Galicia aprueba la primera ley de España contra la violencia digital con servicio gratuito de borrado de huella digital

La Xunta remite al Parlamento autonómico el texto de la nueva ley, que incluye la creación de un servicio público y gratuito para eliminar contenidos digitales de acoso. La norma también introduce formación obligatoria en competencia digital en todas las etapas educativas.

El Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, una norma pionera en España que incorpora un servicio gratuito de borrado de huella digital y formación obligatoria en competencia digital en todos los centros educativos no universitarios.

La decisión, anunciada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, representa la primera respuesta legislativa autonómica a un fenómeno que ya es considerado una nueva manifestación de violencia machista. El texto será remitido al Parlamento de Galicia para su tramitación con el objetivo de que quede aprobado este mismo año.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consello de la Xunta ha aprobado la primera ley de España contra la violencia digital, que incluye un servicio gratuito de borrado de huella digital.
  • ¿Quién está detrás? La iniciativa parte del gobierno de Alfonso Rueda (PPdeG) y la Consellería de Política Social, con el respaldo de la mayoría absoluta popular en el Parlamento.
  • ¿Qué impacto tiene? Galicia se convierte en la comunidad pionera en legislar esta materia; la norma contempla medidas educativas, asesoramiento a víctimas y cooperación con plataformas digitales.

El servicio de borrado de huella digital y la educación como pilares

El corazón de la futura ley es la creación de un servicio público y gratuito de eliminación de la huella digital. Cuando contenidos —fotografías íntimas, amenazas, publicaciones humillantes— sean utilizados como herramienta de acoso y permanezcan accesibles en internet, las víctimas podrán recibir apoyo técnico de la Xunta para afrontar un proceso que exigirá siempre una resolución judicial expresa.

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La norma también prevé un servicio gratuito de asesoramiento para las víctimas: orientación para proteger dispositivos, conservar pruebas digitales y actuar ante nuevas amenazas. En paralelo, la Consellería de Política Social impulsará la firma de acuerdos con plataformas y redes sociales para establecer protocolos ágiles de denuncia y retirada de contenidos.

En el ámbito educativo, el proyecto introduce contenidos obligatorios de competencia digital en todas las etapas no universitarias. Los alumnos recibirán formación sobre el uso responsable de internet, los riesgos del ciberacoso y la detección temprana de la violencia digital. Además, la Xunta deberá aprobar un plan integral contra el acoso escolar y el ciberacoso que refuerce la prevención la detección y la actuación en los centros.

Galicia se convierte en la primera comunidad en ofrecer un servicio público de borrado de huella digital, una medida que reconoce la dimensión estructural del acoso online.

Tramitación y reacciones en el Parlamento de Galicia

Tras el visto bueno del Consello de Goberno, el proyecto de ley inicia ahora su camino en la Cámara autonómica. La Xunta confía en que la tramitación sea ágil y que la norma entre en vigor antes de final de año. El texto, estructurado en cuatro títulos y veintiséis artículos, fue sometido a consulta pública y recibió alegaciones de nueve entidades.

Varias de esas alegaciones fueron incorporadas, en particular las dirigidas a reforzar la protección de víctimas con discapacidad y de personas trans. El ejecutivo gallego, gobernado por el PPdeG con mayoría absoluta, defiende que la violencia digital se ha convertido en una manifestación cada vez más frecuente de control e intimidación contra mujeres y menores, y que exige herramientas específicas.

Aunque los grupos de la oposición —BNG y PSdeG— aún no se han pronunciado formalmente sobre este proyecto, el debate parlamentario medirá el grado de consenso en torno a un texto que la Xunta presenta como pionero en España.

El Laboratorio Gallego

Galicia vuelve a colocarse en la vanguardia legislativa con una norma que, de aprobarse, podría servir de modelo para otras comunidades autónomas e incluso para el legislador nacional. No existe en España una ley similar que articule una respuesta integral contra el acoso digital y que ofrezca un servicio público de borrado de huella digital. La iniciativa del PPdeG, que cuenta con la holgura de una mayoría absoluta en el Parlamento gallego, demuestra la capacidad del gobierno autonómico para impulsar políticas sectoriales sin los bloqueos que suelen afectar a otros territorios.

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La lectura nacional es evidente: si el modelo gallego funciona —y la Xunta insiste en la necesidad de actuar con rapidez cuando los contenidos ya circulan por internet—, no sería extraño que otras autonomías gobernadas por el PP o el PSOE replicasen la medida. De hecho, la protección frente a la violencia digital encaja en la agenda de seguridad y lucha contra la violencia machista que el PP nacional ha ido perfilando, aunque de momento no existe un compromiso expreso de Alberto Núñez Feijóo para trasladar esta ley al ámbito estatal. En cualquier caso, la experiencia gallega aporta un banco de pruebas real y cuantificable.

Desde la perspectiva estrictamente gallega, la tramitación de la ley pondrá a prueba la cohesión de la mayoría absoluta popular y la capacidad de la oposición para proponer alternativas. El Pleno del Parlamento, con sus 75 deputados, será el escenario donde se perfile el texto definitivo. Las fechas que maneja la Xunta apuntan a una aprobación antes del cierre de 2026, lo que situaría a Galicia como la primera comunidad con una normativa específica contra la violencia digital.

Ficha del Caso

  • El caso: Galicia aprueba el proyecto de la primera ley autonómica de España contra la violencia digital, con medidas pioneras de apoyo a las víctimas y educación obligatoria en competencia digital.
  • Datos importantes: La norma se estructura en 4 títulos y 26 artículos; incluye un servicio gratuito de borrado de huella digital (previa orden judicial) y otro de asesoramiento. La Xunta espera que entre en vigor este año.
  • Resumen: El ejecutivo de Alfonso Rueda coloca a Galicia como referente legislativo en la lucha contra el acoso online, con un modelo que podría ser replicado en el resto de España una vez se demuestre su eficacia.