Seis de cada diez pequeñas y medianas empresas en Catalunya no logran cubrir sus puestos vacantes porque los salarios que pueden ofrecer no compensan el coste de vida en las zonas donde la vivienda se ha disparado. Así lo revela el informe ‘Vivienda, movilidad y competitividad de las pymes’ elaborado por el Observatori de la Pime de Catalunya y la patronal Pimec.
El estudio, que analiza el impacto de la crisis residencial en la competitividad empresarial, muestra que el 98 % de las pymes catalanas identifica su zona como parte del mercado tensionado y el 79 % la describe como muy tensionada. De ellas, el 63 % confiesa dificultades de contratación. El 56 % responsabiliza al tiempo o al coste de los desplazamientos, mientras que el 33 % señala que factores residenciales, como la falta de vivienda asequible o el precio de vivir cerca del centro de trabajo, desalientan a los candidatos.
El coste de la vivienda expulsa candidatos
Mónica Gregori, presidenta de Pimec Comerç, lo ilustra con claridad: ‘la vivienda es una barrera de entrada, porque tensiona mucho el gasto que tiene el trabajador solo en ese aspecto. Y esto lleva a que ciertos salarios no cubran sus expectativas, sobre todo en centros de ciudad donde la vivienda es carísima’.
La percepción no es nueva, pero el informe la cuantifica. El 83 % de las empresas consultadas considera que el encarecimiento del alquiler presiona al alza las expectativas salariales de quienes solicitan un empleo, y el 57 % ya ha asumido sobrecostes asociados a la vivienda o la movilidad de su plantilla. La movilidad es el canal más visible a través del cual esta problemática llega a la empresa, según Pimec.
La factura para las pequeñas empresas
La situación tiene efectos tanto en el candidato como en el ya contratado. ‘Afecta al potencial, que desiste porque no le cuadran los números, y afecta al que tienes actualmente, porque si quieres mantener a ese trabajador tienes que cubrirle un poco’, añade Gregori. Y el resultado es que todo ello acaba repercutiendo también en la viabilidad del negocio: las pymes asumen más demanda de la que pueden cubrir.
El informe es contundente: una de cada dos pymes catalanas ha limitado, aplazado o descartado decisiones de crecimiento debido a las dificultades para encontrar personal vinculadas parcialmente a la vivienda o a la movilidad. Las pymes son definidas como ‘las más vulnerables’ ante esta crisis, especialmente en sectores como la industria, la construcción, la logística, el comercio, la hostelería o los servicios de atención a las personas.
La vivienda se ha convertido en una barrera de entrada tan alta que el salario de convenio ya no basta para atraer talento.
La paradoja se extiende al conjunto del país. Según los últimos datos del INE, el primer trimestre de 2026 batió récord con 159.785 puestos vacantes en España, un 4,51 % más que en 2025 y un 59,72 % más que hace cinco años. En ese mismo periodo el coste laboral por trabajador ha subido un 4,91 % hasta los 3.278 euros. Sin embargo, las pequeñas empresas siguen con márgenes más estrechos.
La paradoja de los controles de alquiler en Catalunya
Catalunya fue la primera comunidad en aplicar los controles de precios al alquiler en zonas tensionadas, pero el impacto en el mercado no está siendo uniforme. Según datos de de Incasòl, el precio medio del alquiler ha disminuido un 1,28 % desde el inicio de 2024, pasando de 887,90 euros a 876,56 euros actuales. Sin embargo, la firma de contratos se ha reducido un 18,79 % en el mismo periodo, lo que apunta a una contracción de la oferta.
La moderación de los precios no resuelve el problema de fondo cuando la oferta se retrae o se mantiene congelada. ‘Quien encuentra una vivienda asequible no renuncia fácilmente a ella’, interpreta el informe, lo que impide que el stock rote y deja a miles de trabajadores al margen de la ciudad.
El comercio local, otra víctima indirecta
Mientras tanto, los negocios de proximidad siguen cayendo. El balance de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) indica que en 2025 cerraron 13.586 comercios locales, y se prevé que en 2026 puedan desaparecer otros 12.000. A los motivos tradicionales —presión fiscal, falta de relevo generacional, competencia digital— se suma ahora la factura indirecta de la vivienda, que dificulta la contratación y pone contra las cuerdas a la pequeña empresa.
