EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? Murcia ha registrado una ILP que exige un plan integral de climatización en todos los centros educativos, sumándose a las reclamaciones activas en Andalucía, Madrid y Extremadura.
- ¿Quién lo ha decidido? Familias, sindicatos y organizaciones estudiantiles han impulsado las iniciativas ciudadanas; las administraciones autonómicas, por ahora, no han concretado planes vinculantes.
- ¿A quién afecta? Cientos de miles de estudiantes y docentes de estas comunidades soportan temperaturas en las aulas que superan habitualmente los 27 grados, sin sistemas de refrigeración instalados por la administración.
La ILP (Iniciativa Legislativa Popular) registrada el pasado viernes 16 de julio en la Región de Murcia ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de climatización en los centros educativos de varias comunidades autónomas. Mientras las temperaturas extremas se han convertido en un fenómeno habitual durante meses de actividad lectiva, las administraciones autonómicas de Andalucía, Madrid, Extremadura y la propia Murcia retrasan o rechazan los planes que reclaman familias, sindicatos y organizaciones estudiantiles.
El texto, presentado por el Grupo de Calor —que agrupa a la FAPA Región de Murcia «Juan González», el Sindicato de Estudiantes, FEMAE, CCOO, STERM-Intersindical y UGT—, solicita que la Asamblea Regional obligue al Ejecutivo autonómico a «garantizar, de forma progresiva, planificada y evaluable, unas condiciones mínimas de seguridad y confort térmico» en todos los colegios e institutos.
La propuesta no se limita a instalar máquinas de aire acondicionado. Incluye la elaboración de un mapa regional de confort térmico, la adaptación pasiva de los edificios (aislamiento, sombreado, cubiertas frías o verdes), la instalación de sistemas de climatización eficientes solo donde sea imprescindible y un calendario de implantación con financiación estable en los presupuestos regionales. La transparencia y la participación de las comunidades educativas en el seguimiento de las actuaciones figuran también como ejes centrales.
Andalucía, la ley pionera que no termina de aterrizar
Andalucía aprobó en 2020 la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas de los centros educativos mediante técnicas bioclimáticas y energías renovables, tras las movilizaciones de la campaña «Escuelas de calor». Seis años después, organizaciones como las que impulsaron aquella norma denuncian la inacción de la administración de Juanma Moreno. La Junta asegura que un tercio de los centros —unos 1.300— ya están climatizados, al menos a fecha de 2025, pero las familias y sindicatos critican la lentitud y la falta de un plan vinculante.
En Madrid, la situación es aún más bloqueada. La ILP presentada en 2024 por la FAPA Giner de los Ríos, CCOO, UGT y la FRAVM, que logró superar ampliamente el mínimo de firmas necesarias, fue rechazada en la Asamblea de Madrid por la mayoría absoluta del Partido Popular con el apoyo de Vox, sin llegar siquiera a ser debatida. La presidenta de la FAPA, Mari Carmen Morillas, denunció ante el Defensor del Pueblo situaciones de niños con mareos, sangrado de nariz y dolores de cabeza en aulas que superan con mucho los 27 grados que la ley laboral fija como máximo para un puesto de trabajo.
Un tercio de los centros andaluces, 1.300, ya están climatizados según la Junta, pero la ley de 2020 no tiene un calendario obligatorio de implantación.
En Extremadura, la campaña «Necesitamos aulas, no saunas» impulsada por la federación FREAMPA-CP y CCOO en mayo de 2026 ha puesto el foco en los 800 centros educativos que carecen de sistemas de climatización. Mientras, Castilla-La Mancha ha iniciado un programa de adaptación progresivo con fondos europeos FEDER que pretende llegar a 600 colegios e institutos. Algunos ayuntamientos, como los de Bilbao o Rivas (Madrid), han comenzado a actuar por su cuenta ante la inacción autonómica.
El Marco Educativo
El debate sobre la climatización escolar desborda lo técnico y se sitúa en la encrucijada de las competencias autonómicas y la protección de los derechos de la infancia. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020) establece el derecho de todo alumno a un entorno educativo que garantice su bienestar, pero la gestión de las infraestructuras educativas corresponde, según el bloque constitucional, a las comunidades autónomas. Ni el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte ni la Conferencia Sectorial de Educación han fijado estándares vinculantes de confort térmico para los colegios.
Los colectivos implicados —familias, docentes y alumnado— denuncian que la ausencia de climatización vulnera el derecho a la educación en condiciones dignas y afecta al rendimiento escolar. Según CCOO, «las temperaturas extremas no son una anécdota veraniega; en muchas zonas el calor interfiere en el aprendizaje desde mayo y hasta octubre». El Partido Popular, que gobierna en las cuatro autonomías citadas, apela a la limitación presupuestaria y a la necesidad de priorizar otras inversiones, mientras PSOE y Sumar han registrado iniciativas en varias cámaras autonómicas para exigir planes concretos, aunque sin éxito.
La proyección a corto plazo es incierta: la ILP murciana debe ahora superar el trámite de admisión en la Asamblea Regional, un proceso que podría extenderse hasta finales de 2026. En Madrid, la mayoría absoluta del PP bloquea cualquier debate, y en Andalucía la ausencia de un calendario obligatorio deja la ejecución de la ley al ritmo presupuestario. El próximo informe de la Comisión de Educación del Congreso sobre infraestructuras escolares, previsto para el otoño de 2026, podría reabrir la discusión sobre la necesidad de unos estándares mínimos comunes.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La ILP registrada en Murcia, unida a las reclamaciones activas en Andalucía, Madrid y Extremadura, pone de manifiesto la falta de planes de climatización en los centros educativos de las autonomías gobernadas por el Partido Popular.
- Por qué importa: La ausencia de estándares de confort térmico afecta al derecho a la educación, expone a estudiantes y docentes a temperaturas superiores a 27 grados y evidencia un vacío normativo que las administraciones no han resuelto.
- A quién le importa: A las familias, al alumnado y al personal docente de las cuatro comunidades: más de 800.000 estudiantes en centros públicos y concertados sin climatización adecuada, solo en Extremadura.
