Imanol Pradales cumple dos años al frente del Gobierno Vasco con un notable aumento de su valoración ciudadana (5,8 sobre 10), pero con claroscuros en la coalición PNV-PSE-EE y en la ejecución de las transferencias pendientes con el Estado.
Dos años de gestión: logros y frentes abiertos
El lehendakari ha logrado situarse como el político vasco mejor valorado, con una nota de 5,8 sobre 10 según el último Sociómetro del Eustat. En el plano internacional, destacó la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en 2025, quien pidió disculpas por el bombardeo de Gernika, y dos encuentros esta primavera con el papa León XIV. El lehendakari ha reforzado un perfil católico y de proyección exterior que le distancia del perfil más técnico de sus predecesores.
En materia migratoria, Pradales insiste en que los migrantes tienen ‘derechos pero también obligaciones’ y defiende la preservación de la identidad vasca. Aunque califica la situación política española de ‘pinta horrorosa’ por los casos de corrupción, el lehendakari mantiene una relación pragmática con el presidente Pedro Sánchez. Mientras el presidente del Gobierno siga en Moncloa, hay que aprovechar la ventana de oportunidad’, ha repetido. Para julio está prevista una reunión clave para cerrar acuerdos pendientes.
El principal de esos acuerdos es el traspaso completo de la Seguridad Social, que incluiría la gestión de las pensiones, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. Fuentes del Gobierno Vasco estiman que el volumen económico rondaría los 12.000 millones de euros anuales. Paralelamente, ya se ha cerrado la transferencia de las prestaciones por desempleo y la integración de Lanbide con el SEPE, que culminará en 2027.
La reforma del Estatuto de Gernika, que PNV, PSE-EE y EH Bildu negocian con el objetivo de ampliar el autogobierno, sigue sin avances concretos. Pradales anunció movimientos para junio que aún no han llegado. La falta de consenso interno y las elecciones generales en el horizonte dificultan el calendario.
El traspaso de la Seguridad Social, con una gestión estimada de 12.000 millones de euros anuales, sería la cesión competencial más relevante de la historia autonómica.
Coalición PNV-PSE-EE: discrepancias y el pulso con el Estado
Las tensiones entre los socios de gobierno se han agudizado en el último año. Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura, encabeza la reforma para blindar las exigencias de euskera en el empleo público, a la que el PSE-EE se opone frontalmente. El PNV amenaza con aprobarla por decreto si no logra el apoyo de EH Bildu. Mientras, el proyecto del Guggenheim en Urdaibai ha quedado enterrado y el préstamo del ‘Guernica’ del Picasso al Guggenheim de Bilbao no ha prosperado.
La vivienda se ha convertido en el primer problema de los vascos. Solo un 8% de la ciudadanía confía en las políticas del Gobierno, según el Sociómetro. Denis Itxaso, consejero de Vivienda, asegura estar en ‘actitud de combate’, pero los datos de ejecución de las promesas de construcción de vivienda protegida no despegan. El PSE-EE y el PNV también chocan en la política migratoria y en el modelo policial, agravado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu durante la llegada de activistas de la ‘Flotilla de la Libertad’ el pasado mes.
En el plano económico, el Gobierno vasco presume de estabilidad presupuestaria: el Parlamento aprobará en 2027 el tercer proyecto en otros tantos años, frente a la parálisis del Estado, que arrastra presupuestos prorrogados desde 2023. No obstante, la ejecución de los 1.000 millones de euros adicionales para proyectos industriales del ejercicio anterior genera dudas. Además, la crisis de Tubos Reunidos, en concurso de acreedores, ha tensado la relación con la SEPI estatal.
La primera ley vasca de Transparencia, aprobada por el Parlamento tras tres intentos fallidos, es uno de los logros legislativos de este segundo año. La consejera María Ubarretxena negocia además con el Estado la creación de un órgano de cogestión aeroportuaria, aunque los aeropuertos vascos seguirán siendo de titularidad estatal. Con la transferencia de la Seguridad Social aún en el aire y la reforma estatutaria estancada, la segunda mitad de la legislatura será determinante para el legado de Pradales.
