El juez Calama avala la investigación a Zapatero por los 200.000 euros de Bolivia

El juez Calama respalda las pesquisas policiales sobre los pagos del Grupo Gloria al expresidente socialista por supuestas gestiones en Bolivia. La decisión llega en la causa Plus Ultra y reaviva el debate sobre la judicialización de la política institucional.

El juez José Luis Calama ha dado este miércoles luz verde a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que amplíe las pesquisas sobre los 200.000 euros que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero percibió del Grupo Gloria peruano por sus supuestas gestiones en Bolivia. La decisión, contenida en un auto fechado hoy, rechaza la petición del exlíder socialista de que se excluyera de la causa un reciente informe policial que apunta a un entramado de presunta intermediación.

La UDEF sostiene que Zapatero cobró esos honorarios a través de la empresa Focus Social Research, formalmente como labores de consultoría, pero que en realidad constituían el pago por influir ante altos cargos del Gobierno boliviano —incluido el presidente Luis Alberto Arce— para evitar que el citado grupo peruano afrontara una multa de 107 millones de dólares. La resolución del magistrado subraya que los nuevos indicios presentan “verosimilitud delictiva” y que, por tanto, la investigación no puede ser cercenada de forma prematura.

La causa se enmarca en el denominado caso Plus Ultra, la investigación que la Audiencia Nacional mantiene abierta sobre el rescate público de la aerolínea con fondos de la SEPI, una operación que ya generó un intenso debate parlamentario durante la legislatura anterior. Ahora, la vertiente boliviana añade un capítulo delicado para el PSOE porque sitúa bajo el foco mediático y judicial a uno de sus históricos, justo cuando la formación de Pedro Sánchez intenta blindar su relato de gestión frente a los ataques constantes de la oposición.

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Por qué el juez rechaza el ‘carpetazo’ y permite nuevas pesquisas

La defensa de Zapatero había solicitado que se apartara de la instrucción el informe policial que detalla los pagos y las supuestas gestiones, argumentando que se trataba de una “investigación prospectiva”, ajena al objeto del procedimiento. Sin embargo, el juez Calama recuerda en su auto que la función de la policía judicial es justamente indagar aquellos hechos que, una vez aflorados, guarden conexión con la causa principal.

“Los hechos que presentan verosimilitud delictiva no pueden ser ignorados por el instructor”, señala el magistrado, en una línea argumental que deja escaso margen para el archivo rápido. La resolución insiste en que la ampliación de las pesquisas no supone en modo alguno una condena anticipada, sino la garantía de que la justicia pueda esclarecer todos los extremos.

El impacto de la causa Plus Ultra: la sombra de la sospecha sobre un expresidente

El llamado caso Plus Ultra ya ha sido utilizado políticamente por el Partido Popular y Vox para erosionar la credibilidad del Gobierno. La pieza boliviana, al involucrar directamente a Zapatero —presidente entre 2004 y 2011—, añade una carga simbólica enorme. El expresidente ha negado siempre cualquier irregularidad y ha defendido la legalidad de sus trabajos de consultoría internacional.

La dirección federal del PSOE, sin embargo, evita por el momento un pronunciamiento público contundente, limitándose a reiterar su “respeto absoluto a los procedimientos judiciales” y a subrayar que el partido “no comenta actuaciones de personas a título individual”. La prudencia es comprensible: el caso se encuentra en fase de instrucción y cualquier declaración apresurada podría alimentar el ruido mediático.

La decisión del juez Calama no es una condena, pero sí mantiene abierta una vía de agua que el PSOE necesita gestionar con delicadeza en plena pugna por el relato.

El PP no ha tardado en reaccionar. Su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha calificado la resolución de “nuevo capítulo de la corrupción socialista” y ha exigido explicaciones al actual presidente, Pedro Sánchez. Mientras, Vox ha anunciado que pedirá la comparecencia de Zapatero en el Congreso. La presión se intensifica, aunque desde el Grupo Parlamentario Socialista descartan, por ahora, que la iniciativa vaya a prosperar.

El Eje del Poder Socialista

El avance de la investigación sobre Zapatero irrumpe en un momento en el que el PSOE de Pedro Sánchez intenta consolidar su proyecto de legislatura centrado en las políticas sociales y la estabilidad económica. La aparición de un nuevo frente judicial, aunque sea sobre hechos que datan de años después de la salida de Zapatero de la política activa, fuerza a Ferraz a desplegar un delicado equilibrio: no desautorizar al expresidente pero, al mismo tiempo, marcar distancia para que el ruido no contamine la imagen del Gobierno.

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La situación recuerda a otros episodios en los que el partido ha tenido que gestionar investigaciones sobre figuras históricas, como los casos de los ERE en Andalucía o la financiación del PSOE en la etapa de los años 90. En aquella ocasión, la estrategia fue combinar el respeto institucional con la defensa cerrada de la presunción de inocencia, un esquema que todo indica se repetirá ahora. La dirección federal insiste en que “no hay condena, no hay imputación formal” y que el partido está concentrado en la gobernanza.

En el plano territorial, los barones socialistas guardan un silencio cómplice. Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias) han evitado pronunciarse, mientras que Salvador Illa (Generalitat) se ha limitado a señalar que la justicia debe actuar “sin filtraciones ni espectáculo”. El silencio de los presidentes autonómicos del PSOE es el reflejo de una directriz no escrita: ninguna voz debe abrir una grieta que pueda ser explotada por la oposición.

La lectura a medio plazo es compleja. Si la instrucción avanza y se producen imputaciones, el caso podría convertirse en munición para el PP en las próximas citas electorales, especialmente en las autonómicas de Cataluña y en las generales. Pero, por ahora, la estrategia socialista pasa por mantener la calma, subrayar que Zapatero ya no ocupa ningún cargo orgánico y recordar que el Gobierno de Sánchez ha aprobado medidas de transparencia y lucha contra la corrupción sin precedentes.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Respeto absoluto a la justicia y confianza en que, de no existir delito, quedará acreditado. Mientras, el PSOE sigue centrado en gobernar con una agenda social sólida.
  • Protagonista: José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE).
  • Próximo hito: La UDEF deberá remitir en las próximas semanas un informe ampliatorio que determinará si hay base suficiente para elevar una exposición razonada a la Fiscalía o, en su caso, para solicitar la imputación formal.