El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este miércoles por unanimidad la reforma de la ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera, que data de 1997, para permitir al Gobierno del Principado de Asturias rescatar concesiones mineras cuando sus titulares cometan infracciones muy graves. La iniciativa, tramitada por vía de urgencia, responde a la crisis laboral de Mina Miura, en el concejo de Ibias, donde los trabajadores llevan más de un año sin cobrar.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Junta General ha aprobado por unanimidad la reforma de la ley de infracciones mineras para permitir el rescate de concesiones ante infracciones muy graves.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno del Principado de Asturias, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, tras las protestas de los trabajadores de Mina Miura.
- ¿Qué impacto tiene? El Principado podrá retirar los derechos mineros a empresas que no cumplan sus obligaciones, abriendo la puerta a una nueva licitación para reactivar el empleo.
La reforma, que todos los grupos calificaron de “necesaria”, modifica la vetusta ley autonómica de 1997 para incluir el rescate de concesiones como una sanción administrativa adicional a las multas. Hasta ahora, el Principado no disponía de un mecanismo ágil para retirar los derechos de explotación a las empresas que incumplen de forma reiterada sus obligaciones, lo que dejaba a los trabajadores en una situación de indefensión mientras los procesos judiciales se eternizaban.
La medida se tramitó por el procedimiento de urgencia y contó con el apoyo de todos los grupos: PSOE, PP, Vox, IU/CA, Foro Asturias y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Un consenso casi insólito en una legislatura marcada por el ruido político y las tensiones entre el gobierno de Adrián Barbón (PSOE) y la oposición.
Qué cambia con la reforma de la ley de infracciones mineras
El texto introduce la posibilidad de que la administración regional pueda “rescatar” o revocar una concesión minera cuando la empresa titular incurra en infracciones muy graves. Según defendió el diputado socialista Jacinto Braña, «no se trata únicamente de castigar una conducta infractora sino de cuestionar la continuidad de la actividad cuando las condiciones que la legitimaban han dejado de concurrir». La herramienta, subrayó, está sometida a todas las garantías del proceso administrativo, por lo que no será arbitraria.
Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Alonso, reconoció que fueron las movilizaciones de la plantilla de Mina Miura las que hicieron “ver la luz” a los grupos políticos sobre la necesidad de actualizar una norma que se había quedado obsoleta. «Ese marco ha cambiado», afirmó. Desde Vox, Gonzalo Centeno vinculó la reforma al pánico generado tras el accidente de Cerredo/Zarréu, donde fallecieron cinco trabajadores, y criticó que la administración hubiera suspendido los Proyectos de Investigación, afectando también a empresas solventes.
Asturias dota a su administración de una capacidad que hasta ahora no tenía: la de decir basta a las empresas que ponen en riesgo a sus trabajadores.
El portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, celebró que los grupos hubieran superado sus diferencias “evitando el ruido” para respaldar a una plantilla que lleva más de un año sin cobrar, en manos, dijo, de “auténticos sinvergüenzas”. De forma similar, el diputado de Foro, Adrián Pumares, destacó que la iniciativa nacía de la sociedad civil y permitía “desterrar una laguna” legal. La diputada Tomé insistió en que el objetivo último es proteger la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.
Mina Miura, el detonante de una movilización sin precedentes
La situación de Mina Miura se volvió insostenible después de que los trabajadores protagonizaran una marcha a pie desde Ibias hasta Oviedo y un encierro de quince días para exigir el pago de sus nóminas. El propietario de la mina, a través de la empresa Carbones La Vega, había adquirido los derechos mineros en octubre pasado, pero nunca llegó a abonar los salarios. El Servicio de Minas ya había calificado en mayo la infracción como muy grave, con una multa de 30 000 euros, y el Gobierno asturiano publicó el 1 de junio una nueva instrucción para endurecer los requisitos de transmisión de derechos mineros, reforzando la obligación de acreditar solvencia técnica y económica.
Con esta reforma, el Principado dispondrá de la herramienta definitiva para extinguir la concesión de Mina Miura y, una vez revertida, licitar de nuevo el yacimiento para que una empresa solvente pueda reactivar el empleo. Los mineros llevan más de un año sin cobrar , y ahora ven una salida real. La medida, además, sienta un precedente para cualquier otra explotación que incumpla de forma grave las normas de seguridad o laborales.
El Pulso Territorial
En Asturias, la minería sigue siendo un eje sensible que trasciende las líneas partidistas. El gobierno de Adrián Barbón, en minoría con solo 20 de los 45 escaños de la Junta General, ha encontrado en esta reforma un respaldo unánime que contrasta con las tensiones habituales en otros debates. La tragedia de Cerredo/Zarréu —cinco fallecidos— y la desesperación de los mineros de Ibias han empujado a todos los grupos a dejar de lado las diferencias y priorizar el instrumento legal. La norma sitúa a Asturias en la vanguardia de las comunidades mineras: mientras Castilla y León también ha ido actualizando su regulación tras el accidente de Cerredo, el rescate administrativo de concesiones es una figura pionera. Ahora, el Principado deberá redactar el desarrollo reglamentario para aplicar la ley y actuar sin demora sobre Mina Miura. Los sindicatos mineros vigilan de cerca: si la administración demora la extinción de la concesión, el consenso podría resquebrajarse. La prueba de fuego para la nueva herramienta será, precisamente, el caso que la hizo nacer.
Ficha Autonómica
- El caso: La reforma de la ley de seguridad minera, aprobada por unanimidad en la Junta General, surge de la crisis de Mina Miura, una explotación de carbón en Ibias cuyos trabajadores llevan más de un año sin cobrar y de las consecuencias del accidente de Cerredo/Zarréu, donde fallecieron cinco mineros.
- Datos importantes: La ley de 1997 no contemplaba el rescate de concesiones; ahora se incorpora como sanción para infracciones muy graves. La reforma se tramitó por vía de urgencia y fue respaldada por todos los grupos. Además, el Principado endureció el 1 de junio los requisitos para la transmisión de derechos mineros.
- Resumen: El Principado dispondrá de un mecanismo administrativo para retirar concesiones a empresas incumplidoras y podrá licitar de nuevo la explotación, abriendo la posibilidad de recuperar los puestos de trabajo en Mina Miura.
