Vox ha registrado este lunes en las Corts Valencianes una batería de enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026 que incorporan, por primera vez en unas cuentas autonómicas españolas, el concepto de «prioridad nacional».
Qué propone Vox en las enmiendas
El portavoz de Vox en el parlamento valenciano, José María Llanos, ha defendido que la prioridad nacional aparecerá “en los objetivos, en las líneas de actuación y en los enunciados” de los presupuestos, tanto en el acceso a los servicios sociales como en la vivienda. La medida aspira, según el partido, a que “los recursos financiados con el dinero de los contribuyentes prioricen a los españoles y, especialmente, a los valencianos”.
Para Vox, esta exigencia no es negociable. Llanos ha sido tajante: “si hay que aprobar unos presupuestos, aparecerá la prioridad nacional”. La enmienda obligaría a que cualquier adjudicación de vivienda pública —compraventa o alquiler— y la asignación de ayudas sociales tengan en cuenta ese criterio de preferencia.
Junto al concepto de prioridad nacional, la formación ha desplegado otras enmiendas que pivotan sobre inmigración, vivienda y gasto institucional. La más relevante transforma la Oficina Valenciana de Inclusión en una Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno, dotada con 1,5 millones de euros y orientada al retorno voluntario y a la gestión de las consecuencias migratorias en la Comunidad Valenciana.
En la misma línea, se crea una partida de 600.000 euros para asesorar y fomentar el retorno voluntario, se mantienen los 2,35 millones para el retorno de menores ex tutelados y se elevan hasta 600.000 euros las actuaciones de control de fronteras y cooperación técnica en inmigración. Además, se financiarán estudios sobre el impacto de los cambios sociodemográficos en la delincuencia.
En el bloque de vivienda, Vox reclama un millón de euros para ayudas a víctimas de la ocupación ilegal, 500.000 euros para recuperar viviendas públicas ocupadas y otro millón para el fomento del alquiler. En materia de gasto, las enmiendas recogen un recorte de 972.919 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua —un ajuste acumulado cercano al 46 % respecto a 2024— y una reducción del 50 % en las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales.
La exigencia de incluir la prioridad nacional en cada línea de actuación supone una prueba de fuego para el Consell: aceptar el concepto ideológico o arriesgarse a que las cuentas no salgan adelante.
La reacción del Consell y la viabilidad de las enmiendas
Frente a la firmeza de Vox, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha defendido que los presupuestos son “números” y que la asignación de partidas no admite conceptos ideológicos. Una posición que choca con la insistencia del grupo parlamentario en que el texto presupuestario debe recoger de forma expresa la prioridad nacional.
Las discrepancias se han extendido a la mesa de negociación. La diputada popular Mari Carmen Contelles ha asegurado que su grupo no se ha sentado con Vox para negociar las enmiendas y que, llegado el caso, las estudiarán “igual que las del resto de grupos”. Llanos, sin embargo, sostiene que la inmensa mayoría de las propuestas vinculadas al pacto de investidura y a los gobiernos de otras comunidades están “negociadas en las Corts”.
Con 10 escaños en las Corts, Vox es indispensable para que el Partido Popular saque adelante las cuentas. Si el Consell no acepta la inclusión explícita de la prioridad nacional, la estabilidad parlamentaria del ejecutivo de Carlos Mazón queda en el aire.
Qué busca Vox con este movimiento estratégico
La maniobra de Vox en la Comunidad Valenciana no es solo una enmienda presupuestaria: es una declaración de principios que replica el modelo que ya forzó en los pactos de investidura de otras autonomías. Al condicionar los números a un concepto ideológico, el partido de Santiago Abascal marca perfil propio frente al PP y demuestra que su apoyo no es gratuito.
La dirección de Vox lee el momento como una oportunidad para consolidar la prioridad nacional como un sello de sus exigencias en cualquier gobierno de coalición o apoyo externo. Si logra que las cuentas valencianas sean las primeras en incorporarlo, creará un precedente que podrá esgrimir en negociaciones futuras —incluidas las nacionales— y reforzará su discurso de que “los recursos públicos deben ser para los españoles”.
El bloque de inmigración y vivienda completa una ofensiva que aspira a ensanchar la brecha con el PP en los asuntos que la formación considera transversales. La respuesta del Consell en las próximas semanas definirá si la prioridad nacional se convierte en un nuevo hito o en un nuevo motivo de choque entre los dos partidos.
