La Junta de Andalucía adjudica 22 millones a la sanidad privada de Jaén para pruebas diagnósticas

El acuerdo marco, ya adjudicado, contempla endoscopias, resonancias y TAC en centros de Jaén y provincias limítrofes. El PSOE-A denuncia un posible desplazamiento de pacientes y reclama más inversión pública.

La Junta de Andalucía ha adjudicado un acuerdo marco por 22.120.166,68 euros para que centros de la sanidad privada realicen pruebas diagnósticas a pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Jaén, con el objetivo de reducir las listas de espera.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Consejería de Salud ha contratado a clínicas privadas por 22 millones para hacer ecografías, resonancias, TAC y otras pruebas a pacientes de Jaén.
  • ¿Dónde y quién? Los centros estarán en la provincia de Jaén y en otras limítrofes; el Parlamento andaluz ha conocido el contrato ya adjudicado.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Se pretende agilizar las listas de espera, aunque el PSOE advierte de que muchos pacientes podrían tener que desplazarse fuera de su provincia.

Un contrato de 22 millones para desatascar las listas de espera

El expediente, publicado en el perfil del contratante de la Junta, detalla un importe de licitación de 22.120.166,68 euros y un valor estimado de 50.876.383,36 euros. La prestación de los servicios se contempla en centros sanitarios privados tanto de la provincia de Jaén como de provincias limítrofes, incluidas otras comunidades autónomas, para atender la demanda acumulada de pruebas complementarias.

Entre las pruebas que se derivarán a estos centros figuran endoscopias, ecografías, resonancias magnéticas, TAC, estudios neurofisiológicos, mamografías y gammagrafías. Son procedimientos que actualmente registran tiempos de espera superiores a los deseables, según la información facilitada por el parlamentario del PSOE Víctor Torres.

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La iniciativa se enmarca en la política de la Consejería de Salud de recurrir a medios externos cuando la capacidad pública no es suficiente para cumplir los plazos asistenciales. La Junta de Andalucía defiende que este tipo de contratos permiten a los pacientes acceder antes a sus diagnósticos.

La oposición teme un desplazamiento masivo de pacientes

El diputado autonómico Víctor Torres ha denunciado este martes que la adjudicación podría obligar a muchos pacientes de Jaén a desplazarse a centros sanitarios de otras provincias o incluso de otras comunidades, una posibilidad que considera “perjudicial para los usuarios del SAS“. En su intervención, calificó la decisión como «un saqueo de la sanidad pública que lleva el nombre de Juanma Moreno y el PP».

Torres vinculó esta adjudicación con la situación que, a su juicio, atraviesan varios hospitales públicos de la provincia, entre ellos los de Jaén, Andújar, Sierra de Segura, Alcalá la Real y Alcaudete. “El PP quiere dejar a Jaén como a una provincia de segunda en materia sanitaria”, alertó.

22 millones de euros para que la sanidad privada haga pruebas diagnósticas, mientras una decena de hospitales públicos de Jaén arrastran carencias de personal y equipamientos.

Desde el PSOE-A insisten en que la Junta de Andalucía debería reforzar la sanidad pública en lugar de destinar recursos a contratos con el sector privado. Consideran que la medida es un síntoma de la “infrafinanciación” que sufre la provincia.

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La Lectura Andaluza

La sanidad pública andaluza se enfrenta a un cuello de botella histórico en las pruebas diagnósticas. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad, la comunidad arrastra un déficit estructural que, en provincias como Jaén, dispara las demoras para acceder a una resonancia o una ecografía. El recurso a la privada no es nuevo: la Junta de Andalucía ya ha activado contratos similares en los últimos años en otras provincias, siempre con el argumento de dar respuesta rápida a los ciudadanos mientras se amplía la capacidad propia.

Para los pacientes de Jaén, la medida puede traducirse en una cita más ágil, pero también en la incertidumbre de tener que viajar a Granada, Córdoba o incluso a centros de otras comunidades si la oferta local no es suficiente. El valor estimado del contrato (más de 50 millones) sugiere un volumen muy alto de derivaciones, lo que inevitablemente reabrirá el debate sobre la necesidad de invertir en equipamientos públicos en los hospitales de la provincia: la misma Consejeria de Salud tiene varias ampliaciones pendientes en los centros mencionados por el PSOE.

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Las próximas semanas serán clave: el Parlamento de Andalucía podría exigir comparecencias para detallar los criterios de adjudicación y el reparto territorial de las pruebas. Mientras, los ciudadanos observan el acuerdo con la esperanza de que las listas de espera bajen sin que su factura en desplazamientos se dispare.