Diecinueve líderes de la UE, con Italia a la cabeza, han pedido acelerar la externalización de centros de deportación a terceros países, según una carta difundida ayer. España no figura entre los firmantes y mantiene su oposición al modelo, que choca con la postura de Sánchez en la reciente reforma de asilo.
La carta de los 19: qué piden y quiénes la firman
La misiva, impulsada de la mano por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, reclama «resultados concretos» y avanzar «con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible». Los firmantes defienden que debe ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en sus países y piden desafiar el «statu quo» que, según ellos, favorece a las mafias y a la instrumentalización de la migración.
- Italia, Grecia, Chipre, Dinamarca, Austria, Bulgaria, República Checa, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia —19 estados en total— son los signatarios.
- El texto insta al Consejo Europeo a dar un empuje «político» para que la base legal aprobada esta semana se aplique con agilidad y permita financiar estos centros con cargo a a los presupuestos comunitarios a partir de 2028.
El contexto de la reforma y el rechazo de España
La Unión Europea cerró en mayo una reforma que endurece la política de asilo y consolida la creación de centros de detención en países terceros, a los que trasladar migrantes sin opción de asilo mientras se tramita su expulsión. Esta semana, el Parlamento Europeo dio luz verde a esa norma —sólo falta la adopción formal por el Consejo para que entre en vigor— y, además, los Veintisiete acordaron, con el voto en contra de España, que estos centros se financien con dinero europeo desde 2028, como parte del próximo marco financiero plurianual.
El Ejecutivo de Sánchez rechazó esa financiación y ya se opuso a la reforma de asilo porque considera que el modelo de externalización no respeta los derechos fundamentales ni los valores de la UE, una postura que comparten organizaciones humanitarias. España no ha negociado ni iniciado contactos con terceros países para este tipo de convenios, a diferencia de Chipre o Dinamarca, que ya han dado pasos.
El impacto para España: una posición que la aísla del núcleo duro migratorio
El desmarque español tiene consecuencias en el tablero europeo. Mientras 19 países impulsan una velocidad de crucero para implementar centros externos, España se queda fuera del grupo de vanguardia y ve cómo la financiación comunitaria de estos centros avanzará sin su respaldo. El nuevo presupuesto plurianual, que entrará en vigor en 2028, incluirá partidas para este fin, y el Gobierno español no podrá vetarlas.
La financiación comunitaria de los centros externos está pactada y España no puede vetarla: el presupuesto plurianual ya la incluye desde 2028.
Además, la política migratoria europea se alinea con las tesis de países como Italia o Dinamarca, lo que obliga a España a moverse en un margen cada vez más estrecho si quiere mantener una posición propia. La próxima cumbre del Consejo Europeo, prevista para la semana que viene, pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo de Sánchez para defender su postura sin quedarse definitivamente descolgado.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? 19 Estados de la UE, con Italia al frente, han pedido acelerar la externalización de centros de deportación a terceros países, siguiendo el modelo Italia-Albania.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Los líderes de Italia, Dinamarca, Grecia y otros 16 países; España, en contra, no firma la carta.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Consejo Europeo debatirá la próxima semana, mientras la financiación comunitaria de estos centros está prevista a partir de 2028, sin el respaldo español.
