El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó ayer endurecer la conocida como ley de nietos para exigir un vínculo real con España antes de conceder la nacionalidad, sumándose de lleno a la ofensiva que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desplegado contra lo que considera una «ingeniería electoral» del Gobierno. Rueda compareció en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados y lanzó una advertencia que resuena con especial fuerza en Galicia: la norma podría incorporar al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a más de dos millones de personas, muchas de ellas con una conexión difusa con el país.
Un vínculo que acreditar, no un pasaporte de conveniencia
La intervención del presidente gallego no dejó margen para las medias tintas. «Lo que no se puede es no tener prácticamente ningún vínculo y a veces casi querer un pasaporte más que otra cosa», afirmó ante los periodistas tras la comisión. Rueda sostuvo que la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde finales de 2022, ha relajado en exceso los requisitos y está permitiendo el acceso a la nacionalidad a personas con escaso arraigo. A su juicio, ningún país europeo está aplicando un proceso de nacionalizaciones con esta intensidad y con tan poca información, lo que inevitablemente «tiene que responder a algún interés», aunque reconoció no saber con certeza cuál.
El dirigente del PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación que gobierna la comunidad con mayorías absolutas desde 2009) matizó que su formación no se opone al reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes. Galicia mantiene, recordó, vínculos permanentes con su diáspora a través de programas de retorno y de apoyo cultural. Pero la velocidad y la escala del proceso actual —casi dos millones y medio de posibles nuevos inscritos en el CERA, según los cálculos que maneja la Xunta— han encendido todas las alarmas en el partido.
Preguntado por qué el PP intensifica ahora sus críticas a una norma que lleva años en vigor, Rueda respondió que es justamente en estos meses cuando se está apreciando la magnitud real del proceso. «Hace cuatro años el panorama no era el que estamos viendo ahora», subrayó. La lectura implícita es clara: la máquina de nacionalizaciones ha alcanzado un ritmo que, de mantenerse, puede alterar de forma sustancial el censo electoral antes de las próximas citas con las urnas.
Una comunidad especialmente expuesta
Galicia es, junto con otras regiones de fuerte tradición migratoria, el territorio donde el impacto de la ley de nietos se deja sentir con más fuerza. Miles de descendientes de gallegos en Argentina, Uruguay, Cuba o Venezuela están solicitando la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La Xunta teme que esa incorporación masiva al CERA —un censo que decide escaños en circunscripciones como A Coruña o Pontevedra, donde los márgenes suelen ser estrechos— pueda decantar el equilibrio político autonómico.
El debate no es nuevo. Feijóo aprendió de Manuel Fraga el peso del voto emigrante y cómo gestionarlo; no en vano, el fundador del PP gallego disputó varias mayorías absolutas con miles de papeletas llegadas desde el otro lado del Atlántico. Aquella experiencia, ahora en dirección contraria, explica por qué Génova ha decidido convertir la ley de nietos en un eje de oposición frontal al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que está en juego, según el PP, no es solo la concesión de pasaportes, sino la arquitectura misma del sistema electoral.
La ley de nietos puede convertirse en la mayor ampliación del censo electoral por la puerta de atrás que haya vivido la democracia española.
El propio Rueda insistió en que el PP es «el primero en defender un vínculo y este tipo de nacionalizaciones», pero siempre que la conexión con España sea verificable. El problema, según el presidente gallego, es que la actual regulación hace difícil acreditar una relación genuina más allá del árbol genealógico. Y esa laxitud, sostiene, es la que convierte una política de memoria histórica en una herramienta de consecuencias electorales imprevisibles.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva tres lustros funcionando como el banco de pruebas político del PP nacional. Las políticas que el PPdeG aplica en Santiago de Compostela —desde la rebaja fiscal hasta la gestión de la dependencia— suelen aparecer meses o años después en el programa con el que Feijóo aspira a gobernar España. Lo que ocurre con la ley de nietos no es una excepción: es la primera vez que una comunidad autónoma pone cifras y pone voz a una alarma que hasta ahora se expresaba sobre todo en los pasillos de Génova.
El contexto político gallego es determinante. El PPdeG gobierna con mayoría absoluta desde 2009, pero el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, principal fuerza de la oposición) crece con fuerza y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) lucha por recuperar el terreno perdido. En ese tablero, la irrupción de cientos de miles de nuevos votantes inscritos en el CERA —con preferencias electorales difíciles de anticipar— introduce una variable de incertidumbre que ningún partido puede ignorar. El PPdeG, que ha basado buena parte de su éxito en un control minucioso del electorado, se encuentra ante un factor externo que no puede gestionar con los mecanismos tradicionales.
La dimensión nacional de la ofensiva gallega es ya innegable. Feijóo ha hecho de la denuncia de la «ingeniería electoral» del Gobierno uno de los ejes de su oposición a Pedro Sánchez, y las declaraciones de Rueda en el Congreso le proporcionan cobertura territorial y datos concretos —los dos millones largos de posibles nuevos votantes— con los que alimentar el relato. El PP sostiene que la Ley de Memoria Democrática se ha convertido en una operación de ensanchamiento del censo favorable a los intereses del PSOE, y Galicia, con su densa red consular y su historia migratoria, es el caso de laboratorio que mejor ilustra la tesis popular.
Las elecciones gallegas no están formalmente convocadas, pero la legislatura camina hacia su ecuador y el calendario electoral empieza a marcar los tiempos de todas las decisiones. Lo que el Parlamento de Galicia debata en los próximos meses sobre el voto emigrante puede convertirse en un ensayo general para la batalla que el PP y el PSOE librarán a escala nacional cuando la reforma electoral vuelva a la agenda del Congreso.
Ficha del Caso
- El caso: El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, exige endurecer la ley de nietos para acreditar un vínculo real con España, alineándose con la estrategia de Alberto Núñez Feijóo.
- Datos importantes: La norma podría sumar más de dos millones de personas al CERA; el PPdeG gobierna con mayoría absoluta desde 2009; el BNG es la primera fuerza de oposición en Galicia.
- Resumen: La ofensiva gallega contra la ley de nietos convierte a la comunidad en el laboratorio donde el PP ensaya la estrategia nacional contra lo que considera una ampliación artificial del censo electoral.
