El Gobierno de Pedro Sánchez ha formalizado su intención de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para 2026. El foco del conflicto es la disposición final décima, una enmienda pactada por PNV y PSE-EE durante la tramitación parlamentaria que modifica la ley autonómica de Cooperación de 2024 para permitir que la administración vasca conceda ayudas a proyectos industriales de “doble uso” —civil y militar— si estos se alinean con la Estrategia Europea de Seguridad.
Según la documentación remitida al Parlamento Vasco por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, el Ejecutivo central sostiene que la enmienda podría vulnerar las competencias exclusivas del Estado en materia de política internacional, defensa, comercio exterior y legislación básica sobre contratos. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional habilita un plazo de seis meses para que ambas administraciones alcancen una interpretación compartida antes de elevar el caso al pleno de la corte de garantías, y con ese fin se ha constituido ya una comisión bilateral.
Las cuentas públicas, aprobadas en diciembre de 2025 y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, incluían esta modificación a última hora tras una enmienda defendida conjuntamente por los grupos que sustentan al Gobierno de Imanol Pradales. En su justificación, nacionalistas y socialistas señalaron que la medida era imprescindible para desbloquear 325 millones de euros en inversiones industriales que, de otro modo, quedarían excluidas por la redacción anterior de la ley de Cooperación. Ámbitos como la ciberseguridad, el sector aeroespacial o los combustibles renovables se citaban como afectados.
“Es un hecho que la industria de alta tecnología y doble uso representa un porcentaje significativo del PIB industrial vasco”, recogía el texto de la enmienda, que añadía que su desarrollo dependía “directamente de corregir el bloqueo normativo que hoy impide ejecutar partidas de innovación, internacionalización e I+D+i”. La propuesta insistía en que la alineación con la Estrategia Europea de Seguridad garantizaba un “marco plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional”.
Sin embargo, organizaciones como la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin denunciaron que PNV y PSE-EE habían actuado con “nocturnidad” para permitir la financiación de armamento y tecnología militar. El Partido Popular, a través del parlamentario Álvaro Gotxi, fue el que preguntó en el Parlamento Vasco por el recurso, evidenciando la división política que ha generado la medida.
La disposición final décima de los presupuestos vascos se ha convertido en un nuevo foco de tensión competencial entre los Gobiernos central y vasco, que examina el encaje del Concierto Económico en la política industrial de defensa.
Qué cambia la disposición final décima
La enmienda añade una salvedad a la prohibición general de que las administraciones vascas colaboren o financien actividades relacionadas con armamento. A partir de ahora, se admiten excepciones si los proyectos se encuadran en la Estrategia Europea de Seguridad, un documento marco que enumera las amenazas y prioridades de defensa de los Veintisiete. El Gobierno Vasco defiende que esta referencia europea es suficiente para acotar el alcance y que, de hecho, la agencia pública SPRI ya ha incorporado ese criterio en las bases de las ayudas Zabaldu+ de 2026, publicadas el lunes.
Fuentes del Ejecutivo de Imanol Pradales consultadas por Moncloa.com confían en que “puede darse una interpretación” de la enmienda que no suponga una invasión competencial. “El Gobierno vasco mantendrá una disposición dialogante en orden a alcanzar un acuerdo interpretativo del precepto cuestionado”, ha explicado la consejera Ubarretxena en sede parlamentaria. El objetivo es evitar que el recurso llegue a formalizarse ante el Tribunal Constitucional.
La vía política antes del Constitucional
La comisión bilateral creada al amparo del artículo 33 de la ley orgánica del tribunal dispone de un plazo máximo de nueve meses desde la promulgación de la ley, que ocurrió a finales de diciembre de 2025. De no alcanzarse un pacto interpretativo, el Gobierno central podría presentar el recurso en torno al mes de septiembre de 2026. Hasta la fecha, según ha podido conocer esta redacción, ya se han intercambiado propuestas entre ambos equipos jurídicos, aunque sin acuerdo.
Desde el punto de vista del Ejecutivo central, la enmienda vasco desdibuja el límite de sus competencias exclusivas, especialmente en un ámbito como la defensa, que la Constitución reserva al Estado. Este choque se produce en un momento en que la industria vasca —con más del 30% de su PIB ligado al sector manufacturero— busca posicionarse en los programas europeos de seguridad y defensa, un ámbito que moviliza miles de millones de euros anuales.
La controversia tiene también una lectura en clave estatal: el PNV es un socio habitual del Gobierno de Sánchez en el Congreso, y un enfrentamiento ante el Constitucional podría tensar unas relaciones que hasta ahora han garantizado la estabilidad de la legislatura. Fuentes de ambos partidos evitan, por el momento, vincular este recurso al pacto de investidura o a otros acuerdos pendientes.
Mientras tanto, la Diputación Foral de Bizkaia y la de Gipuzkoa, territorios con una fuerte implantación de empresas de doble uso, observan con atención el desenlace. El desbloqueo de los 325 millones en inversiones es, para el Gobierno Vasco, una palanca industrial que no quieren perder. La decisión final, sin embargo, queda ahora en manos de la comisión bilateral y, en última instancia, del Tribunal Constitucional.
