EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Senado de EE.UU. ha aprobado una resolución que obliga al presidente a retirar las fuerzas del conflicto con Irán.
- ¿Quién está detrás? La votación, de 50 a 48, contó con el respaldo de toda la bancada demócrata y cuatro senadores republicanos.
- ¿Qué impacto tiene? Es la primera resolución conjunta de poderes de guerra desde 1973 y supone un desafío constitucional a la autoridad del ejecutivo en política exterior.
El Senado de EE.UU. aprobó una resolución que obliga a retirar las fuerzas del conflicto con Irán, un revés histórico para Donald Trump. La votación, ajustada (50 a favor y 48 en contra), marca la primera vez que ambas cámaras del Congreso aprueban una resolución conjunta de poderes de guerra desde que se aprobara la Ley de Poderes de Guerra en 1973, según recogen fuentes de Defense News. La Cámara de Representantes ya había dado luz verde a la medida a principios de mes con un resultado de 215 votos a favor y 208 en contra.
El texto aprobado este martes en el Senado insta al presidente a retirar las tropas de las hostilidades en Irán, un conflicto que se desató el pasado 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra el régimen de Teherán. La resolución, sin embargo, no necesita la firma de Trump para entrar en vigor según la ley de 1973, lo que ha desatado un debate sobre su validez constitucional. La Casa Blanca insiste en que las hostilidades cesaron con el alto el fuego del 7 de abril, por lo que considera que la medida carece de objeto.
Un partido republicano que se resquebraja
La iniciativa ha sacado a la luz las grietas en el bloque republicano. Solo cuatro senadores republicanos —Susan Collins, Rand Paul, Bill Cassidy y Lisa Murkowski— votaron a favor junto a todos los demócratas salvo uno, John Fetterman. Dos senadores de peso, Mitch McConnell y David McCormick, estuvieron ausentes, lo que permitió que la resolución saliera adelante con una mayoría tan exigua. En la Cámara, el episodio fue similar: solo cuatro republicanos respaldaron la medida y todos los demócratas la apoyaron.
El resultado refleja el creciente malestar incluso dentro de las filas del expresidente sobre un conflicto que, según un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el mismo martes, solo uno de cada cuatro estadounidenses considera que ha valido la pena. A ello se suma la expectativa de que la administración solicite al Congreso decenas de miles de millones de dólares para financiar el esfuerzo bélico, justo cuando se acercan las elecciones legislativas de noviembre.
Trump reaccionó en un mensaje publicado la noche del martes calificando la resolución de “mal sincronizada y sin sentido” y acusando a quienes la apoyaron de dar “consuelo a Irán” y dificultar su trabajo. Su administración mantiene que las hostilidades terminaron con el alto el fuego del 7 de abril y, por tanto, la medida ya no es necesaria.
Es la primera vez desde 1973 que ambas cámaras del Congreso desafían la autoridad bélica de un presidente usando una resolución conjunta.
Una resolución sin dientes: la batalla legal que se avecina
Bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973, una resolución concurrente aprobada por ambas cámaras no se envía a la Casa Blanca para su firma. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictaminó en 1983 que una medida de este tipo sí debe ser presentada al presidente para que tenga fuerza legal. Eso deja la resolución del Senado en un limbo jurídico que, según expertos, probablemente se resolverá en los tribunales.
La Casa Blanca ha defendido que la ley de 1973 no es constitucional y, por tanto, no es vinculante. Un portavoz oficial declaró este martes que la votación no tiene “ninguna trascendencia” porque la medida carece de fuerza legal. Scott Anderson, investigador del Brookings Institution y editor de Lawfare, explica que “el ejecutivo probablemente la ignorará alegando inconstitucionalidad, y no está claro quién podría tener legitimación para demandar su cumplimiento”.
Los demócratas, por el contrario, insisten en que la Constitución otorga al Congreso la prerrogativa de llevar al país a la guerra. El senador Tim Kaine afirmó en su intervención: “El Congreso debe asumir esta responsabilidad”. El representante Gregory Meeks, patrocinador de la resolución en la Cámara, ha prometido explorar todas las vías legales para asegurar su cumplimiento. La batalla constitucional está servida y podría prolongarse hasta mucho más allá de las elecciones de noviembre.
Equilibrio de Poder
La resolución del Senado introduce un nuevo factor de incertidumbre en un conflicto que ya había alterado profundamente la seguridad energética y la estabilidad en Oriente Próximo. El eje Washington-Moscú-Bruselas se resiente: mientras Estados Unidos parece descender un escalón en su implicación militar, la administración Trump mantiene la amenaza de retomar las hostilidades si fracasan las negociaciones de paz. Moscú, que ha mantenido una estrecha colaboración con Irán, observa con satisfacción cualquier muestra de debilidad institucional en Washington. Bruselas, mientras tanto, acelera sus esfuerzos por dotarse de una autonomía estratégica que reduzca su dependencia de las decisiones unilaterales de la Casa Blanca.
Para España, el impacto es directo y tiene dos vertientes. Por un lado, la crisis de Irán ha elevado de forma constante la prima de riesgo sobre el suministro de crudo y ha encarecido el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Cada escalada eleva los costes energéticos de una economía que todavía arrastra una elevada dependencia exterior. Por otro, la estrategia diplomática española, tradicionalmente partidaria del multilateralismo, ve reforzada la necesidad de impulsar canales de diálogo europeos con Teherán. La decisión del Senado estadounidense, por muy simbólica que resulte, legitima a quienes en la UE abogan por explorar una solución diplomática que evite un nuevo ciclo de violencia en la región.
En el corto plazo, el mayor riesgo es que Trump, debilitado políticamente, utilice la resolución para radicalizar su discurso y tensar aún más la cuerda con Irán. El precedente histórico de la Crisis de los Rehenes de 1979 muestra cómo un pulso entre el ejecutivo y un Congreso dividido puede alargar un conflicto de manera impredecible. A cinco años vista, la batalla legal sobre los poderes de guerra podría redefinir el reparto constitucional de competencias en política exterior, un debate que no solo afecta a la Casa Blanca sino a los equilibrios de todas las democracias que observan atentas cada paso del Senado.
