El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha lanzado este miércoles una advertencia directa a Washington: Pekín ‘tomará las medidas necesarias’ para proteger a sus empresas del proyecto de ley que el Senado estadounidense introdujo la víspera y que permitiría imponer aranceles del 100% a los mayores compradores de petróleo y gas rusos. El portavoz Lin Jian calificó la iniciativa de ‘coacción económica’ carente de base jurídica internacional y avanzó que se defenderá con firmeza a las compañías y ciudadanos chinos.
La respuesta no es retórica vacía. China ya demostró en la guerra comercial de los últimos dos años que dispone de herramientas para golpear donde más duele a la industria estadounidense, desde aranceles de represalia hasta el bloqueo de exportaciones de minerales críticos. La reactivación de una ley que parecía enterrada tras la muerte del senador Lindsey Graham vuelve a tensar una relación que apenas empezaba a normalizarse.
Una ley congelada que vuelve a la carga
El proyecto revisado, introducido el martes en la Cámara Alta, actualiza una iniciativa original del fallecido senador Graham, conocido halcón de la política exterior republicana. Si se aprueba, el presidente Donald Trump quedaría autorizado a gravar con hasta el 100% las importaciones procedentes de los cinco principales compradores de crudo y gas rusos. China y la India encabezan esa lista.
La medida busca asfixiar todavía más los ingresos energéticos del Kremlin. Pero Pekín no es un comprador cualquiera: es el mayor importador de petróleo ruso por vía marítima y un socio estratégico que Moscú considera insustituible mientras dure el cerco occidental. El mensaje del portavoz Lin fue inequívoco: ‘Las sanciones unilaterales, sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, acaban siendo contraproducentes’.
La doctrina de las ‘medidas necesarias’: lo que Pekín no dice
La ambigüedad deliberada de la fórmula ‘medidas necesarias’ es una especialidad diplomática china. En la práctica, puede activar desde nuevos aranceles a productos estadounidenses hasta restricciones a la exportación de tierras raras, un movimiento que ya paralizó cadenas de suministro de semiconductores y defensa en 2025. Aquella vez, fabricantes como Raytheon y Lockheed Martin vieron interrumpida la producción de misiles y radares durante semanas.
Además, el momento no es casual. La iniciativa llega menos de dos meses después de que Washington y Pekín firmaran un marco comercial para rebajar la tensión heredada de la guerra arancelaria que llevó los gravámenes estadounidenses al 145% sobre productos chinos y los de Pekín al 125% sobre bienes americanos. Aquel acuerdo, lejos de blindar la distensión, se revela ahora como un alto el fuego precario. La irrupción de la ley Graham reabre la caja de herramientas de la confrontación.
Las sanciones unilaterales son un arma de doble filo: pueden aislar a Moscú, pero también acercan a Pekín a un nuevo eje energético que ya no cotiza en dólares.
Las compras chinas de crudo ruso no son un mero intercambio comercial. A partir de 2022, ambas potencias aceleraron la desdolarización del comercio energético, liquidando buena parte de las transacciones en yuanes y rublos. Ese incipiente circuito financiero paralelo es el verdadero objetivo estratégico que el Senado estadounidense intenta desmantelar.
Equilibrio de Poder
Las tres grandes potencias leen este movimiento con prismas muy distintos. Para la administración Trump, se trata de una palanca de presión económica que no implica tropas sobre el terreno y que refuerza su imagen de firmeza ante el Kremlin. Sin embargo, el Pentágono y el Departamento del Tesoro saben que la eficacia real de los aranceles secundarios es limitada: Pekín ha demostrado capacidad para sortearlos mediante triangulaciones y acuerdos en la sombra con intermediarios malayos y emiratíes.
Moscú, mientras tanto, asiste al envite con una mezcla de inquietud y oportunismo. Cada nueva sanción que golpea a sus clientes refuerza el relato del cerco occidental y legitima la cooperación energética con China como única vía de supervivencia. El Kremlin ya ha comenzado a ofrecer descuentos adicionales a las refinerías independientes chinas para blindar los flujos antes de que los aranceles puedan ser efectivos.
Para la Unión Europea y España, el impacto es indirecto pero relevante. Bruselas observa con preocupación cómo Washington utiliza herramientas extraterritoriales que afectan a las cadenas de suministro globales, justo cuando la propia UE debate si imponer sanciones secundarias al gas natural licuado ruso. En Moncloa, la lectura es que una escalada arancelaria entre las dos mayores economías del mundo encarecería el precio del crudo en los mercados internacionales y reactivaría la inflación energética, precisamente el escenario que más teme el Ministerio de Economía de cara a los Presupuestos de 2027.
El precedente de 2018-2019 es instructivo: aquella guerra comercial acabó contagiando al conjunto del comercio mundial y lastró el crecimiento de la eurozona en tres décimas. Ahora, con el mazo arancelario apuntando directamente a la energía, el contagio podría ser aún más rápido. El choque de trenes entre la doctrina ‘America First’ y la ‘comunidad de destino compartido’ que predica Xi Jinping entra en una nueva fase. Y, una vez más, el campo de batalla no es un estrecho marítimo, sino una partida arancelaria.
La pregunta que sobrevuela Bruselas y Moncloa es si la Casa Blanca está dispuesta a una nueva guerra comercial de espectro completo justo cuando la economía estadounidense empieza a dar señales de enfriamiento. La respuesta, probablemente, la conoceremos cuando el presidente Trump firme o vete el proyecto que ahora mismo está sobre la mesa del Senado. Mientras tanto, Pekín ya ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados.
