El nuevo decreto de vivienda que el Gobierno planea aprobar este mes de julio acumula enredos antes incluso de salir del Consejo de Ministros. Podemos ha dejado claro este martes que no apoyará «ni por activa ni por pasiva» ninguna bonificación fiscal a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler, la lÃnea roja que Junts exige cumplir para facilitar la convalidación. La pinza es perfecta: donde el Gobierno cose por la derecha independentista se le descosen los cinco votos de la izquierda morada. Y viceversa.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Podemos ha anunciado su voto en contra del decreto de vivienda si incluye incentivos fiscales para arrendadores, la principal condición de Junts para apoyarlo.
- ¿Quién interviene? Ione Belarra (Podemos) marca la lÃnea roja; Aina Vidal (Sumar-Comuns) presiona a Junts; el PSOE guarda silencio para no dinamitar la negociación.
- ¿Qué importa? Sin el sà de uno de los dos y la abstención del otro, el decreto descarrila en el Congreso en pleno debate sobre el futuro de la coalición.
El decreto que nace con un pie en el alambre
El texto que prepara Vivienda es ambicioso. No se limita a prorrogar dos años los alquileres que venzan en 2026 y 2027 —la medida que PP, Vox y Junts tumbaron hace dos meses—, sino que incorpora una regulación más restrictiva de los arrendamientos de temporada y por habitaciones, un incremento del IVA a los pisos turÃsticos y, sobre todo, la patata caliente del momento: los incentivos fiscales a propietarios e inquilinos. Junts los exige; Podemos los repudia.
La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, fue taxativa este martes. «Nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros», aseguró en rueda de prensa, descartando tanto el voto afirmativo como la abstención. Y añadió un razonamiento que resume el dilema estructural de la legislatura: «Asà como hay votos imprescindibles en la derecha catalana, también los hay en la izquierda». La aritmética parlamentaria convierte esta frase en un jaque al Gobierno.
Sumar mueve ficha sobre el tablero catalán
En la otra punta del espacio polÃtico, Sumar ha optado por un papel distinto. Aina Vidal, portavoz adjunta del grupo parlamentario y diputada de los Comuns, elevó este martes la presión sobre Junts con un argumento que apela tanto a la responsabilidad polÃtica como al cálculo electoral. «Junts debe, esta vez sÃ, permitir que una regulación que pide la mayorÃa de la ciudadanÃa catalana salga adelante», instó.
Vidal fue más allá al advertir que la estrategia «del no a todo» de los de Puigdemont los ha llevado «prácticamente a un sorpasso por parte de Aliança Catalana», y sentenció: «La antipolÃtica abre las puertas al fascismo, y Junts lo está comprobando en sus propias carnes». Sumar lee el pulso no solo en clave de vivienda, sino de supervivencia electoral del independentismo posconvergente.
El decreto de vivienda se ha convertido en un sudoku parlamentario donde cada sà resta un voto en la otra esquina del arco polÃtico.
La dirigente de los Comuns también tuvo palabras para Podemos. Sin elevar demasiado el tono, deslizó que «a estas alturas, todo el mundo entiende que un decreto no es un programa electoral». Y dejó una advertencia que incomoda en el ala morada: «No serÃa comprensible que pudiéramos sacar adelante un decreto que permita prorrogar alquileres a más de tres millones de personas y un partido de izquierdas, por maximalismo, no lo apoyara».
La Dinámica de Coalición
Lo que subyace bajo este debate fiscal es uno de los nudos no resueltos del espacio polÃtico a la izquierda del PSOE. Sumar ha interiorizado que gobernar en coalición implica negociar contrapartidas con formaciones de derecha catalana —el PNV o Junts— que en otros contextos serÃan adversarios ideológicos. Podemos, en cambio, compite desde fuera del Gobierno por un electorado que castiga cualquier cesión a «la patronal inmobiliaria», como define a Junts la propia Aina Vidal. Las dos almas de la izquierda plurinacional miden con varas distintas qué significa la «utilidad del voto» en el Congreso.
Para el PSOE, el silencio es la única estrategia posible. El Ministerio de Vivienda evita hacer declaraciones públicas para no desestabilizar una negociación que ya es de por sà «enormemente complicada», según fuentes oficiales. Mientras, en la Moncloa confÃan en que Junts no querrá ser otra vez responsable de tumbar un paquete de vivienda, con un adelanto electoral asomando en el horizonte del primer trimestre de 2027. Sumar comparte ese análisis, pero añade un matiz propio: el tiempo juega a favor de quien demuestre que puede gobernar, incluso con mayorÃas incómodas. La convalidación del decreto se jugará en un plazo máximo de 30 dÃas hábiles tras su salida del Consejo de Ministros. Cinco votos pueden decidirlo todo.
Lectura rápida para esta recta final de legislatura: si el decreto naufraga, no caerá solo un texto normativo. Caerá el relato de que la coalición progresista aún es capaz de coser acuerdos transversales. Y eso, en vÃsperas electorales, es munición para todos los flancos.
Ficha del Caso
- El caso: El nuevo decreto de vivienda que el Gobierno aprobará en julio de 2026 incluye incentivos fiscales a propietarios exigidos por Junts, rechazados frontalmente por Podemos. Sumar intenta mediar para que los independentistas catalanes faciliten la convalidación del texto en el Congreso.
- Datos importantes: Podemos aporta 5 diputados; Junts, 7. La mayorÃa simple para convalidar el decreto exige al menos la abstención de uno de los dos y el voto favorable del otro. El texto incluye la prórroga de alquileres que vencen en 2026 y 2027, regulación de alquileres de temporada y el IVA a pisos turÃsticos.
- Resumen: El decreto pone a prueba la capacidad del Gobierno de coalición para sumar mayorÃas transversales sin perder apoyos por la izquierda ni por la derecha nacionalista, en un contexto de máxima precariedad parlamentaria y con el adelanto electoral como telón de fondo.
