EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Partido Popular ha anunciado una proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería y legalizar las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla.
- ¿Quién está detrás? La portavoz de Inmigración del PP, Alma Ezcurra, tras reunirse con sindicatos policiales en Palma.
- ¿Qué impacto tiene? Blinda la actuación de las Fuerzas de Seguridad, revierte la inseguridad jurídica creada por la sentencia del Tribunal Supremo y tensa al Gobierno en plena crisis migratoria.
El Partido Popular ha dado este miércoles un paso legislativo de calado: impulsará una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para blindar las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. El anuncio, realizado en Palma por la eurodiputada y portavoz del área de Inmigración del PP, Alma Ezcurra, llega apenas unos días después de que el Tribunal Supremo sentenciara que la ley actual no ampara las expulsiones automáticas de quienes llegan a nado a las dos ciudades autónomas.
La iniciativa se plasma en una proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular registrará en el Congreso. Se trata de modificar el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000 para dar cobertura legal expresa a las intervenciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en los perímetros marítimos de Ceuta y Melilla, siempre que las llegadas se produzcan a nado y no en embarcación. La reforma no afecta a Canarias ni a Baleares, donde las arribadas son por patera.
La sentencia del Supremo y la respuesta legislativa
El Alto Tribunal resolvió la semana pasada que la expulsión de un migrante argelino interceptado en el mar no podía ejecutarse sin iniciar un expediente de devolución. La Sala Tercera interpretó que el procedimiento del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000 es de aplicación obligada, incluso cuando el cruce es a nado y no por los pasos fronterizos terrestres. La consecuencia inmediata es que las fuerzas policiales han quedado sin amparo para actuar con inmediatez, lo que el PP considera un vacío que alienta el efecto llamada.
“Proponemos reformar la Ley para dar amparo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se puedan realizar esas devoluciones en la frontera con todas las garantías”, ha explicado Ezcurra. El mensaje es nítido: el PP no quiere que la entrada irregular a nado reciba un tratamiento más favorable que el asalto a la valla, y entiende que la soberanía en las ciudades autónomas exige instrumentos de disuasión inmediata.
Reacción de los sindicatos policiales y contexto migratorio
El anuncio se produjo tras un encuentro en Palma con representantes de todas las asociaciones sindicales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La elección del lugar no fue casual: Baleares ha pulverizado sus registros de inmigración irregular, con más de 7.000 llegadas en 2025, la cifra más alta desde 2018. Sin embargo, la medida que impulsa el PP no se aplicará en las islas, ya que las devoluciones en caliente sólo se pretenden legalizar para las fronteras marítimas de Ceuta y Melilla, donde se llega a nado.
Ezcurra cargó contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, denunciando la multiplicación por diez de las llegadas en algunas regiones desde que ocupa la Moncloa. “Sánchez prefiere viajar a Francia para inventar una crisis diplomática”, ironizó, en alusión a las recientes tensiones con París.
La sentencia del Supremo deja a los agentes en tierra de nadie jurídica: el PP quiere devolverles la certeza legal.
Ahora la iniciativa debe superar la criba del Congreso. La gran incógnita son los apoyos parlamentarios que pueda recabar, especialmente los de Junts, cuyo voto ha resultado determinante en otras ocasiones. La partida se juega, además, en un momento de máxima sensibilidad migratoria.
El Eje del Poder Popular
La reforma de la Ley de Extranjería no es un movimiento aislado. En el tablero del PP, la defensa de las fronteras de Ceuta y Melilla es una línea roja que conecta a la cúpula nacional con los presidentes de ambas ciudades autónomas, Juan Vivas y Juan José Imbroda, ambos del partido. Génova interpreta que la sentencia del Supremo, aunque técnicamente impecable, ha creado un problema político de primera magnitud: la percepción de que el Estado no controla sus fronteras.
La propuesta legislativa permite al PP subir al ring con el Gobierno en uno de los pocos terrenos donde puede combinar el argumento de la seguridad con un discurso de amparo a los agentes. Además, neutraliza posibles reproches internos de tibieza: el partido se ve a sí mismo como el único que puede ofrecer “garantías” sin renunciar al control migratorio. En el flanco con Vox, la medida es una señal de firmeza, aunque expresada en los términos institucionales que diferencian al PP.
El aterrizaje territorial es evidente. Ceuta y Melilla, con gobiernos populares, llevan meses pidiendo herramientas legales para gestionar una presión migratoria que desborda sus recursos. La reforma es también un mensaje a los barones de las CCAA gobernadas por el PP: la defensa de las competencias autonómicas no excluye la exigencia de que el Estado garantice la seguridad en los enclaves extrapeninsulares.
A medio plazo, el movimiento tensa la agenda parlamentaria del Gobierno justo cuando el debate presupuestario está a punto de arrancar. Sánchez necesitará decidir si acepta enmendar su propia ley para contentar a un PP que ha hecho de la legalidad y la firmeza su seña de identidad, o si se atrinchera en la doctrina del Supremo arriesgándose a aparecer como el presidente que desprotegió a los policías. La ventana crítica se abrirá en el momento en que la proposición de ley se califique en la Mesa del Congreso y empiece a buscar socios. El calendario, sin confirmar aún desde Génova, apunta a que la discusión de fondo se producirá antes del receso estival.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El PP blinda la actuación policial en la frontera sur con una reforma legal, frente a un Gobierno que ha dejado a los agentes sin amparo tras la sentencia del Supremo.
- Protagonista: Alma Ezcurra (portavoz de Inmigración del Partido Popular).
- Próximo hito: Presentación de la proposición de ley en el Congreso de los Diputados; la incógnita es si Junts se sumará al texto.
