El Parlament ha tumbado este miércoles la proposición de Junts que pretendía derogar el decreto de 2023 y devolver a los ayuntamientos la competencia para regular las licencias de viviendas turísticas. Con los votos de PSC, ERC, CUP y Comuns, la cámara catalana mantiene las restricciones actuales y reafirma la política de contención del alquiler vacacional que arrancó en la pasada legislatura.
La iniciativa, defendida por la diputada Maite Selva, alcaldesa de Begur, argumentaba que la norma actual homogeneíza realidades muy distintas. ‘Lo que sirve para un barrio de Barcelona puede ser la ruina para un municipio de la Costa Brava o el Pirineo’, sostuvo. Esta postura chocó frontalmente con la mayoría progresista, que afeó a Junts su intento de ‘desregular’ un sector que ya tensiona los precios del alquiler en toda Cataluña.
El frente de izquierdas cierra filas contra Junts
La votación, que se produjo por la tarde, reflejó la solidez del bloque que sustenta al Govern de Salvador Illa. PSC y ERC votaron codo con codo, sin fisuras, arrastrando también a los comunes y a la CUP. Fuentes del equipo del president subrayan que ‘cualquier relajación del control sobre las viviendas turísticas pondría en riesgo la lucha contra la especulación inmobiliaria’, una línea roja para los socios de investidura. Sin embargo la unidad parlamentaria esconde algunas tensiones locales.
En municipios costeros y de montaña, donde el turismo representa la principal fuente de ingresos, cada vez son más los alcaldes —algunos del propio PSC— que ven con recelo las restricciones. Begur, Roses, Cadaqués o Vielha e Mijaran dependen del flujo de visitantes y consideran que la Generalitat les niega herramientas para equilibrar el mercado. La asunción competencial que defiende el Govern ha sido tachada de ‘uniformizadora’ por varios consistorios.
Municipios turísticos, entre la ruina y la gentrificación
El decreto de 2023, impulsado por el conseller de Empresa del gobierno de Pere Aragonès, establecía que las licencias turísticas tuvieran una duración máxima de cinco años y obligaba a justificar que la vivienda no se destinaba a uso residencial. La norma, pensada para frenar la burbuja en Barcelona, ha sido contestada por los pequeños propietarios que ven cómo sus ingresos se esfuman sin alternativas. Selva ilustró este cuello de botella con el caso de Begur: una localidad donde la actividad turística representa un pilar económico fundamental y donde las restricciones a las licencias pueden asfixiar a las familias que alquilan sus viviendas durante el verano.
Mantener el decreto sin matices envía un mensaje nítido a los municipios: Barcelona marca el ritmo, aunque el resto del territorio reclame otra melodía.
La izquierda, por su parte, recuerda que la proliferación de pisos turísticos en ciudades como Barcelona ha disparado los precios y expulsado a los vecinos. El gobierno municipal, en manos de los comunes, celebró el rechazo y reiteró su voluntad de limitar al máximo las viviendas turísticas en la capital. Esta política, que cuenta con el respaldo del Govern, choca sin embargo con las advertencias de los hoteleros, que ven cómo la demanda se desplaza hacia plataformas ilegales.
Más allá de los grandes números, la votación de este miércoles evidencia una fractura territorial que va a marcar la legislatura. Las comarcas pirenaicas y los destinos de costa reclaman un trato diferenciado que el Parlament, por ahora, les niega. La diputada Selva puso sobre la mesa la paradoja: ‘En Begur el 60% de las viviendas son segundas residencias y el turismo sostiene casi la mitad del empleo local; no podemos aplicar la misma receta que en el Eixample de Barcelona’. El dato, que la izquierda no rebatió, quedó sin respuesta.
El Govern Illa y la contradicción del modelo turístico
Illa enfrenta así un dilema de difícil digestión: debe contentar a sus socios de izquierda y a los consistorios progresistas sin descuidar a los alcaldes del PSC en zonas turísticas que piden flexibilidad. La consejera de Economía, Natàlia Mas, ha tratado de templar gaitas con un mensaje conciliador: ‘No se trata de prohibir, sino de ordenar’, afirmó esta semana. Pero la ordenación actual sigue siendo vista como una camisa de fuerza por quienes sostienen que el turismo no es un problema, sino una oportunidad.
Mientras, Junts prepara ya una nueva iniciativa legislativa que introduzca excepciones para los municipios que dependen del turismo de corta estancia. La previsión es que presenten enmiendas a la próxima ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, lo que anticipa otra batalla parlamentaria en el otoño. El Govern, por su parte, intenta marcar perfil propio con una estrategia que combine restricciones y promoción del turismo sostenible, aunque el equilibrio es más fácil de enunciar que de ejecutar.
La próxima mesa de diálogo sobre vivienda entre Govern y ayuntamientos, prevista para septiembre, se presenta como el siguiente campo de batalla. En ella, los consistorios turísticos exigirán una voz que hasta ahora el Parlament les ha negado. La pregunta es si el ejecutivo de Illa estará dispuesto a concederla sin romper su mayoría.
