Un juez de lo contencioso-administrativo de Bilbao ha requerido a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para que, en un plazo máximo de 48 horas, admita a los estudiantes que recurrieron la calificación de euskera en las pruebas de acceso a la universidad. El auto advierte de que, de no hacerlo, se podría deducir testimonio por un posible delito de desobediencia.
El ultimátum judicial y el plazo de 48 horas
El magistrado Emilio Lamo de Espinosa, titular del juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao, ha dictado una providencia en la que constata que la universidad no ha ejecutado las medidas cautelares que obligan a no tener en cuenta la nota de la asignatura de Lengua Vasca y Literatura II para los alumnos que acudieron a los tribunales. Tal y como ha adelantado eldiario.es, el juez señala que dispone de “pantallazos” que acreditan que los recurrentes no han podido formalizar la matrícula porque el sistema informático no refleja la anulación de esa calificación.
En la resolución, Lamo de Espinosa afirma que “los hechos expuestos permiten concluir que pese al tiempo transcurrido, la preinscripción no se ha formalizado ya que el sistema informático no ha sido adaptado a la realidad de los autos, que obliga a que no sean tenidas en cuenta o queden en suspenso las calificaciones del ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II”. Por ello, requiere a la EHU que proceda “sin demora al inmediato cumplimiento de lo ordenado” y le concede un tope de 48 horas para hacerlo, instando a que se certifique la inscripción de los estudiantes afectados.
El pronunciamiento judicial responde a nuevas quejas formuladas por los recurrentes, que han aportado capturas de pantalla como prueba de que la universidad no les ha permitido matricularse. El juez advierte expresamente al rector, Joxerramon Bengoetxea, de que si en ese plazo no se cumple lo acordado se procederá a deducir testimonio por la posible comisión de un delito de desobediencia.
El sistema informático de la universidad no ha sido modificado para excluir la nota de euskera de los recurrentes, lo que impide que estos formalicen su matrícula, según el auto judicial.
La respuesta de la Universidad del País Vasco
La UPV/EHU ha manifestado públicamente que acatará la decisión judicial y que habilitará más plazas para que los estudiantes que recurrieron la nota de euskera —alrededor de 25— no queden fuera del proceso de admisión. Fuentes de la universidad consultadas por esta redacción insisten en que la entidad está trabajando para adaptar el sistema informático y que todos los alumnos verán respetados sus derechos sin que se produzca un efecto dominó que perjudique a otros solicitantes.
El conflicto se centra en el papel que desempeña la calificación de euskera en la nota final de la PAU, las pruebas de acceso a la universidad en Euskadi. La universidad sostiene que la ampliación de plazas es necesaria porque la anulación de esa nota para un grupo de alumnos altera el orden de prelación y, por tanto, debe aumentar la oferta para que ningún aspirante se vea excluido. Hasta ahora, el sistema informático no había incorporado la modificación exigida por el juzgado, lo que ha motivado el ultimátum.
La controversia de fondo sobre el examen de euskera en la PAU
La polémica arrancó cuando varios estudiantes recurrieron ante los tribunales la baja calificación obtenida en el ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II, alegando que el examen incluía contenidos no previstos o que no se ajustaba a los criterios de evaluación establecidos. Las medidas cautelares dictadas por el juzgado ordenaron que esas notas no se computaran a la hora de asignar plaza universitaria, pero los recurrentes denunciaron que la EHU continuaba teniéndolas en cuenta, bloqueando así su acceso.
El caso pone de relieve la tensión entre la obligación de garantizar el conocimiento del euskera —cooficial en la comunidad autónoma— y el derecho de los estudiantes a un procedimiento de acceso equitativo y sin indefensión. El auto de Lamo de Espinosa subraya la obligación de la universidad de cumplir las resoluciones judiciales y advierte con consecuencias penales si no lo hace en el plazo fijado.
Con esta resolución, el juzgado de Bilbao mantiene la presión sobre la UPV/EHU para que ejecute sin dilación unas medidas cautelares que, en su opinión, ya deberían haberse materializado. La universidad, por su parte, confía en resolver la situación técnica en las próximas horas y evitar que el caso escale a la vía penal.
