La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea ha cumplido un año en punto muerto. La propuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez llevó por última vez al Consejo de Asuntos Generales en julio de 2025 no ha vuelto a ser incluida en el orden del día, y el semestre de presidencia chipriota concluirá sin que España haya solicitado su debate en ninguna de las reuniones de los ministros.
Un año sin debate formal: Chipre cierra su presidencia sin la petición española
Según ha confirmado Europa Press con fuentes comunitarias, el Gobierno no ha pedido que la cuestión se incluya en la reunión que el Consejo de Asuntos Generales celebra este martes en Luxemburgo. La decisión se toma siendo consciente de que las posiciones del resto de Estados miembro no se han movido. De hecho, varias capitales consultadas insisten en que la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas no se percibe como una prioridad en el contexto internacional actual.
El Gobierno solicitó la inclusión de las tres lenguas en el reglamento lingüístico de la UE en agosto de 2023, como parte del acuerdo de investidura con Junts. Durante la presidencia española del Consejo, en el segundo semestre de aquel año, el asunto llegó a debatirse en cuatro ocasiones. Después, se volvió a intentar en tres consejos más bajo presidencia belga, polaca y danesa. Desde julio de 2025, ni una sola vez.
La unanimidad y las dudas jurídicas: por qué la propuesta sigue atascada
La exigencia de unanimidad en el Consejo es el obstáculo insalvable. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por disipar las reticencias, varios socios mantienen dudas de índole jurídica y el temor a sentar un precedente que anime a otras lenguas minoritarias a pedir el mismo estatus. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sostenido que ya son 20 los Estados miembro que no se oponen, pero otras fuentes europeas elevan a al menos una decena las delegaciones con reservas.
Alemania es una de las más escépticas. En el Consejo del 18 de julio de 2025, su representante se aferró al dictamen oral del servicio jurídico del Consejo, que apunta a la posible necesidad de una reforma de los Tratados para asegurar la base legal. Aunque España y Alemania acordaron abrir un diálogo bilateral a finales de octubre de 2025, la reunión entre Albares y su homólogo germano, Johann Wadephul, el pasado 20 de mayo no ha desbloqueado la situación: Berlín mantiene su postura.
La propuesta lleva más de un año sin ser incluida en el orden del día del Consejo. El Gobierno es consciente de que no tiene la unanimidad necesaria.
La oferta española: costes, plazos y garantías que no han convencido
Para intentar vencer las resistencias, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa varios compromisos. España asumiría los costes adicionales que la Comisión Europea estima en unos 132 millones de euros anuales. Además, en la primavera de 2025 propuso una implementación parcial: las tres lenguas serían oficiales desde 2027, pero solo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, apenas el 3% de los actos jurídicos de la legislatura anterior.
Para frenar el argumento del precedente, el Gobierno se apoya en que el catalán, el euskera y el gallego están recogidos en la Constitución antes de la entrada de España en la UE, se usan en el Congreso y el Senado, y los tratados europeos ya fueron traducidos a estas lenguas. La propuesta española de hace un año incluía además una declaración adjunta para que las futuras peticiones se evalúen «caso por caso» y cumplan «criterios estrictos», como ser una lengua históricamente originaria del país y estar reconocida constitucionalmente durante al menos dos décadas.
Pese a todo, los socios siguen sin verlo como una prioridad. Un diplomático de un país con reservas ha señalado a Europa Press que cuesta entender la urgencia de esta cuestión con la guerra de Ucrania a las puertas de Europa y el impacto del conflicto de Irán con el bloqueo del estrecho de Ormuz. Otro diplomático, de un país en principio favorable, critica que España pida apoyo en esto y luego no muestre la misma solidaridad en otros asuntos que preocupan a los socios, como la posición frente a China o al presidente estadounidense, Donald Trump.
El impacto para España: una prioridad política sin eco en Bruselas
El estancamiento tiene consecuencias directas para la política española. La oficialidad de las tres lenguas fue una de las contrapartidas en el pacto con Junts para la investidura. Con la legislatura avanzada y varios expedientes pendientes, el inmovilismo en Bruselas dificulta el margen del Ejecutivo para exhibir avances en un compromiso que el propio Albares ha calificado como prioritario.
Además, el Gobierno no ha solicitado al servicio jurídico de la UE que elabore un informe que disipe las dudas legales, un paso que según las fuentes solo puede dar España. Tampoco ha pedido a la Comisión Europea una evaluación de impacto completa que cifre el coste práctico, a pesar de que Bruselas mostró su disposición a hacerlo. Los socios demandan cifras claras y encaje legal, ya que uno de los puntos esenciales de la oficialidad es que los gastos corran a cargo de las arcas comunitarias.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE cumple un año sin ser debatida en el Consejo.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Gobierno de España, el Consejo de la UE, los 27 Estados miembro y Junts como socio de investidura.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? España no ha pedido que se incluya en el próximo Consejo ni ha solicitado el informe jurídico que reclaman los socios.
