de mayo, el procedimiento entra en su momento más crítico hasta la fecha. «Desde hace meses hemos preparado este recurso porque tenemos claro que no es una regularización más, sino una vulneración grave del Estado de Derecho que desborda los límites del Ejecutivo. Dicho de otra manera, es una decisión que altera el cuerpo electoral del país sin el debate parlamentario que una medida de este calado exige, y que plantea un evidente conflicto de intereses para el Gobierno que la impulsa. Por eso era imprescindible llevarla al Supremo», afirman desde Hazte Oír.
Recurso ante el Supremo
Hazte Oír presentó el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo solicitando la suspensión cautelar y urgente de los planes de regularización del Gobierno. La organización alegaba que la medida constituye un fraude de ley y que su ejecución generaría un daño irreversible, que no podría ser reparado con una eventual sentencia favorable en el futuro.
La vista de este miércoles será el escenario en el que ambas partes expondrán sus posiciones ante el Alto Tribunal. El Gobierno acudirá representado por la Abogacía del Estado. Lo que el Supremo decida tiene una trascendencia inmediata, se trata, sin duda alguna, de un punto de inflexión judicial de este procedimiento.
Para Hazte Oír, organización ciudadana española integrada en la red internacional CitizenGO, presente en más de treinta países, este procedimiento representa uno de los frentes judiciales más significativos abiertos hasta ahora.
