El Consejo General de la Abogacía Española ha constituido el Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT), un órgano integrado por once especialistas de la universidad, la magistratura y la Administración, con el mandato de reforzar la seguridad jurídica en un ámbito que, según datos del INE, ha duplicado su facturación en el último lustro, pasando de 654 millones de euros en 2019 a casi 1.388 millones en 2024.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto la Abogacía? La creación del Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT), con once miembros de perfil universitario, judicial y administrativo.
- ¿Qué base jurídica inspira su trabajo? El principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución, la calidad normativa y la protección del derecho de defensa y el secreto profesional.
- ¿Qué impacto inmediato tiene? El análisis del régimen de plazos administrativos en agosto abre una vía de flexibilización para los profesionales del sector tributario.
La composición del Consejo: once expertos con trayectoria mixta
El CADT reúne perfiles que combinan la investigación académica, la práctica jurisdiccional y la defensa de los intereses públicos. Entre sus miembros figuran el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, José Manuel Almudí, y los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario Gabriel Casado (Complutense), Pablo Chico (Rey Juan Carlos) y Saturnina Moreno (Castilla-La Mancha), junto a José Andrés Sánchez, que compagina cátedra y ejercicio profesional.
Desde el ámbito jurisdiccional, la magistrada del Tribunal Supremo Sandra González de Lara aporta el control de legalidad en última instancia. El abogado del Estado Maximino Linares, especializado en litigación tributaria, conoce la mecánica de los procedimientos desde la posición de la Administración. Completan el órgano Bernardo Bande, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, y tres consejeros de la propia Abogacía: Cristina Llop, tesorera; Antònia Martí y Manuel Mata.
El primer asunto sobre la mesa: el régimen de plazos en agosto
El CADT ya ha señalado un asunto urgente: la revisión del régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto. La coincidencia entre la actividad de las Administraciones tributarias y el periodo vacacional de los profesionales genera fricciones prolongadas. El Consejo estudiará fórmulas de inhabilidad parcial que protejan al contribuyente sin perjudicar al letrado que debe atender los requerimientos, un equilibrio que hasta ahora ninguna reforma ha logrado articular de forma satisfactoria.
La agenda se amplía a otros ejes clásicos del Derecho Tributario: calidad normativa, derecho de defensa, secreto profesional y predecibilidad de las decisiones administrativas. La diferencia radica en que el sistema tributario ha cambiado de escala: el incremento de la litigiosidad y la complejidad normativa exigen un espacio de reflexión autónomo, separado de la urgencia contenciosa, que hasta ahora no existía en el seno de la Abogacía.
La constitución del CADT responde a la necesidad de abordar la hiperregulación tributaria desde un foro de análisis previo a la litigiosidad, con el objetivo de devolver previsibilidad al sistema.
La Doctrina del Tribunal
El principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución ha sido objeto de una jurisprudencia reiterada tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. Ambos tribunales han vinculado la calidad de la norma tributaria a la exigencia de certeza y previsibilidad para los obligados. La Ley General Tributaria, al regular los procedimientos de gestión, inspección y recaudación, sienta las bases del deber de colaboración, pero la proliferación de disposiciones reglamentarias y la rapidez de los cambios legislativos han erosionado esa previsibilidad.
La doctrina jurisprudencial ha señalado que las normas tributarias deben ser claras y accesibles, evitando cargas desproporcionadas sobre el derecho de defensa (artículo 24 CE). El nuevo Consejo asume esa línea al proponerse analizar la calidad normativa antes de que los conflictos lleguen a los juzgados. La referencia expresa al secreto profesional y a los plazos de agosto conecta con la necesidad de proteger al letrado como garante del derecho de defensa del contribuyente, un aspecto que la doctrina del Tribunal Supremo ha puesto de relieve en recursos de amparo y casación.
FICHA DEL CASO
- El caso: Constitución del Consejo Asesor de Derecho Tributario por el Consejo General de la Abogacía Española, con once expertos para analizar la normativa tributaria y proponer mejoras en seguridad jurídica.
- Datos importantes: Integrantes de la universidad, la judicatura y la Administración; enfoque inmediato en los plazos de agosto; fecha de presentación 15 de julio de 2026.
- Fecha de los juicios: 15 de julio de 2026 (presentación del órgano).
- Personas acusadas y por qué: N/A.
