Treinta y cuatro países europeos acordaron esta semana la creación de un tribunal especial para juzgar a Vladímir Putin por el crimen de agresión contra Ucrania. España figura entre ellos, en una decisión que refuerza su perfil como defensor del orden jurídico internacional.
El acuerdo —que también incluye a Australia y Costa Rica— responde a una demanda de Kiev que se arrastra desde el mismo inicio de la invasión, el 24 de febrero de 2022. Lo que ahora toma forma es un mecanismo judicial ad hoc, pensado para cubrir una laguna legal que la Corte Penal Internacional (CPI) no puede salvar por sí sola.
La CPI carece de jurisdicción plena sobre el crimen de agresión cuando el Estado agresor no es signatario del Estatuto de Roma, como es el caso de Rusia. De ahí la necesidad de un crimen de agresión. Para España, apoyar este tribunal es coherente con su tradición multilateralista y su apuesta por un mundo basado en reglas.
Un tribunal para juzgar el crimen de agresión
El argumento jurídico se apoya en el precedente de Núremberg. Los jueces aliados definieron entonces la guerra de agresión como “el crimen supremo”, porque sin él no se habrían producido los crímenes de guerra ni los crímenes contra la humanidad que le siguieron. Ochenta años después, la lógica se repite en Ucrania.
El nuevo tribunal no se ocupará de atrocidades concretas, sino de la decisión de invadir. Apuntará directamente a la cúpula política y militar rusa, incluido el presidente Putin. La iniciativa no nace de la improvisación: ya en 2022 el presidente ucraniano Volodímir Zelenski solicitó su creación, y desde entonces se ha ido tejiendo una coalición de voluntades.
El crimen de agresión es el crimen supremo: sin él no habría habido invasión, muertes ni destrucción en Ucrania. Por eso la respuesta debe ser jurídica, no solo económica.
Los números de la guerra explican por qué la comunidad internacional siente la obligación de actuar. Casi 1,8 millones de bajas militares, más de 15.000 civiles muertos y al menos 40.600 heridos, según estimaciones de organismos internacionales, dibujan un cuadro de devastación masiva. Más de seis millones de refugiados han salido del país.
Pero el tribunal no busca venganza. Se trata de fijar responsabilidades penales individuales y de enviar un mensaje inequívoco: iniciar una guerra de agresión no sale gratis. Los procesos penales internacionales, aunque lentos, debilitan la narrativa del agresor.
Qué papel juega España en esta iniciativa
España no es un actor periférico en este movimiento. Desde el principio, el Gobierno ha respaldado las sanciones europeas y ha ofrecido apoyo humanitario, logístico y militar a Ucrania. Ahora, al sumarse al tribunal especial, el país consolida su imagen como socio fiable en la defensa del derecho internacional.
Para las empresas españolas, la credibilidad de un Estado que respeta las reglas es un activo intangible clave. Las decisiones judiciales internacionales afectan contratos y la reputación de las marcas españolas en el exterior. Apoyar este tribunal es, por tanto, una apuesta por un entorno predecible para los negocios.
España alberga además una larga tradición de cooperación con tribunales penales internacionales. Fue socio activo en la creación de la CPI y ha colaborado con los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda. El nuevo tribunal especial se alinea con ese legado, y permite a España proyectar su influencia en un momento en que el orden internacional se tambalea.
El precedente de Núremberg y la defensa del derecho internacional
Mirar al pasado ayuda a entender lo que está en juego. En 1945 los aliados no se limitaron a imponer condiciones de paz; crearon un tribunal para juzgar a la cúpula nazi por planear una guerra de agresión. Aquella decisión rompió el principio de impunidad de los jefes de Estado y estableció que el cargo político no blinda frente a la justicia penal.
La experiencia de los tribunales para Yugoslavia y Ruanda reforzó esa doctrina. Los procesos fueron largos y complejos, pero demostraron que la justicia internacional, aunque tardía, es capaz de deslegitimar al agresor y de reparar, en parte, a las víctimas. El tribunal para Ucrania aspira a seguir ese camino y a cerrar la puerta a futuras aventuras imperiales.
Para España, que ha sufrido el terrorismo y ha defendido la jurisdicción universal en su día, este tribunal es una extensión natural de sus principios en política exterior. Varios juristas españoles de prestigio podrían incluso participar en el proceso, como ya ocurrió en otros foros internacionales, lo que añadiría una capa de influencia indirecta para el país.
El camino no será fácil. Rusia boicoteará la legitimidad del tribunal, pero el paso dado por 34 naciones demuestra que el derecho se impone a la fuerza. España, con su respaldo, se sitúa del lado correcto de la historia.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: 34 países europeos, Australia y Costa Rica acuerdan crear un tribunal ad hoc para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania.
- Datos importantes: La invasión rusa ha causado 1,8 millones de bajas militares y más de 15.000 civiles muertos. La CPI no puede procesar la agresión porque Rusia no firmó el Estatuto de Roma.
- Resumen: España, al sumarse a la iniciativa, refuerza su compromiso con el derecho internacional y proyecta una imagen de país fiable para los negocios globales.
