EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A unas diez familias de los portales 15, 17 y 19 de la calle Pinto, en el centro de Fuenlabrada. Hay menores, jubilados y una persona con discapacidad.
- ¿Cuándo ocurre? La inseguridad arrancó en 2020, pero la situación se tensó en enero de 2026 con la solicitud de lanzamiento judicial. El primer desahucio singular está fijado para octubre de 2026.
- ¿Qué cambia hoy? Ninguna de estas familias tiene contrato de alquiler, por lo que no pueden pagar y temen ser desalojadas. La Sareb asegura estar estudiando los casos, pero no ofrece plazos. Mientras, han llegado okupas y la convivencia se ha degradado.
Diez familias de la calle Pinto de Fuenlabrada llevan seis años en un limbo legal que les impide pagar un alquiler, les niega un contrato y les hace sentir «okupas en sus propios hogares». El edificio, en manos de la Sareb desde 2020 tras la quiebra del anterior propietario, concentra las contradicciones de la gestión de vivienda social. «Estamos luchando por pagar el alquiler, es como el mundo al revés», resume una de las vecinas.
El rompecabezas de los contratos: papeles entregados una y otra vez
El inmueble de tres portales lleva años siendo un pequeño infierno burocrático. Tras la adquisición por la Sareb, los inquilinos continuaron pagando al antiguo dueño, que se lucró durante dos años sin que ellos supieran que el edificio ya no era suyo. Cuando descubrieron el engaño a través de llamadas y consultas con abogados, iniciaron un periplo de correos, llamadas y cartas que nunca obtuvieron respuesta.
«Estoy divorciado, jubilado y tengo a mi hijo con una minusvalía, que vive conmigo», cuenta Agustín, uno de los vecinos. Él, como la mayoría, ha entregado los papeles que demuestran su vulnerabilidad más de una vez, primero de manera presencial y después a través del Sindicato de Inquilinas. Sin embargo, los únicos contratos que llegaron fueron los siete ya mencionados, y dos se cayeron por discrepancias con las condiciones.
La paradoja indigna: algunos de los nuevos inquilinos, que ocuparon los pisos vacíos sin contrato, sí obtuvieron su alquiler tras demostrar vulnerabilidad. «Nos sentimos okupas en nuestras casas», repite Isabel, que vive en el bloque desde hace una década.
La espada del desahucio que nadie ve como una rutina
El miedo tomó forma en enero de 2026, cuando un representante de la Sareb solicitó al Tribunal de Instancia de Fuenlabrada el lanzamiento de las 25 viviendas del edificio. La entidad lo califica de procedimiento reglamentario, necesario para mantener fluidez en procesos largos, y asegura que no tiene validez hasta que se dicte una fecha concreta. Pero los vecinos no se fían. «El tiempo perdido entre interrogantes no lo va a devolver nadie», lamentan.
El problema es que la comunicación ha sido nula. «Con nosotros no se han puesto en contacto, no nos han explicado nada», insisten. La sensación de indefensión se mezcla con recelos cuando ven que la Sareb sí ha formalizado contratos con ocupantes recién llegados. En octubre sí hay un desahucio fechado: el de un vecino por impago del alquiler. Aunque es un caso individual, reaviva el temor colectivo. La Sareb insiste en que está estudiando cada situación y que todos los contratos firmados se mantendrán cuando, en 2027, la entidad desaparezca y sus activos pasen a Casa 47, la nueva empresa pública de alquiler asequible del Estado.
El bloque de la calle Pinto se ha convertido en un laboratorio de los fallos del sistema: los que cumplen, esperan; los que no, a veces obtienen respuesta más rápido.
La burocracia no tiene ritmo de barrio.
Qué lecciones deja la parálisis de la Sareb en el sur de Madrid
El caso de Fuenlabrada no es aislado. En otros municipios del sur metropolitano, como Alcorcón o Getafe, la presión vecinal y mediática consiguió desatascar procesos similares. En 2022, un bloque en el barrio de Los Castillos de Alcorcón llegó a un acuerdo con la Sareb tras meses de protestas. Sin embargo, en la calle Pinto la indignación crece sin que la administración local haya mediado públicamente. Fuentes del Ayuntamiento de Fuenlabrada no han hecho declaraciones al respecto, y los afectados denuncian sentirse «abandonados».
La normativa es clara: la Ley por el Derecho a la Vivienda y el código de buenas prácticas de la Sareb obligan a ofrecer un alquiler asequible a quienes están en situación de vulnerabilidad. Pero la aplicación se atasca cuando los informes se pierden o los canales de comunicación fallan. La ausencia de mediación por parte de la Comunidad de Madrid, que tiene competencias en vivienda, deja a los vecinos sin otro interlocutor que la Justicia.
La disolución de la Sareb, prevista para 2027, añade premura: si los contratos no se firman antes, los inquilinos sin título podrían enfrentar una transición aún más incierta a Casa 47. «. Y, mientras, el reloj sigue corriendo.
