La Audiencia Nacional encara esta semana la recta final del juicio de la Operación Kitchen con la declaración de los tres últimos acusados, inspectores de la Policía Nacional para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita el archivo al no apreciar indicios de delito en su actuación.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué está ocurriendo? El juicio por el presunto espionaje a Luis Bárcenas se acerca a su fase final con la comparecencia de los inspectores y conmisarios José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y José Luis Olivera.
- ¿Cuándo y dónde? Las declaraciones se desarrollan entre el lunes y el martes, a partir de las 10.00 horas, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
- ¿Qué piden las partes? Anticorrupción pide el archivo para los tres inspectores; la acusación particular reclama 41 años de cárcel para cada uno y las acusaciones populares entre 32 y 39 años.
La recta final de un juicio con más de cien testigos
Tras la comparecencia de estos tres agentes —los últimos en subir al estrado—, el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios deberá resolver sobre la reproducción de las declaraciones prestadas durante la instrucción. A continuación, la vista oral entrará en la fase de informes: la Fiscalía, las defensas y las acusaciones expondrán sus conclusiones antes de que la causa quede vista para sentencia. Fuentes jurídicas sitúan ese momento entre julio y septiembre, lo que situaría el desenlace del procedimiento en el último trimestre del año.
La Operación Kitchen investiga el presunto dispositivo de espionaje desplegado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo, según la acusación, de sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas y frenar las pesquisas sobre la presunta contabilidad opaca del partido. El juicio arrancó el 6 de abril y por la sala han desfilado más de un centenar de testigos, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y el propio Bárcenas.
La paradoja penal: archivo frente a peticiones de 41 años
La posición del Ministerio Público respecto a los tres últimos acusados genera una de las mayores tensiones del caso. Mientras la Fiscalía Anticorrupción no encuentra base para acusar a los inspectores Fuentes Gago, Díaz Sevillano y Olivera, la acusación particular —ejercida por la familia Bárcenas— solicita 41 años de prisión para cada uno de ellos. Las acusaciones populares del PSOE y Podemos elevan sus peticiones a entre 32 años y cuatro meses y 39 años, respectivamente.
Antes que ellos, ya declararon el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; su exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; el comisario Andrés Gómez Gordo; y Sergio Ríos, exchófer del extesorero. Para la mayoría de ellos, Anticorrupción mantiene peticiones elevadas: 15 años para Fernández Díaz, Martínez, Pino y Gómez Gordo; 19 años para Villarejo; 12 años y cinco meses para Ríos; y dos años y medio para el exjefe de Asuntos Internos.
La Fiscalía Anticorrupción reclama el archivo para los tres inspectores, pero la acusación particular pide 41 años de cárcel para cada uno de ellos.
En el banquillo no se sentará el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño, pieza clave en la investigación por haber dirigido la vigilancia a la mujer de Bárcenas. Fue exonerado por «incapacidad mental sobrevenida» tras sufrir un ictus en 2022.
El Contexto Operativo
El proceso judicial de la Operación Kitchen se desarrolla en un contexto de creciente exigencia de transparencia hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque los datos globales de eficacia policial no reflejan una crisis institucional. Según los últimos balances del Ministerio del Interior, la Policía Nacional mantiene una tasa de esclarecimiento superior al 70% en investigaciones complejas y llevó a cabo en 2025 más de 80.000 operaciones contra el crimen organizado y la corrupción con resultados firmes en sede judicial. En paralelo, los procedimientos internos de control y las unidades de asuntos internos han reforzado sus mecanismos de supervisión, un factor que el propio Ministerio ha vinculado a la detección temprana de conductas irregulares.
La causa Kitchen, más allá de su dimensión política, constituye un ejemplo de cómo el sistema judicial procesa presuntas desviaciones en el seno de la Administración. Con independencia del sentido de la sentencia, el hecho de que los hechos hayan llegado a juicio y que las acusaciones particulares y populares puedan ejercer su derecho demuestra —según fuentes del Ministerio del Interior— que los mecanismos de control funcionan. La previsión de que el fallo se conozca a finales de 2026 o principios de 2027 enmarca el desenlace en un momento de renovación orgánica en la cúpula policial, sin que ello afecte, según los mismos medios, a la operatividad diaria del Cuerpo.
