La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá este martes 16 de junio en el Senado ante la Comisión de Interior. Lo hará acorralada por los datos de la Unidad Central Operativa (UCO), que ha acreditado al menos tres encuentros suyos con Leire Díez, la investigada ‘fontanera del PSOE’ acusada de orquestar una trama para desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno y su partido. La cita es de alto voltaje: el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, y Vox han pedido directamente su dimisión como máxima responsable del Instituto Armado.
No es una comparecencia de trámite. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha adelantado que el interrogatorio irá al centro de la diana: «¿Quién le mandó reunirse tres veces con la fontanera de Ferraz? ¿Por qué borró sus conversaciones?». La sesión fue aplazada desde el 11 de junio por la visita del Papa León XIV, y se espera una asistencia masiva. Se ha llegado a valorar usar la Sala Clara Campoamor, donde se celebran las comisiones de investigación del ‘caso Koldo’ y de la SEPI, para acoger la comparecencia.
Las preguntas que Génova quiere responder
El PP llega con un objetivo claro: despejar las dudas sobre la cadena de mando. La UCO documentó que la directora se reunió con Díez fuera de la Dirección General, encuentros que hasta la publicación del informe se habían negado desde Interior. La propia González admitió después dos reuniones, aunque la UCO constató «al menos tres». Esa contradicción es el flanco por el que atacará la oposición.
Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil también han pedido explicaciones, al ver «contradicciones» en la versión oficial. El malestar en el Cuerpo es profundo: los agentes de la UCO han denunciado presiones desde junio de 2024, cuando la investigación apuntaba al hermano del presidente. La sensación de desamparo o de maniobra interna es el peor escenario para la cúpula de Interior.
La comparecencia no gira sobre las reuniones, sino sobre la credibilidad de la cadena de mando de Interior.
García ha detallado que preguntará también por el borrado de mensajes de WhatsApp y por la gestión de dos notas internas de la Guardia Civil que alertaban sobre las maniobras de Leire Díez. «¿Quién autorizó que se ignoraran esas alertas?», será otra de las cuestiones. El PP quiere saber si hubo dejación de funciones o una protección deliberada hacia la exmilitante socialista.
Asímismo, la portavoz popular preguntará por el caso del comandante Rubén Villalba, detenido en el ‘caso Koldo’. La directora ha reconocido que Leire Díez le pidió en abril de 2025 su reposición, promesa que la fontanera había hecho al propio Villalba a cambio de datos contra la UCO. González dice que rechazó la petición, pero el episodio evidencia el grado de acceso que la investigada tenía a la cúpula de la Guardia Civil.
El ‘punto de inflexión’ que señala la UCO y el respaldo de Moncloa
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sitúa el «punto de inflexión» de la presunta trama en abril de 2024, cuando Pedro Sánchez abrió su periodo de reflexión de cinco días tras la imputación de Begoña Gómez. La UCO recoge testimonios sobre presiones a sus agentes desde entonces para que se «pusieran de perfil» en causas que rozaban a la familia del presidente.
En su comunicado, la Dirección General de la Guardia Civil negó que Leire Díez influyera en las decisiones internas, recordando que Mercedes González trasladó su apoyo a la UCO en mayo de 2025, después de aparecer unos audios en los que se hablaba de agredir al teniente coronel Antonio Balas. Sin embargo, la credibilidad de ese respaldo es hoy el centro del debate. ¿Cómo encaja ese respaldo con tres reuniones fuera de sede con la fontanera?
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el propio presidente Sánchez han cerrado filas con la directora. Marlaska ha calificado la trama como algo que «repugna a todos», y Sánchez ha desvinculado al partido de la investigada. Pero esa defensa política no despeja las dudas jurídicas ni operativas que el Senado pondrá sobre la mesa este martes.
El Eje del Poder Popular
Para el PP, esta comparecencia es la oportunidad de ejercer una oposición firme desde su mayoría absoluta en el Senado. No se trata solo de pedir la dimisión de una directora general. Se trata de señalar un patrón que Génova ha denunciado de forma reiterada: el uso de las instituciones para fines partidistas. La presunta trama revelada por la UCO es, en este sentido, una grieta sistémica que afecta a la confianza en el Gobierno central.
En las comunidades autónomas gobernadas por el PP, el discurso de la «limpieza institucional» cala con fuerza. Barones como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno han criticado la deriva del Gobierno en este caso. El PP aterriza como un partido que defiende la separación de poderes y la autonomía de las Fuerzas de Seguridad frente a las interferencias de Ferraz. Es un relato que une a la cúpula de Génova con los líderes territoriales y refuerza la alternativa de gobierno.
El riesgo inmediato para el PP es que la comparecencia se convierta en un cruce de reproches sin consecuencias tangibles. Pero la estrategia de Alicia García es muy concreta: extraer contradicciones con la UCO para elevarlas a la Audiencia Nacional. Si logra demostrar que la directora mintió o omitió información relevante, el caso subirá de nivel judicial y la presión sobre Moncloa será casi insostenible. Por el contrario, si González resiste el interrogatorio sin fisuras, el PP habrá perdido una bala de plata.
La mayoría absoluta en el Senado da al PP una visibilidad que irrita al Gobierno. La Sala Clara Campoamor, si finalmente se habilita, será un escenario que recuerde a las comisiones de investigación más duras. El precedente del ‘caso Koldo’ está fresco. La lectura de Génova es optimista: consideran que la directora llega con la versión oficial muy debilitada tras los atestados de la UCO.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La comparecencia es la prueba de fuego del compromiso del Gobierno con la limpieza institucional; la credibilidad del mando de la Guardia Civil está en juego.
- Protagonista: Alicia García (portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
- Próximo hito: Sesión de la Comisión de Interior este martes 16 de junio. Las contradicciones que surjan podrían ser remitidas al juez Pedraz.
