La Ertzaintza vuelve a estar en el centro del debate sobre la seguridad en Euskadi después de que nueve ertzainas y dos agentes de policías locales tuvieran que ser atendidos tras tres incidentes registrados en Vitoria, Eibar y Mondragón. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha aprovechado estos episodios para reclamar responsabilidades políticas y exigir la dimisión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, al considerar que los agentes se encuentran en una situación de «desamparo» por parte del Departamento de Seguridad.
La organización sindical sostiene que las agresiones contra los policías no pueden convertirse en una circunstancia asumida como habitual dentro del trabajo policial. Su denuncia apunta no solo a los hechos ocurridos durante las últimas intervenciones, sino también a lo que considera una falta de efectivos, medios y respaldo institucional para afrontar situaciones de riesgo.

Tres incidentes dejan agentes heridos
El episodio que ha provocado la reacción del sindicato se suma, según Si.P.E., a otros incidentes registrados en distintos puntos de Euskadi. En uno de los altercados, un grupo numeroso de personas habría arremetido contra los recursos policiales mediante el lanzamiento de botellas, vasos de cristal y sillas, provocando heridas a varios ertzainas.
El sindicato ha condenado de forma rotunda las agresiones y ha trasladado su reconocimiento a los agentes que intervinieron. Su argumento es que son los policías quienes deben situarse en primera línea para restablecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana, incluso cuando las circunstancias se vuelven especialmente peligrosas.
Pero Si.P.E. considera insuficiente una respuesta institucional limitada a condenar las agresiones después de que se produzcan. El sindicato reclama que la protección comience antes de la intervención, mediante una dotación suficiente de efectivos, medios materiales y condiciones de trabajo adecuadas para afrontar situaciones potencialmente violentas.
La organización sindical resume su posición con una crítica directa al Departamento de Seguridad: las palabras de respaldo a los agentes no serían suficientes si no se traducen en recursos concretos para quienes trabajan en la calle.
El sindicato denuncia falta de efectivos
La denuncia de Si.P.E. no se limita a las agresiones. El sindicato vincula la situación con la política de personal de la Ertzaintza y asegura que existen unidades operativas tensionadas, falta de efectivos y llamamientos extraordinarios durante días libres. A ello añade las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y una política de personal que, a su juicio, no estaría respondiendo a las necesidades reales de los servicios policiales.
Uno de los principales focos de preocupación para la organización es precisamente el recurso recurrente a los llamamientos extraordinarios para cubrir las carencias de plantilla. Si.P.E. sostiene que esta práctica termina afectando al descanso de los agentes, dificulta la conciliación y mantiene a determinadas unidades sometidas a una presión permanente.
El sindicato considera que utilizar de forma habitual a los agentes en sus días libres para cubrir las necesidades del servicio no puede convertirse en el mecanismo ordinario para garantizar la seguridad pública en Euskadi. En su opinión, las deficiencias de planificación no deben acabar siendo compensadas mediante sacrificios individuales de los policías.
Esta crítica introduce una segunda dimensión en el debate: además de la seguridad de los ciudadanos, está en juego la capacidad de la propia Ertzaintza para mantener sus unidades operativas suficientemente dotadas ante situaciones imprevistas.
«Cada botella lanzada puede provocar una tragedia»
El sindicato insiste especialmente en la gravedad que atribuye al lanzamiento de objetos contra los agentes. Botellas, vasos de cristal o mobiliario, sostiene Si.P.E., no deben ser considerados simples incidentes menores ni circunstancias inherentes al trabajo policial.
La organización reclama que los agentes lesionados y todos los policías que participaron en las intervenciones reciban respaldo jurídico, asistencial e institucional, además de que se adopten las acciones legales correspondientes contra quienes hayan participado en las agresiones.
El planteamiento del sindicato parte de una idea central: la protección de los agentes no debería comenzar después de una agresión, sino antes. Para Si.P.E., disponer de suficientes policías y recursos adecuados puede resultar determinante cuando una intervención pasa en cuestión de segundos de una situación ordinaria a un escenario de violencia.
La organización sostiene que detrás de cada agente existe una responsabilidad institucional que no puede reducirse a una declaración pública de condena cuando ya se han producido heridos.

Si.P.E. pide la dimisión de Bingen Zupiria
La parte más contundente de la nota de prensa llega cuando Si.P.E. atribuye directamente al máximo responsable del Departamento de Seguridad la responsabilidad sobre la situación que, según el sindicato, atraviesa actualmente la Ertzaintza.
La organización considera que ya no se trata de errores puntuales de gestión, sino de un problema relacionado con el modelo, la planificación, los efectivos y la conciliación, al que añade una cuestión especialmente sensible: la pérdida de confianza de los policías hacia quienes deberían protegerlos y respaldarlos.
Por este motivo, Si.P.E. exige expresamente la dimisión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. El sindicato sostiene que quien afirma públicamente que las agresiones contra los agentes son inadmisibles debe demostrarlo mediante medidas concretas que garanticen efectivos suficientes, medios materiales, protección jurídica, condiciones laborales adecuadas y respaldo institucional.
La reivindicación final del sindicato queda resumida en un mensaje dirigido al Departamento de Seguridad: menos declaraciones y más efectivos, más medios, más respaldo y más protección. Una reclamación que coloca de nuevo sobre la mesa las condiciones en las que trabajan los agentes de la Ertzaintza y la respuesta institucional ante las agresiones que sufren durante sus intervenciones.
