Dos de cada tres españoles —33 millones de personas— respiraron en 2025 un aire que ya incumple los nuevos límites de contaminación que la Unión Europea exigirá a partir de 2030, según el informe anual de calidad del aire elaborado por Ecologistas en Acción. El estudio, basado en los datos de 780 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el Estado, dibuja un panorama alarmante en el que el repunte del ozono, ligado al calor extremo, y el consumo récord de petróleo desde 2011 explican que la contaminación siga siendo la primera causa ambiental de muerte en España, con 24.000 fallecimientos prematuros en el último año con datos (2023) y un coste sanitario y productivo que alcanza los 32.000 millones de euros, el 2,4 % del PIB.
Los nuevos límites europeos: un desafío a tres años vista
El informe toma como referencia la Directiva 2024/2881, que fija unos valores límite notablemente más estrictos que los actuales y que los Estados miembros deberán cumplir antes de 2030. Con esa vara de medir, el aire contaminado afectó en 2025 a dos tercios de la población española, mientras que si se aplican los obsoletos límites legales vigentes —que datan de hace más de una década— la cifra baja a nueve millones de personas, la quinta parte del total, concentradas sobre todo en Madrid, Castilla‑La Mancha, Extremadura, el interior de Cataluña, Jaén y Murcia. “La magnitud del reto que tienen las administraciones en los próximos tres años es enorme”, señala el documento. Aún más drástico es el escenario si se toman los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud, mucho más exigentes: con ellos, toda la población y el 85 % del territorio (430.000 km²) estarían expuestos a niveles dañinos en 2025.
La transposición de la directiva europea aún no se ha completado, y Ecologistas en Acción urge al Gobierno a acelerar la adaptación normativa, así como a aprobar el Plan Nacional de Ozono —cuyos estudios preparatorios se acumulan desde hace cinco años—. Ocho comunidades autónomas carecen todavía de planes para reducir este contaminante, pese a las condenas del Tribunal Supremo y de varios tribunales autonómicos. Vamos a los datos.
Ozono récord y quema de petróleo: los motores del repunte
El año 2025 fue húmedo pero, al mismo tiempo, el tercero más cálido desde al menos 1961. Las olas de calor de junio‑julio y agosto dispararon las concentraciones de ozono troposférico, que alcanzó el nivel más alto desde 2015 y batió su récord histórico en la ciudad de Madrid. A lo largo del año se produjeron 308 superaciones del umbral de información (180 µg/m³ de promedio horario) y 4 superaciones del umbral de alerta, concentradas sobre todo en la Comunidad de Madrid, Puertollano y el Camp de Tarragona. La ola de incendios forestales de agosto agravó además la contaminación por partículas.
El otro gran protagonista del deterioro fue el petróleo: su quema alcanzó en 2025 el nivel más alto desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. La parte positiva la puso el sector eléctrico, donde las renovables cubrieron el 57 % de la demanda, lo que limitó las emisiones de las centrales térmicas y mantuvo el uso de gas un 17 % por debajo de los niveles de 2019. Sin embargo, el tirón de los carburantes fósiles anuló buena parte de esa mejora y explica que el dióxido de nitrógeno (NO₂) —el contaminante más ligado al tráfico— siga superando el nuevo límite anual en todas las grandes áreas urbanas, aunque Barcelona y Madrid sí cumplieran el límite legal vigente, ya obsoleto.
El aire que respiran 33 millones de españoles ya incumple los límites que Europa impondrá en 2030. La factura sanitaria y productiva asciende a 32.000 millones de euros al año.
Una factura de 24.000 muertes y 62.000 ingresos hospitalarios al año
La contaminación del aire sigue siendo la primera causa ambiental de muerte en España. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, y los episodios contaminantes provocan anualmente unos 62.000 ingresos hospitalarios, de acuerdo con el Instituto de Salud Carlos III. Todo ello se traduce en un coste de 32.000 millones de euros al año, equivalente al 2,4 % del producto interior bruto español.
Los niños son especialmente vulnerables. Entre 2020 y 2026, Ecologistas en Acción realizó campañas de medición de NO₂ en los accesos a colegios de medio centenar de ciudades y constató que la población infantil está expuesta a niveles muy superiores a los que registran las estaciones oficiales. La organización pide por ello una revisión urgente de la ubicación de las estaciones urbanas de tráfico y denuncia que el visor estatal de calidad del aire lleva sin funcionar desde el pasado 8 de febrero debido a un ciberataque que el Gobierno “no termina de solucionar”. La información pública, remacha el informe, no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.
Las zonas de bajas emisiones, una obligación que la mitad de las ciudades esquiva
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga desde hace tres años y medio a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones (ZBE). Sin embargo, la mitad de esos municipios ni siquiera han cumplido formalmente con el trámite, pese a haber recibido abundantes fondos públicos para su implantación. Mientras tanto, la mayoría de las administraciones autonómicas y locales tampoco han elaborado —o adaptado al Protocolo marco del Estado— sus protocolos de actuación frente a los episodios de contaminación, un plazo que venció hace tres años y medio.
A esto se suma un proyecto normativo tramitado por el Gobierno que elevaría de forma sustancial los umbrales de información y alerta para las partículas (PM₁₀ y PM₂,₅). Ecologistas en Acción advierte de que esa medida supondría “una injustificada regresión ambiental y sanitaria”. La organización reclama, en cambio, acelerar la transposición de la Directiva europea, aprobar el Plan Nacional de Ozono y garantizar que las ZBE sean eficaces, no meros trámites administrativos.
📊 Impacto medioambiental en cifras
- Población afectada (según límites UE 2030): 33 millones de personas, dos tercios del total.
- Muertes prematuras atribuibles (dato 2023): 24.000 al año.
- Costes sanitarios y productivos: 32.000 millones de euros, el 2,4 % del PIB.
- Superficie con niveles dañinos para la vegetación: 84.000 km², una sexta parte del territorio español.
Un modelo de movilidad que urge cambiar
La única vía para mejorar la calidad del aire en las ciudades es reducir el tráfico motorizado, subraya el informe. La receta pasa por potenciar la movilidad activa —peatonal y ciclista—, el transporte público eléctrico, ordenar el despliegue de energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión y acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas en el Mediterráneo y el Atlántico Noreste. La organización también pide una moratoria para las nuevas macrogranjas, por su impacto en la contaminación por amoniaco y partículas.
La transición ecológica no se juega solo en las chimeneas de las fábricas o en los grandes parques eólicos. Las decisiones que afectan al aire que respiramos cada día —la ZBE que no se implanta, el protocolo anticontaminación que no se activa, el colegio que sigue sin un entorno escolar pacificado— tienen un impacto directo en la salud y en la cuenta de resultados del país. Cada año de retraso es una factura de miles de millones de euros y, sobre todo, de vidas acortadas que podrían evitarse con medidas que ya son obligatorias.
El precedente que obliga a actuar
España ya fue condenada en su día por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento reiterado de los límites de NO₂ en Madrid y Barcelona. Aquella sanción aceleró la puesta en marcha de medidas que, aun siendo insuficientes, lograron que ambas ciudades cumpliesen el límite legal anual. El nuevo marco europeo reduce drásticamente ese umbral y amplía la vigilancia al ozono y a las partículas más finas. La lección es clara: sin obligación legal y sin control judicial, las administraciones postergan las medidas. El riesgo ahora es que, de no transponerse a tiempo la directiva y de no activarse las ZBE y los planes de ozono, España vuelva a situarse en el banquillo de los incumplidores y, lo que es peor, que otros 33 millones de ciudadanos sigan respirando un aire que enferma y mata.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Cumplir los límites de 2030 evitaría miles de las 24.000 muertes prematuras anuales y ahorraría buena parte de los 32.000 millones de coste sanitario.
- Modelo que cambia: La creación efectiva de zonas de bajas emisiones y la electrificación del transporte urbano reducen la dependencia del petróleo y mejoran la salud pública de forma inmediata.
- Para las próximas generaciones: Un aire más limpio en las ciudades significa menos asma infantil, menos ingresos hospitalarios y un entorno urbano en el que caminar al colegio no sea un riesgo para los pulmones de los niños.
