EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado este lunes una prórroga de 12 meses para que Vicente Boluda finalice la construcción de su torre de oficinas de 13 plantas, paralizada desde abril de 2025 por falta de licencia municipal.
- ¿Quién está detrás? La APV, presidida por Mar Chao, con el voto favorable de la mayoría, mientras el propio Boluda, consejero de la APV, se ausentó de la votación por conflicto de intereses.
- ¿Qué impacto tiene? La prórroga alarga el permiso a 44 meses y se produce mientras el Ayuntamiento de València tramita una doble sanción: una por construir sin licencia y otra por afectar a un edificio catalogado. Además, el consejo nombró a Manuela Gras, investigada por Anticorrupción, como responsable de la ampliación norte.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado este lunes una prórroga de 12 meses para que el empresario Vicente Boluda finalice la construcción de su torre de oficinas de 13 plantas en el Paseo Caro, a pesar de que las obras permanecen paralizadas desde abril de 2025 por carecer de la preceptiva licencia municipal.
La prórroga para una torre que sigue sin permiso municipal
De los 32 meses previstos inicialmente en la concesión, el plazo de ejecución se ha ampliado a 44 meses, según confirmaron fuentes de la APV tras la reunión del consejo. La obra del naviero fue detenida por el Ayuntamiento de València al comprobar que carecía de la correspondiente licencia de obras, una situación que todavía no se ha resuelto. La prórroga solicitada por Boluda Corporación Marítima no cubre la tramitación urbanística, sino que se limita a dar aire al proyecto en el ámbito portuario mientras los servicios municipales deciden sobre las sanciones.
La paralización se mantiene, por tanto, a la espera de que el consistorio resuelva el expediente sancionador. Tal y como informó este diario, la multa podría ser doble: una por infracción leve al haber comenzado los trabajos sin los permisos pertinentes y otra por infracción grave, ya que las obras afectan a un edificio catalogado. Para contrarrestar esta segunda acusación, la mercantil ha presentado un informe de 23 páginas firmado por un arquitecto que sostiene que el inmueble es “un pretendido falso histórico con solo 19 años de antigüedad” y que no reúne los requisitos legales para estar protegido patrimonialmente.
El propio Vicente Boluda, que es consejero de la APV, declaró conflicto de intereses en este punto del orden del día y se ausentó de la sesión, una práctica habitual en estos casos para que el miembro del consejo no participe en la decisión ni reciba la documentación asociada. La medida, no obstante, no elimina las suspicacias sobre una concesión que ya nació entre fuertes críticas.
El conflicto de intereses y el trueque que avalaron los tribunales
El otorgamiento original de esta concesión estuvo envuelto en una polémica que llegó a los tribunales. La APV se la concedió a cambio de recuperar otra concesión que el propio Boluda tenía en los terrenos que ocupaban los astilleros de Unión Naval, su empresa. Aunque la concesión caducaba en 2027, el puerto optó por un procedimiento de rescate que evitó pagar una compensación económica y le otorgó otra nueva de 35 años para levantar el edificio de oficinas de 13 plantas.
La operación obtuvo informes contundentemente contrarios de la Intervención General y de la Abogacía del Estado, que consideraron la compensación lesiva para el interés público. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) primero y el Tribunal de Cuentas después avalaron la permuta como fórmula de pago, aunque matizaron algunas valoraciones. La decisión judicial blindó una concesión que ahora, con la prórroga, suma 44 meses para levantar un edificio que aún no tiene licencia.
El Puerto de Valencia ha blindado una concesión que nació contra el criterio de sus propios órganos fiscalizadores y que sobrevive a la falta de licencia municipal y a una doble sanción en camino.
Mientras se resolvía la prórroga, la APV aprovechó el consejo para otro movimiento sensible: el nombramiento de Manuela Gras como responsable del contrato del muelle de contenedores, la mayor infraestructura en ejecución dentro del sistema portuario español. Gras, subdirectora de Infraestructuras, sustituye a Luis Fernando Sánchez —que se ha marchado al Puerto de Alicante— y se convierte en la directora de la ampliación norte justo cuando está investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presunto enchufismo en la obtención de su plaza.
Su caso, junto al de otra directiva rescatada del liquidado Consorcio Valencia 2007, está judicializado tras una denuncia de UGT. El juicio por la plaza de su compañera, Alicia Gimeno, se celebró en mayo y en la vista la exjefa de recursos humanos reconoció que la presidenta del Puerto, Mar Chao, le envió por correo las bases de los procesos selectivos. El juicio que afecta a Gras se celebrará en septiembre, lo que arroja una sombra adicional sobre la gestión de la APV.
El Escenario Valenciano
La acumulación de decisiones polémicas en el Puerto de Valencia refleja un clima institucional en el que los conflictos de intereses se gestionan con fórmulas técnicas que, aunque ajustadas a derecho, erosionan la confianza ciudadana. El Consell de la Generalitat Valenciana, presidido por Carlos Mazón (PP) con el apoyo de Vox, ha hecho de la ampliación norte un emblema de su política económica, defendiendo el proyecto como motor de empleo y competitividad. A nivel nacional, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha puesto objeciones de fondo a la infraestructura, aunque las resistencias de colectivos vecinales y ecologistas mantienen viva la contestación social.
La presidenta de la APV, Mar Chao, nombrada por el ministerio de Transportes, gestiona ahora un puerto donde dos de sus directivas están bajo investigación judicial y donde los expedientes favorables a uno de sus consejeros se suceden. La proyección de estos casos es inmediata: en septiembre, el juicio a Gras podría aportar nuevos elementos sobre la contratación en la autoridad portuaria, mientras el Ayuntamiento de València tendrá que resolver las sanciones a la torre de Boluda y, eventualmente, decidir si concede la licencia que desbloquee las obras. El reloj sigue corriendo y la prórroga aprobada suma presión sobre un proceso administrativo que ya acumula años de incertidumbre.
Ficha del Caso
- El caso: El Puerto de Valencia ha ampliado en 12 meses el plazo de ejecución de una concesión otorgada al empresario Vicente Boluda para construir una torre de oficinas de 13 plantas, paralizada sin licencia municipal desde 2025. Boluda declaró conflicto de intereses al ser consejero de la APV.
- Datos importantes: 44 meses de plazo total (frente a los 32 iniciales). Doble sanción en trámite: por construir sin permiso y por afectar a un edificio catalogado. La concesión original se obtuvo mediante un canje por la de Unión Naval, avalado por el TSJ y el Tribunal de Cuentas pese a informes contrarios de la Intervención y la Abogacía del Estado. Manuela Gras, investigada por Anticorrupción, es la nueva responsable de la ampliación norte.
- Resumen: La APV refuerza una operación cuestionada desde su origen mientras incorpora a una directiva investigada a la mayor infraestructura portuaria del país. La decisión alarga la sombra de la sospecha sobre el Puerto de Valencia.
