Alberto Núñez Feijóo ha defendido este lunes sin matices el pacto de gobierno del PP con Vox en Andalucía y ha anunciado que, si llega a la Moncloa, impulsará una ley nacional del concebido no nacido que siga el modelo aprobado en Madrid por Isabel Díaz Ayuso. La doble maniobra, expuesta en una entrevista en Antena 3, consolida el giro del líder popular hacia los postulados que defiende la formación de Santiago Abascal en materia de familia y natalidad.
Qué recoge la futura ley nacional y cómo encaja con la exigencia de Vox
Feijóo ha asegurado que la futura norma, inspirada en la que él mismo impulsó en Galicia en 2011 y en la aprobada la semana pasada en la Asamblea de Madrid, buscará que el concebido no nacido tenga repercusión económica y social desde el momento en que se acredite el embarazo. «Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público», ha subrayado el líder del PP.
La Ley madrileña, que contó con el voto favorable de Vox, reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar sin exigir una semana mínima de gestación y permite solicitar beneficios fiscales y ayudas desde la acreditación del embarazo. Además, incorpora la prioridad nacional, la figura que Vox ha impuesto en los acuerdos de gobierno de Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora en Andalucía para blindar que las políticas autonómicas respeten un «interés nacional» fijado por el partido de Abascal.
Por tanto, el anuncio de Feijóo no es un gesto menor: implica trasladar al ámbito estatal unos principios que hasta ahora Vox solo había conseguido plasmar mediante pactos autonómicos. La dirección de Vox, que ya respaldó la norma madrileña como un primer paso, ve en la propuesta nacional una oportunidad para generalizar un modelo de protección al no nacido con impacto en toda la política de prestaciones.
El aval cerrado de Feijóo a la coalición con Vox en Andalucía
En paralelo, Feijóo ha reivindicado como un «ejercicio de responsabilidad» el pacto alcanzado por Juanma Moreno con Vox tras perder la mayoría absoluta. «La política es la gestión de la realidad», ha argumentado, recordando que el 55 % de los andaluces votó al PP y a Vox. Para el presidente del PP, gobernar en coalición era la única salida para dotar de estabilidad a la Junta de Andalucía.
Feijóo ha negado que Moreno hubiera prometido no gobernar con Vox durante la campaña y ha quitado hierro a la incorporación de la prioridad nacional a las políticas del ejecutivo andaluz. La defensa del pacto llega después de que el propio líder del PP no acudiera a la toma de posesión de Moreno, una ausencia que ha justificado por problemas de agenda y que, según ha recordado, se repite con todos los presidentes autonómicos apoyados por Vox.
La defensa del pacto andaluz y la futura ley del concebido no nacido colocan al PP en una senda donde la agenda de Vox suma un peso determinante.
Lectura estratégica: Vox consolida su influencia y marca el paso al PP
El doble movimiento de Feijóo tiene una lectura clara desde el prisma de Vox: el principal partido de centro-derecha asume como propia una reivindicación que durante años ha sido bandera exclusiva de la formación de Abascal. La futura ley del concebido no nacido, unida a la defensa sin reservas de los gobiernos de coalición autonómicos, refuerza la posición de Vox como socio necesario para cualquier mayoría alternativa en España.
Además, la aceptación explícita de la prioridad nacional en Andalucía aleja el fantasma de una ruptura futura: el PP no solo gobierna con Vox, sino que incorpora el mecanismo que permite a la dirección nacional de Vox condicionar ciertas políticas autonómicas. En Extremadura y Aragón ese mismo condicionante ya ha modelado decisiones presupuestarias y normativas; ahora Andalucía, la comunidad más poblada con un ejecutivo de coalición de derechas, se suma a una dinámica que Vox pretende proyectar hacia la próxima etapa electoral.
El precedente gallego y valenciano demuestra que este tipo de normas no siempre se traduce en un aluvión de ayudas —en Galicia apenas se reconocieron 400 nasciturus en ocho años—, pero el valor simbólico y el anclaje legal que persigue Vox son evidentes. Con el anuncio de Feijóo, la dirección de Abascal consigue elevar a rango de promesa nacional un principio que ya opera en cinco comunidades y que, de materializarse, daría cobertura estatal a la tutela económica del concebido no nacido. La presión por la derecha que Vox ejerce sobre el PP gana así un nuevo capítulo con horizonte legislativo.
