Tubos Reunidos, la siderúrgica alavesa en concurso de acreedores, celebró este martes 30 de junio su junta anual de accionistas en una sesión telemática que apenas duró 37 minutos. Según el acta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía aprobó la gestión del ejercicio 2025 sin una sola pregunta de los accionistas y, sobre todo, sin alusión alguna a la investigación judicial por el presunto pago de comisiones para obtener el rescate público de la SEPI.
La reunión, celebrada en segunda convocatoria y cerrada por primera vez a los medios de comunicación, contó con la presencia exclusivamente telemática de los accionistas. No hubo ruegos ni intervenciones. El documento registrado en el supervisor bursátil refleja unas pérdidas de 160 millones de euros en 2025 y la aprobación de «la gestión social desarrollada y las actuaciones llevadas a cabo por el consejo de administración».
Una junta de 37 minutos y sin preguntas
La compañía con sede en Amurrio llevaba hasta ayer lunes el trámite anual sin resolver dentro del primer semestre, fecha límite legal para todas las sociedades. La rapidez de la cita marcó un contraste con el calado de los problemas que arrastra: concurso de acreedores, centenares de despidos ejecutados en 2026 y una causa penal que investiga el juez Santiago Pedraz por corrupción.
El CEO Carlos López de las Heras es uno de los imputados, junto con su predecesor Francisco Irazusta y el directivo Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, recientemente dimitido. El acta no menciona en ningún momento este procedimiento abierto a finales de 2025 a raíz de una denuncia de la Fiscalía.
La investigación judicial que no se mencionó
La causa, según fuentes judiciales, se originó al hallar en el móvil del empresario guipuzcoano Antton Alonso indicios de que el autodenominado grupo Hirurok —formado por Alonso, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez— pudo haber mediado para facilitar la inyección de 112,8 millones de euros en 2021 a cambio de un «agradecimiento» económico.
La Guardia Civil estima que la comisión ascendió a unos 250.000 euros, pagados en parte a través de una mercantil instrumental de Alonso en Zaragoza y, directamente, a Fernández Guerrero. La reconstrucción de los hechos indica que el expresidente de la SEPI habría mantenido capacidad de influencia sobre su antigua entidad no solo en el primer rescate, sino también durante la renegociación de intereses en 2024.
La junta de Tubos Reunidos duró 37 minutos y en ella no se hizo ninguna alusión a la causa abierta por el juez Pedraz sobre el rescate de la SEPI.
El rescate de la SEPI y el concurso de acreedores
La SEPI aprobó en 2021 un rescate de 112,8 millones de euros para evitar la quiebra de la siderúrgica vasca, dentro del fondo de apoyo a empresas estratégicas. La operación, ahora bajo sospecha, fue defendida entonces como necesaria para preservar la producción industrial. Dos años más tarde, la compañía tuvo que renegociar los intereses y, pese al dinero público, no ha logrado enderezar sus finanzas: arrastra pérdidas superiores a los 160 millones en 2025 y entró en concurso voluntario de acreedores.
La situación laboral también se ha deteriorado: Tubos Reunidos ha aplicado despidos que afectan a cientos de trabajadores en sus plantas de Amurrio y Álava durante los primeros meses de 2026. La junta del martes se limitó a ratificar las cuentas sin debatir estos ajustes ni la investigación penal. La secretaria del consejo, Inés Núñez de la Parte, ya declaró como testigo en la causa sobre las facturas por los presuntos pagos.
