La Audiencia de Barcelona sienta este martes 30 de junio en el banquillo a los antiguos máximos responsables sanitarios de la Generalitat por haber paralizado presuntamente la vacunación contra la covid-19 de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en Cataluña. Cinco años después de aquel episodio y tras una larga instrucción, la justicia intenta dilucidar si hubo prevaricación administrativa.
La Fiscalía acusa a la exconsellera de Salut, Alba Vergés (ERC); al que fuera secretario general del Departament de Salut, Marc Ramentol; al exdirector del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon; y al exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella. Para todos ellos solicita 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo.
De la suspensión clínica a la parálisis política
El origen de la causa se remonta a marzo de 2021, cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó priorizar la administración de AstraZeneca a colectivos esenciales, entre ellos los cuerpos policiales. Salut había diseñado incluso un dispositivo de vacunación masiva en el Aeropuerto de Barcelona previsto para mediados de marzo. Pero el 15 de marzo se suspendió temporalmente la vacuna en toda España tras detectarse trombos.
Una semana después, el Consejo Interterritorial autorizó reanudar la inmunización y amplió la edad de aplicación hasta los 65 años. Es a partir de ese momento, según sostiene la acusación, cuando los responsables de Salut decidieron mantener paralizada la vacunación de los agentes estatales, priorizando a otros colectivos.
Según la Fiscalía los acusados eran plenamente conscientes de la enorme diferencia que existía entonces entre los distintos cuerpos. Mientras los Mossos d’Esquadra presentaban una cobertura vacunal cercana al 77%, la Guardia Civil apenas alcanzaba el 2,8% de agentes vacunados y la Policía Nacional el 3,6%. Las policías locales y los bomberos se situaban en cifras similares a las de la policía autonómica.
Mientras los Mossos d’Esquadra alcanzaban el 77% de vacunados, la Guardia Civil y la Policía Nacional no superaban el 4%. La Generalitat mantuvo inactivo un plan de vacunación que ya tenía organizado.
La intervención judicial que forzó la rectificación
La situación llegó a los tribunales después de que los sindicatos policiales JUPOL y JUCIL interpusieran un recurso contencioso-administrativo por discriminación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) adoptó medidas cautelares y, el 27 de abril de 2021, ordenó al Departament de Salut vacunar de manera inmediata a los agentes estatales hasta igualar la cobertura de los Mossos. Gracias a esa resolución, más de 4.800 policías nacionales y guardias civiles fueron inmunizados en las primeras semanas de mayo.
El juicio, que se prolongará durante diez sesiones hasta mediados de julio, contará con la declaración de los cuatro acusados, mandos de los cuerpos afectados y abundante prueba documental. Correos electrónicos internos y cronologías de la campaña de vacunación serán determinantes para acreditar si hubo arbitrariedad.
Lo que el juicio revela sobre la gestión soberanista de la pandemia
El proceso judicial no solo examina una decisión administrativa. Coloca en el centro del debate la gestión diferenciada que la Generalitat hizo de los cuerpos policiales durante los meses más tensos de la crisis sanitaria. La instrucción ha revelado comunicaciones que a juicio de la Fiscalía demuestran que la parálisis no obedeció a criterios sanitarios sino a una voluntad deliberada de marginar a los agentes dependientes del Estado.
La presencia de Alba Vergés en el banquillo es especialmente sensible para ERC. La exconsellera fue una de las figuras más activas en la defensa de la soberanía sanitaria durante la pandemia y su eventual inhabilitación tendría un fuerte impacto simbólico en el relato que el independentismo ha construido sobre aquellos meses. A pocos meses de que el Govern de Salvador Illa haya tenido que negociar con los republicanos los presupuestos, el juicio puede reabrir heridas internas y colocar a la formación independentista en una posición incómoda frente a su electorado, que siempre ha visto la pandemia como un espacio de resistencia frente al Estado.
Más allá de las responsabilidades penales, el caso vuelve a poner de relieve la politización de las decisiones sanitarias en Cataluña durante la pandemia. La sospecha de que la Generalitat utilizó sus competencias para trazar una línea divisoria entre lo propio y lo estatal —incluso en algo tan sensible como las vacunas— no ha desaparecido, y esta vista oral puede avivar un debate que el Govern de Illa preferiría mantener enterrado.
El veredicto, lejos de ser inmediato, previsiblemente no llegará al menos hasta finales de año. Pero las diez sesiones que arrancan esta semana condicionarán la lectura política de una etapa que todavía condiciona la relación entre Cataluña y el Gobierno central.
