Julián Garde, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha advertido de que la insuficiencia de plazas en las universidades públicas está impidiendo que estudiantes con expedientes académicos brillantes accedan a las carreras que desean. En una entrevista concedida a El Mundo, el también rector de la Universidad de Castilla-La Mancha ha señalado que el sistema público no puede ampliar su oferta debido a una «infrafinanciación crónica» y ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas un pacto de Estado que garantice la inversión necesaria para alcanzar el 1% del PIB en 2030.
La advertencia de la CRUE sobre la escasez de plazas
Según los datos del sistema universitario español correspondientes al curso 2023-2024, recogidos por la CRUE, las universidades públicas ofertaron 246.000 plazas frente a más de 475.000 solicitudes en primera opción. «: tres de cada diez estudiantes que consiguen plaza en la pública no logran entrar en su primera opción. A ello se suma que, en muchos casos, alumnos con una nota de 12 sobre 14 se quedan fuera de la carrera elegida.
El impacto sobre los estudiantes y el crecimiento de la universidad privada
Garde vinculó directamente la falta de plazas con el desvío de alumnos hacia el sector privado. En la última década, las universidades privadas han aumentado su alumnado un 129%, mientras que la matrícula en las públicas se ha estancado. «Con los recursos que tenemos no podemos ofertar más plazas», insistió, y añadió que la situación puede volverse «injusta» y amenazar el papel de la universidad como ascensor social.
El también catedrático de Veterinaria defendió la calidad del sistema público, pero reconoció que los procedimientos administrativos propios del sector público restan competitividad frente a los centros privados. No obstante, evitó atribuir a estos últimos culpa alguna: «No veo ninguna cosa de la privada de la que la pública pueda aprender», matizó.
«Las públicas tenemos el doble de preinscripciones que plazas podemos ofertar. Faltan plazas públicas como consecuencia de una infrafinanciación crónica del sistema».
El Marco Educativo
El debate sobre la financiación universitaria se enmarca en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023. Esta norma fija el objetivo de alcanzar una inversión pública en educación superior equivalente al 1% del PIB para 2030. Actualmente, España destina el 0,83% del PIB, lo que supone una brecha de 3.946 millones de euros anuales si se quiere llegar a la meta, según los cálculos de la CRUE.
Garde criticó que la LOSU introdujera nuevas obligaciones de gasto para las universidades sin que el Estado y las autonomías acordaran previamente quién asumía cada coste. «El orden de los factores no fue el adecuado y eso lo estamos sufriendo ahora», dijo. La CRUE apoya la idea de un pacto de Estado que blinde la inversión y permita aumentar las plazas, así como un calendario único de selectividad y preinscripción nacional que reduzca las diferencias entre comunidades autónomas.
En paralelo, el presidente de la Conferencia de Rectores respaldó el reciente decreto que regula la creación de universidades, aunque lamentó que los informes para autorizar centros adscritos no sean vinculantes y queden en manos exclusivas de cada comunidad autónoma.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? La CRUE ha denunciado que la falta de plazas en la universidad pública impide el acceso de estudiantes con notas muy altas a las carreras que desean, debido a una infrafinanciación que impide ampliar la oferta.
- ¿Quién lo ha decidido? El presidente de la CRUE, Julián Garde, en una entrevista a El Mundo, respaldada por los rectores de las 50 universidades públicas españolas.
- ¿A quién afecta? A los más de 475.000 estudiantes que solicitaron plaza en primera opción en el curso 2023-2024 y a las familias que ven cómo las notas de corte suben por la escasez de plazas.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La CRUE saca a la luz que el sistema público no puede acoger a todo el alumnado con méritos suficientes, con solo 246.000 plazas para casi medio millón de solicitudes.
- Por qué importa: Se pone en riesgo el principio de igualdad de oportunidades si la falta de inversión pública expulsa a los mejores estudiantes hacia las universidades privadas o les obliga a cursar opciones no deseadas.
- A quién le importa: A los estudiantes de Bachillerato y sus familias, a los futuros universitarios y a los responsables políticos que deben articular una financiación suficiente para garantizar el acceso a la educación superior pública.
