La crisis de Ceuta ha provocado una ruptura en la relación que buena parte de la izquierda europea y española mantenía con Marruecos. Durante años, la defensa del multiculturalismo, la preocupación por evitar discursos que pudieran alimentar el rechazo a la inmigración y la necesidad de mantener abiertos los canales de cooperación con el país vecino habían impuesto cierta prudencia a la hora de cuestionar públicamente a Mohamed VI. La situación ha cambiado después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos y, especialmente, tras las muertes registradas durante la tragedia.
El Partido de la Izquierda Europea (PIE), del que forman parte Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, ha roto ahora con esa cautela y ha responsabilizado directamente a la monarquía alauí de lo ocurrido. En un comunicado, la organización califica la crisis de «maniobra criminal orquestada por la monarquía alauita» y acusa a Marruecos de utilizar las vidas humanas como «moneda de cambio geopolítica».
La acusación supone un salto cualitativo respecto al lenguaje habitual de buena parte de la izquierda europea cuando aborda las relaciones con Rabat. El PIE sostiene que el control migratorio ha sido empleado por Marruecos como mecanismo de presión sobre España y la Unión Europea y vincula la crisis con las tensiones diplomáticas entre Rabat y Madrid. El partido considera que la gestión de la frontera no puede quedar en manos de un régimen al que acusa de instrumentalizar la inmigración para conseguir objetivos políticos.
La magnitud de la entrada masiva ha contribuido a cambiar el escenario. Las autoridades españolas han cifrado en alrededor de 72.000 las personas que cruzaron desde Marruecos durante la crisis, aunque la mayoría regresó posteriormente al país vecino. La presión sobre Ceuta obligó a desplegar un dispositivo extraordinario y dejó además a miles de personas en una situación de extrema precariedad.
La izquierda deja atrás la cautela
El cambio de tono no se limita al PIE. Izquierda Unida ha endurecido su posición y su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha definido los hechos como una «acción criminal» y ha reclamado replantear las relaciones de España con Marruecos. Maíllo sostiene que la política de apaciguamiento desarrollada durante los últimos años no ha obtenido la respuesta esperada por parte de Rabat.
La novedad está en que la crítica ya no se circunscribe a los sectores tradicionalmente más duros con la monarquía marroquí. El conflicto empieza a afectar a cuestiones que hasta ahora parecían separadas de la política migratoria, como la cooperación económica, las relaciones diplomáticas o incluso la celebración del Mundial de fútbol de 2030.
Sumar ha presentado en el Congreso una iniciativa para que España revise el acuerdo que establece la organización conjunta del torneo con Marruecos y Portugal. La formación considera que un país acusado de utilizar la presión migratoria contra España no debería beneficiarse automáticamente de la legitimidad internacional asociada a organizar una competición de semejante dimensión.
Podemos se ha sumado a la petición. La iniciativa ha provocado además una insólita coincidencia parlamentaria: Vox ha anunciado que votará a favor de la propuesta de Sumar, lo que eleva a 62 los apoyos con los que cuenta inicialmente. El Gobierno, sin embargo, mantiene su compromiso con el Mundial tripartito.
Marruecos deja de ser un asunto incómodo
La cuestión resulta especialmente relevante por el cambio que supone dentro de la propia izquierda. Marruecos había sido durante años un asunto delicado. La necesidad de combatir el racismo y la xenofobia, la defensa de la integración de las comunidades migrantes y la preocupación por no alimentar los discursos de la extrema derecha contribuían a que las críticas al Gobierno marroquí se formularan con especial cuidado.
Ahora el debate se ha desplazado. La izquierda no está cuestionando a los ciudadanos marroquíes ni vinculando la inmigración con delincuencia o inseguridad. Su crítica se dirige contra la utilización política de los movimientos migratorios y contra la dependencia europea de terceros países para controlar sus fronteras.
El propio PIE denuncia precisamente esa política de externalización. Considera que la Unión Europea ha delegado en Marruecos una parte esencial del control de su frontera sur y que esa dependencia permite a Rabat disponer de una herramienta de presión extraordinariamente poderosa.
La paradoja es evidente. Europa necesita a Marruecos para contener las salidas migratorias, pero esa misma dependencia proporciona al régimen marroquí capacidad para elevar la presión cuando las relaciones bilaterales atraviesan un momento delicado.
El dinero frente a la pobreza
El comunicado de la izquierda europea también dirige sus críticas contra el modelo económico marroquí. El PIE carga contra el holding real Al Mada y denuncia la concentración de riqueza en torno a las élites vinculadas a la monarquía. El partido contrapone las inversiones multimillonarias asociadas al Mundial de 2030 con las deficiencias de algunos servicios públicos marroquíes.
La denuncia conecta con las protestas protagonizadas en 2025 por jóvenes marroquíes de la denominada Generación Z 212. Las movilizaciones pusieron sobre la mesa el malestar por el estado de la sanidad y la educación y por el destino de grandes cantidades de dinero a proyectos de infraestructuras mientras persistían graves carencias sociales.
Para la izquierda europea, esa contradicción resulta especialmente difícil de ignorar: un Marruecos que aspira a proyectarse como potencia regional y socio estratégico de Europa continúa presentando importantes desigualdades internas.
El Mundial se convierte en campo de batalla
El fútbol se ha convertido así en una extensión inesperada del conflicto diplomático. España, Portugal y Marruecos fueron designados oficialmente como organizadores del Mundial de 2030 por la FIFA. El torneo tendrá 11 estadios en España, seis en Marruecos y tres en Portugal.
La decisión de Sumar y Podemos de cuestionar ahora esa fórmula introduce un elemento político que puede complicar la organización. La propuesta no pretende simplemente modificar una sede, sino poner en duda que Marruecos deba continuar como socio de España y Portugal en el campeonato mientras no se esclarezcan las circunstancias de la tragedia de Ceuta.
El argumento es que la organización de un acontecimiento mundial implica también una determinada imagen internacional. Para Sumar, resulta contradictorio denunciar las vulneraciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, conceder a Rabat el escaparate global que proporciona un Mundial.
La cuestión puede adquirir todavía mayor importancia por la disputa sobre la final. España aspira a que el partido decisivo se celebre en territorio español, mientras Marruecos también pretende albergarlo. El PP ha reclamado al Gobierno que defienda expresamente una sede española.
Una relación que entra en terreno desconocido
La crisis de Ceuta ha abierto, por tanto, una discusión mucho más profunda que la estrictamente migratoria. Hasta ahora, una parte de la izquierda europea había considerado prioritario mantener la cooperación con Rabat y evitar que las críticas al régimen terminaran alimentando discursos xenófobos. El desastre de Ceuta ha alterado ese equilibrio.
La izquierda europea puede seguir defendiendo una política migratoria basada en los derechos humanos y, al mismo tiempo, denunciar las prácticas de un Gobierno extranjero. Esa es precisamente la posición que pretende articular ahora el PIE: proteger a los migrantes sin aceptar que sus vidas puedan convertirse en instrumentos de presión diplomática.
La gran incógnita es hasta dónde llegará este cambio de posición. Maíllo ya reclama revisar «todo» en la relación con Marruecos. Sumar cuestiona el Mundial. Podemos respalda esa iniciativa. Y el Partido de la Izquierda Europea exige una investigación internacional sobre las responsabilidades de la tragedia.
