EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP ha denunciado este viernes el «oscurantismo» en la concesión de la Medalla al Mérito de la Guardia Civil a Víctor de Aldama en 2022, cuando aún no estaba investigado, y ha exigido más transparencia en estos procesos.
- ¿Quién está detrás? El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha registrado varias preguntas dirigidas al Gobierno.
- ¿Qué impacto tiene? La respuesta de Interior defiende la legalidad del procedimiento y revela que ya se ha abierto un expediente para impedir a Aldama lucir la condecoración.
El Partido Popular ha vuelto a la carga contra el Gobierno por la medalla concedida a Víctor de Aldama en 2022. Este viernes, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que denuncia un «manto de oscurantismo» sobre aquella condecoración y exige al Ministerio del Interior que equipare los criterios de transparencia de la Guardia Civil a los ya aprobados para la Policía Nacional.
La ofensiva parlamentaria se produce después de que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo haya comparado la normativa de ambas instituciones. Mientras la Policía Nacional endureció recientemente las exigencias de ejemplaridad profesional para recibir distinciones, la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil no ha sido modificada. El PP considera «llamativa» esa asimetría regulatoria y ha puesto el foco en el caso Aldama como ejemplo del déficit de control.
La respuesta de Interior: procedimiento «transparente» y un expediente ya abierto
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha contestado por escrito a las preguntas del PP rechazando las acusaciones de falta de transparencia. Según Interior, el procedimiento para otorgar medallas en la Guardia Civil cuenta con «suficientes garantías de control, publicidad y transparencia». Detalla que el proceso incluye propuesta de concesión, instrucción del expediente, informes, resolución final y publicación oficial.
Además, el Ministerio recuerda que la normativa vigente permite abrir expedientes para impedir el uso de una condecoración cuando concurran circunstancias posteriores que cuestionen la idoneidad del condecorado. Y revela un dato clave: ese expediente ya está en marcha sobre la medalla que recibió Víctor de Aldama. El propio Marlaska lo confirmó en una comparecencia en el Senado a finales del año pasado.
El procedimiento es transparente, pero que Interior haya tenido que abrir un expediente a posteriori es la prueba de que los filtros previos no funcionaron.
En aquella intervención, el ministro defendió que la relación del empresario con la Guardia Civil se remontaba «al menos a 2017», durante el mandato de Mariano Rajoy. Así, sugería que los contactos que sirvieron de base a la concesión comenzaron bajo un Gobierno del PP. El actual Ejecutivo intenta con ello diluir la responsabilidad, aunque el foco político sigue estando en la falta de controles que permitieron condecorar a quien hoy está investigado en el caso Koldo.
Por qué el PP insiste ahora: el espejo de la reforma policial
El PP no improvisa. La comparación con la Policía Nacional —cuya normativa fue revisada para reforzar los criterios de ejemplaridad— es una línea argumental que Génova ve especialmente rentable. Permite situar al Gobierno ante su propia contradicción: endurece las reglas para unos cuerpos y las mantiene laxas para otros, precisamente cuando el escándalo Aldama golpea a la Guardia Civil. «No se trata de mirar al pasado, sino de garantizar que no vuelva a ocurrir», resumen fuentes del Grupo Popular.
El caso Aldama se ha convertido en un símbolo de las zonas de sombra que, bajo el actual Gobierno, han rodeado ciertas concesiones. La medalla le fue otorgada en 2022, cuando el empresario mantenía estrecha relación con diversos ámbitos de la Administración y antes de verse señalado en varias causas judiciales. Que entonces no se detectara ninguna anomalía es, para el PP, la demostración de que los mecanismos de filtro no eran suficientes.
El Eje del Poder Popular
La denuncia del PP sobre el «oscurantismo» en la medalla a Aldama no es un gesto aislado. Forma parte de una estrategia más amplia con la que Génova quiere situar al Gobierno en el terreno de la opacidad y de la gestión irregular de los reconocimientos institucionales. La pregunta parlamentaria de este viernes se inscribe en un relato de exigencia de transparencia que el partido ha reforzado desde la pasada legislatura, especialmente en todo lo relacionado con la concesión de contratos públicos y distinciones honoríficas.
Dentro del partido, la lectura es clara: el PP no puede permitir que el Ejecutivo utilice la medalla a Aldama para reprocharle vínculos del pasado. El argumento de Marlaska sobre el origen de los contactos en 2017 —bajo el Gobierno de Rajoy— busca precisamente eso, desviar la presión. Pero en Génova consideran que ese precedente no exime de responsabilidad al actual equipo de Interior, porque fue bajo su mandato cuando se tramitó y se firmó la concesión. «Quien concede la medalla en 2022 es Marlaska, no Rajoy», insisten en círculos populares.
En el plano territorial, la dirección nacional no ha involucrado por ahora a los gobiernos autonómicos populares, aunque el asunto podría tener eco en comunidades como Madrid o Andalucía, donde se han impulsado normas de transparencia más exigentes para la concesión de distinciones por parte de las administraciones regionales. La comparación con la exitosa reforma policial —aprobada por el Gobierno— es la baza principal del PP en el Congreso.
El próximo paso será ver cómo reacciona el Grupo Parlamentario Popular ante la respuesta de Interior. La pelota queda en el tejado del ministerio, que dice haber abierto el expediente para impedir el uso de la medalla, pero aún no ha aclarado si culminará con la retirada definitiva de la condecoración. Génova mantendrá la presión con nuevas iniciativas parlamentarias, en un momento en que cualquier señal de debilidad en los controles del Gobierno juega a favor del principal partido de la oposición.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La transparencia es una exigencia de Estado y el Gobierno no puede tener dos varas de medir según el cuerpo policial.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: Nuevas preguntas parlamentarias en la Comisión de Interior del Congreso y seguimiento del expediente abierto por Interior.
