La Casa Blanca ha endurecido su postura sobre el programa nuclear iraní. Donald Trump ha exigido este lunes, desde su red Truth Social, la destrucción inmediata del uranio enriquecido de Irán, mientras en Doha las delegaciones de ambos países negocian una prórroga de la tregua vigente desde el 8 de abril. El ultimátum, formulado con el lenguaje directo que caracteriza su segundo mandato, introduce un elemento de máxima tensión en unas conversaciones que se movían hasta ahora en el terreno de la confianza y las sanciones.
Ultimátum nuclear: destrucción bajo supervisión
Trump ha detallado dos opciones para eliminar las reservas de uranio enriquecido iraní. En su publicación, calificó el material como «polvo nuclear» y planteó que «sea entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser llevado a casa y destruido o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en su propio territorio o en otra localización aceptable, con la Agencia Internacional de la Energía Atómica o su equivalente presenciando el proceso». La exigencia se conoce apenas un día después de que la cadena CBS, citando a un alto funcionario estadounidense, informara de que Irán había aceptado «en principio» deshacerse de su uranio enriquecido. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, matizó que las conversaciones en Doha se centran en poner fin al conflicto armado con Washington. «En esta fase no estamos discutiendo cuestiones nucleares», afirmó el lunes.
La negociación en Doha: más allá del uranio
Más allá de la retórica nuclear, los contactos en la capital catarí persiguen un acuerdo pragmático. Según filtraciones recogidas por medios como Axios y Al Arabiya, el borrador que discuten las delegaciones incluye el compromiso de negociar el destino del uranio enriquecido durante un período de 60 días. Paralelamente, se aborda la reapertur del estrecho de Ormuz y la posible liberación de activos iraníes congelados. El negociador jefe iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ya advirtió el viernes que Teherán «no transigirá en sus derechos» como nación soberana, y fuentes cercanas a la delegación persa insisten en que Washington debe reconstruir la confianza después de los bombardeos sobre territorio iraní de finales de febrero, ocurridos poco después de una ronda de conversaciones mediada por Omán.
La demanda de destrucción inmediata del uranio introduce una variable que dinamita el delicado equilibrio diplomático alcanzado en las últimas semanas.
Equilibrio de Poder
La apuesta de Trump por una solución maximalista no es nueva. Recuerda a la estrategia de presión que hundió el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, el acuerdo nuclear que levantó sanciones a cambio de límites estrictos al programa iraní hasta que Washington lo abandonó en 2018. Entonces, la retirada unilateral desencadenó la escalada que hoy sitúa a Irán con reservas de uranio enriquecido al 60 %, peligrosamente cerca del umbral armamentístico, según los informes periódicos de la AIEA. La diferencia ahora es que la administración Trump negocia directamente con un Irán que ya ha demostrado capacidad de represalia en el Golfo Pérsico.
Para España, el impacto de este pulso trasciende la geopolítica. El estrecho de Ormuz es la arteria por la que circula una quinta parte del consumo mundial de petróleo, y cualquier interrupción en su tráfico dispara los precios del crudo. Repsol y Cepsa, las dos grandes energéticas españolas, importan parte de su suministro de países del Golfo, y una eventual escalada de las tensiones podría encarecer de inmediato los carburantes para consumidores y empresas, justo cuando la economía europea apenas se recupera de la crisis energética pospandemia. En el plano diplomático, Moncloa mantiene una posición de respaldo a la vía negociadora de la UE, que lidera el alto representante Josep Borrell, pero la exigencia trumpista de destrucción física del uranio plantea un dilema: apoyar una postura que podría torpedear la tregua o arriesgarse a quedar fuera del paraguas de seguridad estadounidense en un momento en que la OTAN exige a los aliados disparar el gasto en defensa.
Los precedentes aconsejan cautela. En 2019, tras la ruptura del JCPOA y varios incidentes con petroleros en el Golfo de Omán, el barril de Brent subió un 18 % en apenas dos semanas. Un escenario similar, con Irán amenazando de nuevo con cerrar Ormuz, añadiría presión inflacionista en un contexto de tipos de interés aún elevados. A diez años vista, la trayectoria del programa nuclear iraní seguirá condicionando la seguridad del flanco sur de Europa y la estabilidad del Magreb, donde Marruecos, socio preferente de España, observa con inquietud cualquier paso de Teherán hacia la capacidad balística. La próxima reunión del Consejo Europeo, prevista para el 18 de junio, podría marcar el termómetro de la cohesión transatlántica si para entonces aún no hay avances en Doha.
La tensión nuclear y la frágil tregua convierten cada declaración en un riesgo calculado. Mientras Trump impone condiciones extremas, los negociadores en Doha saben que el reloj corre y que el fracaso no solo reabriría el frente militar, sino que pondría a prueba la solidez de las alianzas occidentales. España, como puerta energética del sur de Europa y con intereses directos en la estabilidad del Magreb, observa cada movimiento con la determinación de quien sabe que cualquier chispa en Ormuz se notará en el recibo de la luz.
