La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’ ha encontrado este viernes una voz crítica en el exjuez Baltasar Garzón. Durante una entrevista en la que presentaba su libro ‘La democracia amenazada’, Garzón denunció la «muerte civil» a la que se ha sometido al exmandatario socialista, al hilo de una resolución judicial que, a su juicio, peca de contundencia en plena fase de instrucción. «Es muy difícil reparar ya la muerte civil a la que se ha sometido al presidente, a su familia y a todos», afirmó.
El exmagistrado cuestionó la necesidad de emplear un lenguaje que, según él, parece una sentencia definitiva, cuando «ni siquiera los investigados han prestado declaración». Garzón recordó que aún quedan por corroborar indicios y pidió prudencia: «No se puede hablar de corrupción de momento porque no sabemos lo que va a ocurrir». Para muchos en Ferraz, sus palabras reflejan un estado de ánimo extendido entre los cuadros del partido: la instrucción judicial, con toda su trascendencia mediática, no puede anticipar condenas públicas antes de que el juez Calama tome declaración y decida si eleva la causa a juicio.
Una propuesta de regulación que trasciende el ‘caso Plus Ultra’
Más allá del lamento por la exposición de Zapatero, Garzón ha puesto sobre la mesa una idea con vocación institucional: la necesidad de regular las actividades de los expresidentes del Gobierno. «Quizás lo que hay que hacer y lo que se tendría que haber hecho es regular las actividades que pueden desarrollar los expresidentes de Gobierno, primeros ministros, presidentes de República… De lo que pueden o no pueden hacer si actúan investidos de dichos cargos», planteó. La propuesta, que no es nueva en el debate político pero nunca ha cuajado en el Congreso, permitiría definir con claridad los límites entre la actividad privada y la representación pública, evitando así la judicialización automática de cualquier movimiento de un exmandatario.
Desde el entorno de la Moncloa y del Grupo Parlamentario Socialista se observa esta propuesta con interés, aunque sin prisas. Fuentes socialistas consultadas por Moncloa.com reconocen que la regulación podría ser un antídoto frente a «causas que acaban en el terreno mediático antes que en el penal». El debate, en cualquier caso, está embrionario y dependerá de cómo evolucione el propio procedimiento judicial que afecta a Zapatero.
Garzón, además, quiso establecer diferencias entre el tratamiento de la corrupción en el PP y en el PSOE. «Lo que estamos viviendo ahora, por lo menos hasta donde conocemos, son casos aislados de corrupción que han sido contestados políticamente como debían», dijo, en referencia a las imputaciones de Ábalos y Cerdán. A renglón seguido, recordó que el PP «nunca» aceptó el ‘caso Gürtel’ a pesar de las sentencias condenatorias. No es una lectura que pille por sorpresa en Ferraz: el mensaje de que el PSOE asume sus propias responsabilidades y las depura mientras la oposición minimiza las suyas lleva meses instalado en el argumentario del GPS.
En su análisis de la situación política general, el exjuez tildó de «pura apariencia» una hipotética moción de censura de Feijóo y alertó del riesgo de un gobierno PP-Vox. Sus palabras refuerzan una idea que recorre los pasillos del Congreso: la mayoría de los socialistas consideran que la derecha utiliza las causas judiciales como ariete electoral, sin interés real en la regeneración democrática. «El silencio y la indiferencia no son una opción», sentenció Garzón, en un cierre que bien podría ser un lema para la próxima convención del partido.
La imputación de un expresidente sin una sentencia firme no puede convertirse en un juicio sumario.
El Eje del Poder Socialista
El procedimiento contra Zapatero sitúa al PSOE ante un espejo incómodo pero no desconocido. La dirección federal ha optado por un perfil bajo y por recordar, cada vez que ha tenido ocasión, que el caso se halla en fase de instrucción y que la presunción de inocencia debe respetarse. La estrategia, coordinada con el Grupo Parlamentario Socialista y los barones territoriales, es doble: de un lado, defender las decisiones internas tomadas cuando aparecieron los primeros indicios sobre otros dirigentes (Ábalos y Cerdán fueron apartados de inmediato); de otro, exigir al PP que aplique el mismo rasero con sus propios escándalos.
En el plano territorial, la noticia ha sido recibida con cautela. Emiliano García-Page, siempre celoso de la imagen de probidad de su gobierno en Castilla-La Mancha, ha eludido comentarios directos, pero fuentes de su entorno apuntan que comparte la necesidad de que la justicia aclare los hechos sin filtraciones ni juicios paralelos. Otros barones, como Adrián Barbón en Asturias o María Chivite en Navarra, han preferido centrarse en la agenda social de sus comunidades, un gesto que en Ferraz se interpreta como alineación táctica: no añadir ruido mientras el procedimiento judicial siga su curso.
El precedente más citado en las conversaciones internas es el del propio caso Gürtel y la tardía asunción de responsabilidades por parte del PP. Entonces, la cúpula popular habló de «trama contra el partido», y no fue hasta las sentencias firmes cuando se admitieron los hechos. La diferencia, repiten en el PSOE, es que aquí se actuó antes de que el juez Calama moviera ficha. Queda por ver si la propuesta de regulación de expresidentes que lanza Garzón encuentra eco en el Congreso o si, como otras iniciativas de regeneración, se diluye entre las trincheras parlamentarias.
El horizonte inmediato es la declaración de los investigados, pendiente de fecha, y la posibilidad de que la Audiencia Nacional archive o confirme los indicios. Hasta entonces, el PSOE sabe que caminará sobre una cuerda floja mediática, pero confía en que la prudencia judicial y la defensa de la presunción de inocencia acaben imponiéndose al ruido.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La presunción de inocencia y la necesidad de una regulación institucional que proteja a los expresidentes de la judicialización prematura.
- Protagonista: Baltasar Garzón (exjuez y autor de ‘La democracia amenazada’).
- Próximo hito: La Audiencia Nacional fijará la fecha de declaración de los investigados en el ‘caso Plus Ultra’, probablemente en el último trimestre del año.
