La querella de la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, recoge en sus páginas varios extractos del informe 188-25 de la Unidad Central Operativa (UCO) que sirve de base a su denuncia por el Caso Leire. De ese informe, escribe el fiscal Anticorrupción, «se infieren indicios de que el grupo Hirurok, habría intervenido ejerciendo su influencia en la SEPI y otros organismos públicos para que Tubos Reunidos consiguiera los fondos públicos reseñados y así obtener un beneficio económico». El grupo Hirurok (nosotros tres) eran Leire Díez, Vicente Fernández (ex presidente de la SEPI) y Antxón Alonso, investigado en el Caso Cerdán. Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros. El grupo Hirurok habría cobrado 115 mil euros de comisión por este rescate y se quejaban de la oposición del secretario de Estado de Economía.
La primera mención a Tubos Reunidos dentro de ese chat se remonta al 16 de junio de 2021, durante las negociaciones entre la empresa vasca y la SEPI sobre la refinanciación de la sociedad. En esta fecha, «Vicente cuestionó a Antxón algunas particularidades de dicha financiación, concretamente la relación del PNV con Tubos Reunidos, poniendo de manifiesto que el Secretario de Estado de Economía (entonces Gonzalo García Andrés) estaba dificultando la operación. De lo que se deriva que en esta fecha la financiación no estaba asegurada para Tubos Reunidos, siendo la actividad de los denunciados la que favoreció su adjudicación final como se expondrá», informaba la UCO al juzgado que instruye la causa.
Hay que ir hasta el día 3 de julio de 2021 cuando Vicente Fernández compartía en ese grupo de chat un documento denominado “Tubos Reunidos -Fondo de rescate de SEPI.pdf-”. Ese documento recogía una argumentación para defender la utilidad pública del rescate y, lo que es más importante, reproducía un cronograma de la tramitación de la solicitud de rescate.
En dicho documento «consta la cronología de la solicitud, tramites y se menciona que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria, habiéndose comprometido Belén Gualda con el CEO de TR Francisco Irazusta, a que su solicitud, seria aprobada por el consejo gestor del fondo, el 29-06-21, o a más tardar el 06-07-21», según recoge la UCO en el citado informe.
El secretario de Estado dudaba
No obstante «se afirma, que desde el Ministerio de Economía SE economía se han expresado dudas respecto de la operación lo que ha ocasionado que el SEPI no incluya la operación dentro del orden del día de las sesiones del consejo gestor del día 06-07-21 y se añade que “TR no conoce esta información”. Tras remitir el documento al grupo, Vicente Fernández escribió un mensaje en el que ligaba su contribución al rescate de TR, a la consecución de una retribución por su parte. Esta posibilidad de obtener una retribución por su intervención en favor de Tubos Reunidos, es reiterada en distintos correos que constan documentados en los folios 115 y 116 del informe 188-25», escribieron los guardias civiles que investigan el caso.
Estos extremos coincidían con la declaración ante la UCO como testigo «resultan coincidentes con la declaración del testigo
Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa entre 2021 y 2024 y miembro nato del Consejo Gestor del FASEE, el cual fue preguntado por la forma en la que estas solicitudes eran tramitadas».
Cuando García Andrés fue preguntado en relación con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE), gestionado por la SEPI para que «detalle qué cargo ocupa y funciones que desempeña con respecto a la gestión y autorización de apoyo financiero a empresas con cargo al señalado fondo».
El secretario de Estado declaró que «las solicitudes de apoyo llegaban a la SEPI. Sobre estas solicitudes SEPI pedía 2 informes externos, uno de carácter jurídico y otro de carácter financiero. Otro lo elaboraba la propia SEPI. Estos informes eran elaborados para determinar si se cumplían los requisitos necesarios para la solicitud del apoyo financiero temporal, y que una vez comprobado lo anterior, las solicitudes eran remitidas al Consejo Gestor para su valoración, teniendo en cuenta la información aportada por la empresa solicitante, que entre otros aspectos debía aportar un informe de viabilidad, tratándose éste documento de uno de los elementos más importantes del análisis. También era importante el análisis del carácter estratégico de la empresa siendo esto también determinado por el Consejo Gestor (impacto sobre el empleo, provisión de infraestructuras, etc.)».
Entre los documentos que también se aportaban al Consejo Gestor a través de la SEPI «se encontraban las cartas/escritos justificando el carácter estratégico de las empresas, y que estos escritos podían provenir de Ministerios, de las Consejerías de las Comunidades Autónomas competentes e incluso de algún organismo de carácter civil(…)».
Los agentes preguntaron entonces por el procedimiento «que se sigue cuando una empresa solicita apoyo público financiero con cargo al señalado fondo, para que explique el curso del expediente desde que una empresa solicita financiación hasta que la
financiación es autorizada».
A esto el ya ex secretario de Estado respondió que «las solicitudes son remitidas a la SEPI. Esta entidad hacía una primera valoración sobre el cumplimiento de las condiciones. En caso de que se cumpliesen las condiciones se solicitaba por la SEPI informes externos (uno jurídico y otro financiero), y adicionalmente la empresa presenta a la SEPI un plan de viabilidad de la empresa por tratarse de una de las condiciones fundamentales en la concesión del apoyo».
Con esos dos informes externos, «el plan de viabilidad de la empresa y el visto bueno de la SEPI, toda esta documentación
e información se pasaba al Consejo Gestor para el análisis global de la operación. Que una vez que el Consejo Gestor
aprobaba las solicitudes eran elevadas al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva (…)».
Ese consejo gestor estaba formado por:
Presidente de la SEPI: Belén Gualda González.
Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa: Gonzalo García Andrés.
Subsecretaria de Hacienda: Pilar Paneque Sosa.
Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa: Raúl Blanco Díaz.
Secretaria de Estado de Energía: Sara Aagesen Muñoz.
Director de Asuntos Jurídicos y Secretario General y del Consejo de SEPI, sin voz ni voto: Javier Morales Abad.
«Una vez aprobado el expediente y los textos contractuales propuestos, la resolución del Consejo Gestor debía ser, a su vez, aprobada por el Consejo de Ministros. Finalmente, de producirse tal aprobación, se formalizaba el oportuno contrato con la solicitante ante notario y se desembolsaban las cantidades objeto del contrato de financiación», explicó el testigo.
El rescate fue aprobado en junio de 2021 con Belén Gualda ya a en la presidencia. Eso le ha costado la imputación por parte del juez Pedraz en la causa.
Los contactos de Leire Díez
La UCO añade en su informe que «existen elementos documentales que permiten fijar contactos entre Vicente Fernández y Santos Cerdán ya en el año 2018, marcados por el interés de Santos Cerdán en que Vicente Fernández (y tras su salida, Leire Díez Castro) mantuviera su capacidad de influencia y decisión en la SEPI (de la que aquel fue Presidente entre el 23.06.2018 y el 04.10.2019, fecha en que dimitió por su imputación por prevaricación en el caso Aznalcóllar). No obstante, a pesar de estas gestiones, el 03.03.21, se nombró a Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI».
Además «Leire y Vicente habrían mantenido contacto, luego una relación personal, desde el año 2019, cuando la primera desempeñaba funciones como responsable de Comunicación de ENUSA (empresa pública participada por la SEPI) y Vicente Fernández era Presidente de la SEPI», escribieron los investigadores.
Posteriormente, «a través de Santos Cerdán, Leire Díez y Vicente Fernández habrían conocido a Antxon Alonso, a y finales del año 2020, constando múltiples comunicaciones a partir de 2021 que dejan constancia de las reuniones mantenidas por estas cuatro personas. Se debe resaltar un mensaje de 20 de enero de 2021 de Leire a Vicente para que estuviese “tranquilo con lo que iniciamos ayer», ya que lo importante era ‘saber que todos estaban alineados correctamente'», añadía la UCO.
El atestado continúa: «Al día siguiente, Leire mandó un mensaje a Santos Cerdán para arbitrar la posibilidad de tranquilizar la situación de Vicente Fernández en el que le hacía saber: «lo está pasando mal» por “la situación y el tiempo que ha pasado”, así como porque “le angustia que María Jesús no lo tome bien» (posiblemente en referencia a María Jesús Montero). El 11 de febrero Santos Cerdán, Vicente Fernández y Leire Díez se reunieron de nuevo y, Leire le hizo llegar a este último un mensaje en el que se recogía: ‘no merece la pena arriesgar con lo que hemos empezado hoy'».
Tras el nombramiento de Belén Gualda, el 3 de marzo de 2021, como nueva presidenta de la SEPI, el «grupo» intentó que Leire fuera nombrada Jefa de su Gabinete para “recuperar el control de SEPI. Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe«. No obstante, al igual que Vicente, Leire tampoco logró ocupar ningún cargo en el citado organismo. En su lugar, acabó siendo contratada en Correos en noviembre de 2021», explican los investigadores.
