La revelación llega con el sello de las filtraciones que cambian la temperatura de una relación bilateral ya de por sí gélida. La Guardia Civil envió durante años a sus mejores instructores del Grupo de Apoyo Operativo a Marruecos para adiestrar a agentes de la DGST, el servicio de inteligencia interior del reino alauí. Mientras los españoles enseñaban técnicas de vigilancia y contravigilancia, sus anfitriones intervenían sus teléfonos móviles con el pretexto de que controlaban la infraestructura de Maroc Telecom. La investigación del consorcio internacional Forbidden Stories, publicada este mes, dibuja un espionaje sistemático amparado en la cooperación antiterrorista que nadie en Madrid quiere ahora comentar.
Un intercambio de favores que enmascaraba la intrusión
Desde 2014, cuando la Guardia Civil comenzó a estrechar lazos con el entorno del poderoso Abdellatif Hammouchi, los técnicos del GAO viajaron a Marruecos en varias ocasiones. Según el reportaje, que recoge el testimonio de un exagente de la DGST, la relación era casi simbiótica: operaciones conjuntas, un grupo de WhatsApp compartido y, en paralelo, acceso a los dispositivos de los instructores sin que la institución española sospechara. «Ellos controlaban las líneas, sabían qué números pertenecían a los guardias y los pinchaban. Mientras la Policía Nacional sí usaba un segundo teléfono sin información sensible, los del GAO iban a pelo», resume mi fuente.
El tradecraft era sencillo pero efectivo. Los agentes marroquíes aprovechaban su posición como anfitriones para identificar los terminales, y después, mediante la infraestructura de Maroc Telecom, accedían a las comunicaciones. No se trataba de un ataque de phishing ni de malware sofisticado: era pura explotación del control físico de la red. En el oficio lo llamamos «ventaja de operador», y es una de las formas más difíciles de detectar cuando el aliado es también el adversario.
Me recuerda a lo que ya advertí en El quinto elemento: las infraestructuras críticas son un vector de ataque. En España hay 8.000, y una de ellas es, justamente, la confianza entre servicios hermanos.
Lo que empezó como cooperación antiterrorista acabó convirtiéndose en una operación de inteligencia sobre los propios instructores, sin filtro y sin disculpa.
De las aulas de formación a los móviles de opositores y periodistas
El informe de Forbidden Stories no se detiene en el espionaje a la Guardia Civil. Las técnicas transmitidas durante aquellos entrenamientos se habrían desviado después contra periodistas y activistas, entre ellos Omar Radi, cuyo proceso judicial fue denunciado por organizaciones de derechos humanos. Es la ruta de la contaminación: lo que se enseñó para perseguir a yihadistas acabó empleándose para silenciar voces críticas con el régimen. Usted entenderá que aquí la lectura confidencial cambia: no es un incidente aislado, sino un patrón de conducta de un servicio que juega a dos bandas.
El coronel Alberto Aguilera, agregado de Interior en Rabat entre 2012 y 2017, aparece varias veces en los registros de intentos de infección con el software Pegasus a partir de 2019, ya como jefe de Información de la Guardia Civil en Cataluña. La conexión es diabólica: quien estuvo en el terreno años antes acabó siendo objetivo de un spyware que el mismo Marruecos habría utilizado —aunque NSO Group siempre lo niegue— para vigilar a sus interlocutores españoles.
No es un caso aislado. El teléfono de Pedro Sánchez sufrió intentos de infección en 2021, coincidiendo con la crisis de Ceuta. También el de la directora del CNI y el de la hija de un alto mando de la Policía Nacional. Pegasus se convirtió en la banda sonora de la tensión hispano-marroquí, y la revelación de que la DGST pinchaba a los instructores años antes añade un eslabón más a la cadena. Lo veo como un indicio de que la vigilancia no fue un exabrupto puntual, sino un modus operandi consolidado.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Abro ahora el cuaderno de bitácora. El vector de amenaza que describe el caso es doble: por un lado, infiltración HUMINT facilitada por la confianza generada en la cooperación operativa; por otro, explotación de las infraestructuras de telecomunicaciones locales para interceptación masiva de comunicaciones —lo que en el argot llamamos «ventaja de operador»—. La Guardia Civil no detectó la anomalía porque operaba en un entorno que consideraba amigo, sin aplicar protocolos de contrainteligencia básicos como el uso de terminales burner o aislar las comunicaciones.
Las agencias implicadas son claras. Ataca la DGST, con el conocimiento probable de la DGED, bajo la supervisión última de Hammouchi. Defiende, en teoría, la Guardia Civil española, aunque con una pasividad que roza la negligencia —señalemos sin rodeos—. Y miran con atención otros servicios: el CNI, que siempre vio con recelo la autonomía de la benemérita en el terreno marroquí; la CIA, interesada en cualquier desestabilización del flanco sur de la OTAN; y el Mossad, que sigue con lupa la venta de spyware israelí a regímenes árabes.
En cuanto a la clasificación, estimo que el material sustraído alcanzaría el nivel de Secreto, dado que comprometía la identidad de instructores del GAO y sus métodos de trabajo. No entrañaría el riesgo de vida de un agente encubierto —eso sería Top Secret—, pero sí daña la operatividad de un grupo de élite y la confianza con un socio fronterizo esencial.
El precedente histórico que traigo a colación no es Pegasus, sino un caso menos conocido: la red de agentes de la Stasi infiltrados en los servicios de inteligencia de la RFA durante los años 70. Markus Wolf, el «hombre sin rostro», usó la cooperación cultural y la simpatía ideológica para reclutar a decenas de funcionarios alemanes occidentales. Hoy, Marruecos no necesita ideología; le basta con una relación bilateral asimétrica y un puñado de WhatsApp. Eso sí, la diferencia es que entonces había un muro y ahora hay una frontera muy porosa.
Termino con una reflexión abierta. La Audiencia Nacional tiene hoy una patata caliente sobre la mesa, y no descarto que en las próximas semanas se reactive alguna comisión rogatoria que apunte a Rabat. El próximo informe de Citizen Lab sobre los usos de Pegasus en 2025-2026 será el termómetro. Mientras, la Guardia Civil tendrá que decidir si sigue apostando por las relaciones personales de sus mandos en el Magreb o si blinda sus comunicaciones. Lo que está en juego no es solo la seguridad de los instructores: es la credibilidad de toda una institución.
