La Generalitat impuso el año pasado 486 multas a comercios por atender en castellano, duplicando las sanciones del ejercicio anterior y elevando la recaudación por este concepto a 715.284 euros, según datos del Departament de Política Lingüística. La cifra supone un salto sin precedentes en la aplicación de la normativa lingüística catalana, que hasta 2024 se movía en torno a las 200 sanciones anuales.
¿Por qué se duplican las sanciones?
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, atribuyó el incremento al despliegue del Pacto Nacional por la Lengua, un acuerdo transversal que busca reforzar la presencia del catalán en todos los ámbitos. En una comparecencia en la Comisión de Política Lingüística del Parlament, Vila defendió que «se ha llegado al máximo número histórico de actuaciones, multiplicando por bastante lo que era la media», según recoge su intervención.
La Agencia Catalana del Consumo ha sido el brazo ejecutor de este incremento. El conseller matizó, no obstante, que la mayoría de las actuaciones no derivaron en sanción porque «el objetivo no es recaudatorio» sino garantizar que «en Cataluña, el catalán debe estar en los comercios, acompañado o no por otra lengua». De hecho, en 2025 se activó una nueva Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos, que centraliza las denuncias y actúa de oficio en casos de discriminación lingüística.
La estrategia se enmarca en un escenario de tensión jurídica. Hace apenas unas semanas, el Tribunal Supremo anuló una orden de la Conselleria de Educación de 2022 que prohibía rotular en castellano en los centros escolares. Vila calificó la sentencia de «negativa», pero subrayó que no obliga a cartelería bilingüe, sino que impide vetar el idioma. El Govern asegura estar «trabajando» en una respuesta sin aclarar plazos.
La respuesta del Govern y el papel del Supremo
Mientras el ejecutivo catalán celebra el balance del pacto, la oposición ha denunciado un uso partidista de la política lingüística. Ciutadans y PP critican la deriva de multas que consideran una coacción al comerciante, mientras que Junts y la CUP exigen ir más lejos, con sanciones aún más contundentes a las grandes superficies. El PSC, por su parte, mantiene un perfil bajo en un terreno que sabe incómodo para su electorado más castellanohablante.
El Govern de Salvador Illa navega así entre dos aguas: necesita los votos de ERC para los presupuestos, pero no quiere que las multas lingüísticas se conviertan en un elemento de desgaste ante un sector del PSC que vive con recelo cualquier gesto que perciba como hostil hacia el castellano. La apuesta de Vila, un independentista que ya ocupó el cargo con ERC, refuerza la idea de que la política lingüística sigue pilotada desde criterios de bloque soberanista.
El incremento de multas no es un accidente estadístico: es la ejecución deliberada de un pacto que convierte la protección del catalán en una herramienta de presión institucional.
Lectura política: el catalán como línea roja
Los datos de 2025 evidencian que el Pacto Nacional por la Lengua ha pasado del papel a la calle con mayor celeridad de la esperada. La duplicación de sanciones en un solo año responde a una combinación de dos factores: la presión de los partidos independentistas para que la Generalitat no rebaje el pulso lingüístico y la existencia de una nueva estructura administrativa —la Oficina de Protección— que facilita la interposición de denuncias y la apertura de expedientes.
El precedente es claro. Ya en 2023, con ERC al frente del Departament, se superaron por vez primera las 200 sanciones. Aquello se leyó como un ensayo general. Ahora, con un Govern de coalición entre PSC e independentistas, la cifra se dispara y la comparación con otras comunidades —donde las multas por cuestión lingüística son testimoniales— sitúa a Cataluña en una categoría propia. Ni el País Vasco, con su propia política de normalización lingüística, alcanza volúmenes sancionadores similares.
La reciente sentencia del Supremo añade una capa de confrontación con el Estado que, en términos de rédito político, beneficia al relato del independentismo. Cada fallo adverso permite al Govern presentarse como víctima de una ofensiva judicial y justificar nuevas medidas de blindaje. La política lingüística se convierte así en un campo de batalla simbólico donde lo que está en juego no es solo el idioma, sino la capacidad de la Generalitat para imponer un modelo de país.
El próximo movimiento, según fuentes del Ejecutivo, será una orden que refuerce el uso del catalán en la contratación pública y en las subvenciones a entidades. La fecha clave podría ser el debate de política general de septiembre, donde el president Illa deberá medir si este endurecimiento le cobra factura ante una parte de su propio electorado.
