El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana exigió este martes a Idealista la retirada de los anuncios de viviendas de protección oficial (VPO) que incluyen pagos adicionales encubiertos, una práctica que el Gobierno Vasco considera incompatible con la normativa vigente. El requerimiento, fechado el 22 de junio, advierte de que se realizarán inspecciones para verificar que los contenidos han sido eliminados, según confirmaron fuentes del propio departamento.
La medida se enmarca en la estrategia contra las prácticas irregulares en el mercado inmobiliario que puso en marcha el Ejecutivo de Imanol Pradales a principios de 2026. Hasta ahora, los esfuerzos se centraban en los alquileres turísticos y las viviendas vacías, pero con esta notificación se extiende el control al ámbito de la vivienda protegida, un segmento prioritario para la política de acceso a la vivienda en Euskadi.
El sobreprecio encubierto: concepto y prohibición legal
El sobreprecio encubierto consiste en exigir al comprador o arrendatario de una vivienda de protección oficial (VPO) una cantidad adicional que no figura en el precio máximo legalmente autorizado. La Ley vasca de Vivienda prohíbe cualquier pago ajeno a la calificación del inmueble, y habilita al departamento para requerir a las plataformas la retirada de los anuncios que contravengan esta norma.
Según los técnicos de inspección, la práctica se materializa a menudo mediante cobros por conceptos como «mobiliario», «gestión» o «mejoras», que encarecen de facto el precio de la VPO. El departamento ha intensificado la vigilancia en los portales digitales tras detectar un aumento de este tipo de anuncios en los últimos meses, y no descarta actuar contra otras plataformas si persisten las irregularidades.
En paralelo, el Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha lanzado una campaña de rastreo en el terreno digital inmobiliario. Los inspectores han examinado 43 páginas web —40 pertenecientes a agencias inmobiliarias y tres a grandes plataformas de intermediación— para comprobar si cumplen con los requisitos de transparencia en la oferta de alquiler. El análisis concluyó que ninguna de ellas satisfacía íntegramente la normativa.
La acción simultánea sobre VPO y alquiler refleja la voluntad del Gobierno vasco de eliminar opacidades en todos los frentes del mercado inmobiliario.
Entre las deficiencias más comunes, Kontsumobide detectó la falta de mencion de la condición de «zona tensionada», un dato que influye de manera directa en los derechos y obligaciones del inquilino. También se omitía, en la mayoría de los casos, la renta anterior del inmueble en los últimos cinco años, así como el índice de referencia de precios aplicable, lo que impide al consumidor disponer de una información completa.
Consecuencias y segunda fase sancionadora
Como respuesta, Kontsumobide ha anunciado el inicio de una segunda fase de control, ya dotada de capacidad sancionadora, en la que comprobará si las empresas corrigen los fallos detectados. De no hacerlo, se abrirán los correspondientes expedientes, según ha confirmado el organismo.
Además, el instituto ha remitido escritos a los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y a las plataformas evaluadas para informarles del resultado del rastreo y recordarles sus obligaciones legales. En esas comunicaciones se recalca que la información publicitaria debe ser «veraz, eficaz y suficiente» y se prohíbe expresamente que se trasladen al inquilino costes como la gestión inmobiliaria o la formalización del contrato, prácticas que, según el organismo, se han extendido sin base legal.
La actuación vasca se apoya en una competencia normativa singular dentro del Estado. El Concierto Económico permite a Euskadi desarrollar una política de vivienda con alto grado de autonomía, lo que explica que pueda imponer exigencias a portales de alcance nacional como Idealista. Este hecho ha despertado el interés de otras administraciones autonómicas, que observan el modelo vasco como posible referencia para reforzar el control sobre la publicidad de VPO digital.
La Comisión de Vivienda del Parlamento Vasco podría abordar el asunto en su próxima sesión ordinaria, si algún grupo parlamentario lo solicita. Por el momento, Idealista no ha hecho declaraciones públicas sobre el requerimiento, y el departamento de Vivienda confía en que la plataforma retire los anuncios antes de que se inicien las inspecciones.
