El contrato para suministrar 3.500 contenedores en Ourense ha dado un giro de 180 grados después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) obligara a reevaluar las ofertas, dejando a la empresa local Formato Verde como favorita frente a la multinacional Contenur. La operación, valorada en 3,16 millones de euros, se ha convertido en un ejemplo de manual sobre cómo la contratación pública española puede enredarse en milímetros y recursos durante años.
El concurso arrancó en otoño de 2022, pero permaneció bloqueado por atascos burocráticos hasta que el gobierno local de Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) adjudicó el suministro a Contenur en diciembre de 2025. La impugnación de Formato Verde, presentada en enero de 2026, paralizó todo el procedimiento.
El Tacgal, el tribunal autonómico que fiscaliza las licitaciónes de la Administración gallega, estimó el recurso y ordenó retrotraer las actuaciones para verificar sobre el terreno las ofertas. Lo que parecía un simple trámite técnico desencadenó un vuelco imprevisible.
Los milímetros que decidieron la adjudicación
Los técnicos municipales midieron físicamente las muestras de los contenedores para descartar que superaran los 1,60 metros de altura, un punto que habría dejado sin puntuación a Contenur. Tras comprobar que cumplían, el foco se centró en el criterio de facilidad de vaciado, donde la tapa se convirtió en el campo de batalla definitivo.
Contenur había presentado un certificado que declaraba una apertura del 100% de la tapa respecto al cuerpo del contenedor. El arquitecto municipal, sin embargo, aplicó un método de proyección en planta y llegó a una cifra muy distinta: apenas el 46%. Otros informes periciales arrojaron porcentajes algo más altos, pero ninguno alcanzaba el umbral necesario para obtener puntuación en ese apartado.
En mayo de 2026, la mesa de contratación acató el criterio del arquitecto y retiró los 10 puntos a Contenur en ese criterio, dejándola con cero puntos y dando la vuelta a la clasificación. Formato Verde pasó a liderar el concurso con 75,67 puntos, apenas 1,87 por encima de su rival.
Un margen inferior a dos puntos, nacido de una simple medición de la inclinación de una tapa, convirtió a Formato Verde en la nueva adjudicataria provisional.
En febrero de 2022, el alcalde mostraba su simpatía por Formato Verde en redes sociales, deseando que ‘ganase el mejor y ganase la ciudad’. Pero cuando la firma ourensana perdió la primera adjudicación, les afeó no haber sido suficientemente competitivos. Ahora, la salida inesperada del Tacgal le devuelve a su candidato preferido.
La decisión no fue unánime. El interventor municipal dejó constancia de su disconformidad en acta: los pliegos de 2022 jamás definieron una metodología matemática concreta para medir la apertura de las tapas, y aplicar ahora un sistema nuevo equivalía, a su juicio, a vulnerar el principio de igualdad entre licitadores. Una advertencia que allana el camino a un nuevo recurso.
Contenur ya ha anunciado que estudia recurrir la reevaluación, lo que amenaza con devolver todo el expediente a la casilla de salida tras casi cuatro años de tramitación. Mientras, la ciudad sigue esperando los nuevos contenedores prometidos desde 2022.
El precedente del autobús urbano
El caso de los contenedores no es un accidente aislado. El mismo Tacgal acaba de anular la adjudicación del servicio de autobús urbano a la UTE liderada por Gavilanes con argumentos parecidos y reparos similares de la Intervención. La coincidencia revela un patrón de fragilidad en las grandes licitaciones gestionadas bajo el mandato de Jácome, donde el tribunal autonómico actúa cada vez más como árbitro de última instancia.
El Laboratorio Gallego
El Tacgal, un órgano creado por la Xunta en 2010 para resolver recursos de contratación en la comunidad, se ha convertido en un termómetro de la litigiosidad administrativa en Galicia. Su intervención en Ourense, un ayuntamiento gobernado por una fuerza localista ajena a los bloques estatales, muestra cómo el modelo gallego de control externo permea todos los niveles institucionales. Lo que se dirime en los despachos del tribunal compostelano tiene consecuencias directas sobre servicios básicos que afectan a miles de ciudadanos, pero también sobre la seguridad jurídica de las empresas.
La paradoja es que el vuelco del concurso ourensano, aunque formalmente correcto, ahonda en la desconfianza sobre los procedimientos de compra pública en toda España. La inseguridad que generan los cambios de criterio sobre la marcha, denunciada por el interventor, es el mismo fantasma que recorre cientos de licitaciones de grandes contratos municipales en Madrid, Barcelona o Valencia. En todos esos casos, los recursos ante los tribunales administrativos se han disparado, y los plazos medios de resolución de un concurso cuestionado superan ya los tres años.
En Galicia, el Tacgal ha tramitado más de 800 recursos desde su creación. Su jurisprudencia ha ido perfilando un estándar de exigencia que algunos ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, tienen dificultades para cumplir. El caso de Ourense ejemplifica cómo la combinación de pliegos imprecisos, recursos de los perdedores y reparos de la Intervención puede demorar sine die la renovación de un servicio esencial. La proyección inmediata apunta a un nuevo recurso de Contenur que, de prosperar, obligaría a retrotraer otra vez el expediente y, posiblemente, a redactar unos nuevos pliegos adaptados a las exigencias del tribunal. Mientras tanto, los viejos contenedores seguirán en las calles.
El fenómeno no es exclusivo de Galicia. En Madrid, el contrato de recogida de basuras lleva en los tribunales desde 2020, y en Barcelona, la adjudicación del servicio de limpieza viaria también fue anulada por el tribunal catalán de contratos. En todos ellos, el debate técnico sobre certificados y mediciones recuerda al que ahora enfrenta a Contenur y Formato Verde. La diferencia es que en Galicia, el Tacgal ha marcado una línea doctrinal exigente que obliga a los ayuntamientos a extremar el detalle de los pliegos desde el primer momento.
Mientras el legislador estatal sigue sin aprobar una reforma que agilice los recursos, los plazos de los grandes contratos públicos seguirán midiéndose en legislaturas enteras.
Ficha del Caso
- El caso: El contrato de 3,16 millones para 3.500 contenedores de basura en Ourense cambia de adjudicatario tras un recurso ante el Tacgal que obliga a reevaluar la oferta técnica.
- Datos importantes: Adjudicación inicial a Contenur en diciembre de 2025; anulada por el Tacgal; Formato Verde pasa a liderar con 75,67 puntos (frente a 73,80 de Contenur) tras la medición de la tapa. El interventor municipal advierte de posibles irregularidades.
- Resumen: Un desacuerdo milimétrico sobre la apertura de una tapa ha bastado para volver a poner en cuestión un proceso de contratación que acumula ya casi cuatro años de parálisis, reflejando los riesgos del actual modelo de licitación pública en España.
