Fondos europeos Cuna del Alma: 28.700 euros de Next Generation en Tenerife y 20 millones de deuda

Una subvención de 28.773 euros concedida en 2023 para placas solares revela que la controvertida promotora turística se benefició de fondos europeos mientras el proyecto estaba paralizado por sanciones ambientales. La empresa arrastra una deuda de más de 20 millones de euros y en

Una subvención de apenas 28.773 euros ha puesto el foco en el polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el sur de Tenerife. La promotora, Segunda Casa Adeje, recibió estos fondos europeos en marzo de 2023 para instalar placas solares, en un momento en que sus obras estaban paralizadas por orden del Gobierno de Canarias y la iniciativa acumulaba sanciones ambientales.

Una ayuda concedida con las obras suspendidas

Los detalles de la subvención aparecen en las cuentas de 2024 de Segunda Casa Adeje, donde se revela que la empresa obtuvo 28.773 euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. La ayuda, destinada a financiar parcialmente una instalación fotovoltaica cuyo coste total ascendió a 98.600 euros, se enmarcaba en una convocatoria lanzada en 2021 por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, entonces en manos del Pacto de las Flores —coalición liderada por el PSOE con Nueva Canarias, Podemos y ASG.

La convocatoria se resolvió mediante el sistema de concurrencia no competitiva: la administración concedió las ayudas por orden de llegada de las solicitudes, sin evaluar la calidad de los proyectos. Quienes registraron antes su petición tuvieron más posibilidades de acceder al dinero. La línea de autoconsumo en el sector servicios, dotada con cinco millones de euros, fue una de las que permitió a la promotora de Cuna del Alma captar los fondos.

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La empresa, pese a tener las obras suspendidas desde octubre de 2022 por tres expedientes sancionadores del Gobierno canario, pudo beneficiarse de esta línea de subvenciones. La suspensión de las obras se prolongó hasta el verano de 2024, cuando el actual ejecutivo, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, archivó dos de los tres procedimientos. Solo prosperó la sanción de 230.000 euros por daños al patrimonio arqueológico, muy por debajo de los 600.000 euros inicialmente propuestos.

La subvención quedó registrada en el Portal de Subvenciones del Gobierno de Canarias el 28 de enero de 2025, casi dos años después de su concesión. La propia promotora ha confirmado que el proceso de justificación ha sido aceptado. Sin embargo, el proyecto no ha dejado de acumular problemas: la deuda con sus propios socios supera los 20 millones de euros y al menos seis procedimientos judiciales acechan a la iniciativa.

Una maraña judicial y una deuda que no frena las inversiones

Las denuncias en los tribunales van desde la traslocación de la viborina triste —la planta protegida que mantuvo en jaque las obras— hasta la presunta inacción de la Viceconsejería de Cambio Climático ante un posible daño ambiental. En la vía penal, la Asociación Puertito Libre ha logrado paralizar una pequeña porción del proyecto, apenas 2.394 metros cuadrados de los 430.000 previstos, por su impacto en la zona de costas.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en el reparto de los fondos europeos. La convocatoria de Canarias no exigía un análisis de la viabilidad económica o ambiental de los promotores, algo que, según fuentes jurídicas, podría haberse implementado. El proyecto Cuna del Alma, con todas sus controversias, se alzó con una pequeña ayuda pública mientras el Gobierno regional debatía en paralelo si sancionar a sus responsables.

Un proyecto con 20 millones de deuda y múltiples procedimientos judiciales recibió 28.773 euros de fondos europeos para placas solares mientras sus obras estaban detenidas por orden del Gobierno de Canarias.

El Pulso Territorial

La concesión de esta ayuda se produjo bajo el mandato del Pacto de las Flores, una coalición de izquierdas que gobernó Canarias entre 2019 y 2023. La llegada al poder de Coalición Canaria y el PP en las elecciones autonómicas de 2023 trajo consigo un giro en la gestión de los expedientes sancionadores del proyecto: dos de los tres fueron archivados. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo no ha puesto en cuestión la subvención recibida, pese a que las obras seguían paralizadas en el momento de la concesión.

En el contexto autonómico, Canarias fue una de las comunidades que optó por sistemas de concurrencia no competitiva para agilizar la ejecución de los fondos Next Generation, al igual que otras regiones como Murcia o Castilla-La Mancha. La otra cara de esa agilidad es, como muestra el caso de Cuna del Alma, la ausencia de filtros que eviten que empresas en situación de irregularidad administrativa accedan a dinero público. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el archipiélago es una de las comunidades con menor nivel de auditorías previas en este tipo de convocatorias.

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Lo que viene ahora es una larga travesía judicial. Los seis procedimientos abiertos seguirán su curso y la atención se centra en si el actual Gobierno de Canarias revisará sus protocolos de supervisión o si casos como este se repetirán en futuras convocatorias. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027, pondrán a prueba el modelo de gestión de los fondos europeos en el archipiélago.

Ficha Autonómica

  • El caso: La promotora del macroproyecto turístico Cuna del Alma, en Tenerife, recibió una subvención de 28.773 euros de los fondos Next Generation en 2023, mientras sus obras estaban suspendidas por sanciones ambientales y la empresa acumula 20 millones de deuda.
  • Datos importantes: La ayuda se concedió mediante concurrencia no competitiva en una convocatoria de autoconsumo. La instalación de paneles solares costó 98.600 euros, de los que la UE financió el 29%. El proyecto enfrenta seis procesos judiciales y una sanción de 230.000 euros por daños arqueológicos.
  • Resumen: El caso ha saltado a la luz tras la publicación de las cuentas de la empresa y revela las debilidades de control en la gestión de fondos europeos en Canarias. La actual coalición de gobierno (CC-PP) archivó dos de los tres expedientes sancionadores, mientras los tribunales siguen su curso.