PP y Vox han sellado un acuerdo de gobierno en Castilla y León que blinda la ‘prioridad nacional’ y la colaboración público-privada como ejes del nuevo Ejecutivo autonómico. El pacto, presentado la pasada semana, replica las fórmulas ya aplicadas en Extremadura y Aragón y otorga a Vox tres consejerías clave, consolidando su influencia en la comunidad.
Qué exige Vox en el nuevo acuerdo: prioridad nacional y control migratorio
El documento, de 62 páginas con 19 ejes y 324 medidas, reserva para Vox las áreas de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales —con competencias en inmigración, juventud y cooperación—, Agricultura, Ganadería y Política Ambiental, y Cultura, Turismo y Deporte. La consejería de Desregulación, de nueva creación, permitirá a la formación impulsar su agenda de recortes administrativos y ayudas selectivas.
En materia de inmigracion, el pacto incluye la máxima ‘no más menores extranjeros no acompañados (MENAS)’ y el rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central. Vox ha impuesto la ‘prioridad nacional’ como principio rector, que obliga a dar preferencia a los ciudadanos españoles en el acceso a prestaciones y servicios. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, justificó esta medida aludiendo a que Castilla y León “tiene 186 menores no acompañados para 130 plazas”, superando su capacidad.
Otro punto destacado es la apuesta por la colaboración público-privada en la prevención y extinción de incendios. El acuerdo establece que “se incrementará de forma efectiva” esa cooperación, alejándose del operativo 100% público que reclamaban las asociaciones de bomberos forestales tras los devastadores incendios del pasado verano. Vox asume así la Política Ambiental, con un enfoque más ideológico y menos intervencionista.
La investidura, las reacciones sindicales y el encaje parlamentario
La investidura de Mañueco como presidente se celebró el pasado 9 de junio, con el apoyo de los 34 diputados del PP y los 13 de Vox, en una sesión que culminó casi 90 días de negociaciones. El gobierno queda compuesto por dos vicepresidencias —una para cada partido— y diez consejerías, siete para el PP y tres para Vox. El lema de la “estabilidad” se repite en el texto, en un intento de superar la ruptura del anterior pacto de 2022.
Los sindicatos no han tardado en reaccionar. El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, denunció que Vox genera “un falso problema” con la inmigración en una de las regiones más despobladas de la UE. UGT también advirtió de que recurrirá a los tribunales la reducción del 50% de las subvenciones sindicales, prevista en el acuerdo, y recordó que la justicia ya obligó a revertir una medida similar en 2022. “Si están dispuestos, nos volveremos a ver en los tribunales”, afirmó Lobo.
El pacto de Castilla y León reproduce el modelo de Aragón y Extremadura: Vox exige prioridad nacional y recorte de subvenciones a cambio de estabilidad parlamentaria.
A pesar de las críticas, el acuerdo no aborda cuestiones como la violencia de género o los derechos LGTBIQ+, lo que supone un notable cambio respecto al programa nacional de Vox. En el pacto de 2022 se incluyeron medidas antiabortistas y la promesa de una ley de violencia intrafamiliar, pero en esta ocasión el texto se limita a bonificaciones fiscales para “víctimas de violencia contra la mujer”, sin desarrollar normativa específica. La omisión de estos asuntos polémicos facilita la cohesión del gobierno y reduce el desgaste parlamentario.
La vicepresidencia recae en Carlos Pollán, líder de Vox en Castilla y León, quien ya había manifestado su deseo de gestionar Cultura, Turismo y Deporte. Con tres carteras, Vox controla áreas que le permiten proyectar su discurso y visibilizar sus políticas ante el electorado, en especial la gestión de ayudas sociales y la reordenación del medio rural.
La estrategia de Vox: afianzarse como socio imprescindible del PP
Este nuevo pacto se inscribe en la estrategia de Vox de consolidar su presencia territorial como socio de gobierno del PP y, al mismo tiempo, marcar distancias en los temas que le definen. Tras los acuerdos de Aragón y Extremadura, Castilla y León se suma a una red de gobiernos autonómicos con presencia de Vox, lo que refuerza su capacidad de influencia en políticas como la inmigración o la reducción del gasto público.
La insistencia en la ‘prioridad nacional’ y la resistencia a políticas de género subrayan la voluntad de Vox de diferenciarse del PP en el eje cultural, aunque ambas formaciones coincidan en el marco económico. El silencio sobre la violencia de género, que en el anterior pacto provocó fuertes tensiones, puede interpretarse como una cesión táctica de Vox para asegurar la gobernabilidad y evitar un nuevo fracaso. No obstante, los sindicatos y las organizaciones sociales avisan de que estas medidas erosionan el Estado del bienestar y anticipan conflictos legales.
Para Vox, cada nuevo acuerdo autonómico es un paso hacia la normalización de su papel en el bloque de la derecha y una palanca para presionar al PP en el ámbito nacional. Con el horizonte de las próximas elecciones, la formación que preside Santiago Abascal demuestra que su apoyo es imprescindible para que el PP alcance mayorías, pero que su precio incluye políticas concretas que definen su identidad.
