El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha vuelto a eximir a la Xunta de Galicia de abonar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, la misma decisión que en 2022 había llevado al Tribunal Supremo a anular la sentencia por falta de imparcialidad del juez Luís Villares. Un tribunal completamente diferente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acaba de ratificar aquella resolución, precisamente la que sirvió como coartada para apartar al magistrado de la sección que tramitaba los recursos contra los parques eólicos.
El fallo, conocido este miércoles, anula la condena al Servizo Galego de Saúde a reembolsar a la concesionaria del complejo hospitalario cerca de un millón de euros correspondientes al IBI de 2019. Según la Sección Tercera del TSXG, la documentación contractual no permitía deducir que los derechos del concesionario fueran distintos a los previstos, y que, en todo caso, era la Xunta quien debía garantizar la indemnidad fiscal ante la retirada de la exención por parte del Ayuntamiento de Vigo. La sala considera que no cabe “acudir a alambicadas interpretaciones” para generar obligaciones no previstas.
El entorno del juez Villares califica la noticia como “buena”, porque “disipa las dudas sobre su imparcialidad”, aunque admiten que “llega tarde”. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 el Supremo había anulado hasta tres sentencias de la misma sala argumentando aquellas dudas sobre la apariencia de parcialidad del magistrado, que fue líder de En Marea. La presidenta de la Sala, Azucena Recio, esgrimió ese razonamiento para trasladar forzosamente a Villares y a su compañera Dolores López a la Sección Cuarta, una decisión que sigue recurrida y que ha sido denunciada por sindicatos como CIG y por organizaciones judiciales como Xuíces e Xuízas para a Democracia.
El movimiento de Recio se produjo apenas unos días después de tomar posesión y tras una dura campaña de la derecha política y mediática contra la Sección Tercera, que había dictado cautelares paralizando más de 60 parques eólicos. La Fiscalía Superior de Galicia ha advertido que los traslados carecen de “motivación” y pueden generar “apariencia de influencia externa indebida”.
La nueva sentencia desmonta la coartada jurídica que sirvió para apartar a Villares, pero el daño institucional ya estaba hecho.
La decisión de la Sección Tercera no es firme y cabe recurso de casación ante el Supremo. Sin embargo, el hecho de que un tribunal con distinta composición llegue a la misma conclusión que el ponente cuestionado refuerza la tesis de que la anulación anterior obedeció a un celo excesivo —o instrumentalizado— por la apariencia de imparcialidad.
Mientras tanto, la batalla judicial sobre los parques eólicos sigue marcando la agenda del TSXG. Villares y López, quienes firmaron buena parte de aquellas cautelares, han sido desplazados a una sección sin competencia en esa materia, lo que ha sido interpretado como un golpe a la independencia judicial en Galicia.
El Laboratorio Gallego
Lo ocurrido con el juez Villares es un síntoma de una tensión más amplia que se vive en Galicia: el choque entre el poder político del PPdeG y una judicatura que, en ocasiones, ha frenado sus proyectos estrella. Las veintitantas mayorías absolutas del partido que preside Alfonso Rueda han ido acompañadas de una presión creciente sobre aquellos jueces que no se alinean con la doctrina de la administración. La Xunta convirtió a Villares en una de sus “bestias negras”, aunque, paradójicamente, el magistrado había admitido todos los recursos de la Consellería de Sanidade sobre el IBI.
Esa contradicción refleja un patrón: el gobierno autonómico no solo actúa como parte en los pleitos, sino que también influye en el clima de opinión sobre la justicia gallega. Las críticas del PP y de la patronal contra la Sección Tercera fueron tan intensas que la presidenta de la Sala utilizó un supuesto defecto de imparcialidad como justificación para desmantelar un equipo de magistrados. El mensaje al resto de jueces es inequívoco: fallar contra los intereses de la Xunta puede tener consecuencias profesionales.
A escala nacional, este episodio conecta con el debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la politización de la justicia. La misma dinámica que se observa en el TSXG —traslados forzosos, presiones externas, resoluciones que generan apariencia de arbitrariedad— es la que alimenta la preocupación en Bruselas sobre la situación del Estado de derecho en España. Galicia, una vez más, oficia de laboratorio: lo que aquí se prueba en los juzgados puede terminar escalando a las más altas instancias judiciales del país.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta fue condenada en primera instancia a pagar el IBI del hospital vigués del Álvaro Cunqueiro, pero el TSXG la eximió en 2022. El Supremo anuló aquella sentencia por dudas sobre la imparcialidad de Luís Villares, que luego fue apartado de su sección. Ahora, un nuevo tribunal ratifica la exención.
- Datos importantes: El IBI en disputa ascendía a cerca de un millón de euros, correspondiente a 2019. La decisión no es firme: cabe recurso de casación. El traslado forzoso de Villares sigue recurrido y está siendo investigado por la Fiscalía.
- Resumen: La resolución judicial coincide con la del juez Villares, pero llega después de que éste ya fuera apartado de su puesto. El episodio ilustra cómo las presiones políticas pueden condicionar la organización interna de los tribunales en Galicia y en el conjunto de España.
