EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Esta semana, Alberto Núñez Feijóo denunció en Antena 3 que el Gobierno socialista utiliza la Ley de Memoria Democrática como un coladero para conceder la nacionalidad a millones de descendientes de emigrantes, incluidos aquellos que abandonaron España antes de la Guerra Civil y no pueden considerarse exiliados. La instrucción firmada por la hermana del ministro Óscar Puente desvirtuó el espíritu de la ley. Ya hay 2,5 millones de solicitudes y 545 000 resoluciones favorables.
- ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, secundado por la dirección nacional. La denuncia se produce tras las declaraciones del senador socialista César Mogo, quien en Argentina aseguró que «todo descendiente de español tiene derecho a ser español».
- ¿Qué impacto tiene? Un censo electoral exterior inflado que puede alterar el reparto de escaños en circunscripciones ajustadas, donde el PSOE obtiene históricamente más apoyo. Con las generales a la vuelta de un año, Génova ve una maniobra para condicionar el resultado.
La denuncia de Alberto Núñez Feijóo esta semana en Antena 3 no era una advertencia genérica. Los propios dirigentes socialistas han reconocido que la Ley de Nietos se ha convertido en un coladero para nacionalizar a todos los descendientes de españoles, incluso a quienes emigraron a principios del siglo XX. «¿Qué hay detrás de este interés por romper los consensos europeos en materia de inmigración, por regularizar a todos los que estén en España y a la vez meter dos millones y medio de nacionalizaciones?», se preguntó Feijóo, que vincula el fenómeno con un intento de manipular el censo electoral.
Una instrucción ministerial amplió el acceso sin límites
La Ley de Memoria Democrática (BOE-A-2022-17099), aprobada en octubre de 2022 gracias a Bildu, estaba diseñada para reparar a las víctimas del franquismo. Permitía solicitar la nacionalidad española a los nacidos en el extranjero con padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido españoles y «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia» hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad.
Sin embargo, una instrucción firmada por Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública— apenas una semana después de la votación en el Congreso descafeinó el requisito del exilio. A partir de entonces, bastaba con ser «nacido fuera de España de padre o abuelo originariamente español», sin necesidad de demostrar persecución política. La puerta se abrió de par en par a descendientes de emigrantes económicos de finales del siglo XIX y principios del XX.
El censo exterior se infla: 2,5 millones de nuevos nacionales
El senador César Mogo, secretario del PSOE Exterior en la Ejecutiva de Pedro Sánchez, lo expresó sin ambages en un viaje a Argentina en noviembre de 2025. «Hacemos legal lo que era natural: todo descendiente de español se sentía español. Ahora concedemos ese derecho», afirmó en televisión argentina. En un artículo en El Progreso de Lugo añadió que «por derecho, había que hacer legal lo que es real» y que el Gobierno «no solo los quiere, también los necesita».
Los números son elocuentes: según los datos más recientes, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad, se tramitan 1,2 millones de expedientes y ya existen 545 000 resoluciones favorables. La mayoría de los solicitantes residen en países como Argentina, Uruguay o México, donde la emigración histórica no tiene vinculación con el exilio político.
La instrucción de Justicia convirtió la Ley de Nietos en un mecanismo de nacionalización masiva sin base en la memoria democrática.
El impacto en las urnas no es menor. En las últimas autonómicas de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura el PSOE fue la fuerza más votada entre los residentes en el exterior, mientras que el PP ganaba en el cómputo total. En circunscripciones donde el último escaño se decide por pocos cientos de votos, un censo ampliado en varios miles puede ser determinante.
El Gobierno acelera además los trámites para desatascar los expedientes antes de que venza el plazo de la legislatura. Se ha habilitado un procedimiento de inscripción inmediata en la matrícula consular que garantiza el derecho a voto, y se consulta a la Junta Electoral sobre medidas para elevar la participación exterior —hoy en el 10 %— hasta el 30 %.
El Eje del Poder Popular
Desde Génova, la lectura es nítida: el PSOE está inflando artificialmente el censo con cientos de miles de ciudadanos sin arraigo en España, a los que se atribuye una inclinación favorable al partido que les concede el pasaporte. Feijóo ya había alertado en foros europeos de que este tipo de prácticas distorsionan la representación democrática, y ahora el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso prepara iniciativas para exigir transparencia en los criterios de concesión y los plazos de inscripción electoral.
El debate tiene un calado territorial. Las comunidades gobernadas por el PP —Madrid, Andalucía, Valencia o Galicia, entre otras— son las que más se juegan con una eventual distorsión del voto exterior. Sus dirigentes observan cómo el Gobierno socialista maneja los hilos del proceso mientras los servicios consulares, dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, se convierten en una suerte de oficina de captación. Fuentes de la cúpula popular consultadas por Moncloa.com resumen: «Cada nueva nacionalización sin control es un voto añadido a la mayoría sanchista».
El PP recuerda que la Ley de Memoria Democrática fue rechazada por el Senado y que el Congreso levantó el veto por la mínima gracias al apoyo de Bildu y de los independentistas. Ahora, con la instrucción que desvirtuó su enunciado, los populares temen que la maniobra se haya convertido en un instrumento electoralista a gran escala, aprovechando la opacidad de los trámites. La próxima ventana de tensión será la comparecencia parlamentaria del ministro Ángel Víctor Torres, que se ha desplazado a Argentina y Uruguay para «garantizar que todos los solicitantes serán españoles» mientras su departamento matiza que dependerá del cumplimiento de los requisitos.
El presidente popular ha emplazado al Gobierno a explicar cuántos de esos nuevos nacionales están ya inscritos en el censo y cuántos emitirán su voto en 2027. El recuento, mientras tanto, sigue engordando.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El PSOE utiliza la Ley de Nietos para inflar artificialmente el censo electoral exterior y condicionar las próximas generales.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: El Gobierno acelera los trámites para inscribir a los nuevos nacionalizados en el censo consular antes de que se convoquen las elecciones generales previstas para 2027.
